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Pintan bastos para los ‘sin papeles‘.
La crisis humanitaria que se avecina plantea desafíos sin precedentes tanto para Estados Unidos como para los países de origen de los inmigrantes.
La política migratoria de Donald Trump promete ser muy dura.
Y la gestión de este ambicioso plan, que marcará las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en los próximos años, está ahora en manos de un hombre.
Stephen Miller tiene 39 años, nació en Santa Mónica, California y es Subdirector de Gabinete para Políticas y Asesor de Seguridad Nacional.
- Creció en una familia judía liberal, pero adoptó posturas conservadoras en su adolescencia.
- Se graduó en Ciencias Políticas por la Universidad de Duke en 2007.
- Trabajó como asesor de comunicaciones para varios congresistas republicanos, incluyendo a Michele Bachmann y Jeff Sessions.
- En 2016 se unió a la campaña presidencial de Donald Trump como asesor principal de políticas.
- Durante el primer mandato de Trump (2017-2021), fue uno de los principales arquitectos de sus controvertidas políticas migratorias.
- Fundó la organización America First Legal Foundation tras dejar la Casa Blanca en 2021.
- En noviembre de 2024, Trump anunció que Miller volvería a la Casa Blanca en un puesto clave para su segundo mandato.
El nombramiento de Miller marca un giro radical en la política migratoria de Estados Unidos, con planes para deportaciones masivas y restricciones sin precedentes para los inmigrantes indocumentados.
Tiene experiencia, porque ya estuvo detrás de algunas de las políticas migratorias más controvertidas de Trump durante su primer mandato.
Entre ellas se incluyen la separación de familias en la frontera, la prohibición de viajes desde países de mayoría musulmana y los intentos de desmantelar el programa DACA para jóvenes indocumentados.
«El momento en que el presidente Trump ponga su mano sobre la Biblia y preste juramento, como ha dicho, la ocupación termina y comienza el día de la liberación», declaró Miller en una entrevista reciente con Fox News.
«Firmará inmediatamente órdenes ejecutivas para sellar la frontera y comenzar la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos».
La situación actual de los inmigrantes indocumentados
A 26 de enero de 2025, la situación de los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos es crítica.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, en los primeros seis días de la administración Trump se han deportado a más de 3,000 personas, principalmente a México, Guatemala, Honduras y El Salvador.
Las redadas de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) se han intensificado en ciudades como Chicago, Nueva York, Los Ángeles y Miami.
La administración ha levantado las restricciones que impedían las detenciones en lugares sensibles como escuelas, hospitales e iglesias, lo que ha generado pánico en las comunidades inmigrantes.
El plan de Trump y Miller incluye:
- Expandir la autoridad de «expulsión acelerada» para deportar a inmigrantes sin audiencia judicial.
- Utilizar bases militares y centros de detención privados para albergar a los detenidos.
- Presionar a los «estados santuario» para que cooperen con ICE bajo amenaza de perder fondos federales.
- Reactivar el programa «Permanecer en México» para los solicitantes de asilo.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha expresado su oposición a las deportaciones masivas, pero ha indicado que México aceptará a sus ciudadanos deportados y colaborará en la repatriación de centroamericanos.
«No hay justificación para que México agache la cabeza o se sienta inferior. Somos una nación importante con influencia cultural. Nuestra relación con Estados Unidos debe basarse en la igualdad», declaró Sheinbaum en una conferencia de prensa.
México ha lanzado el programa «México te abraza» para apoyar a los deportados, que incluye:
- Una tarjeta de bienestar con 2,000 pesos (aproximadamente 100 dólares) para gastos iniciales.
- Acceso a servicios de salud a través del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- Asistencia para reintegración laboral y educativa.
Otros países como Guatemala, Honduras y El Salvador han expresado su preocupación por la capacidad de absorber un flujo masivo de deportados.
Estos países, junto con México, han formado una alianza para coordinar respuestas y negociar con Estados Unidos.
El perfil de Stephen Miller
Miller, nieto de inmigrantes judíos, ha sido descrito como un «nacionalista blanco» por sus críticos.
Su ascenso en la política comenzó como asesor del entonces senador Jeff Sessions, conocido por sus posturas anti-inmigración.
Durante el primer mandato de Trump, fue el cerebro detrás de políticas como:
- La prohibición de viajes desde países de mayoría musulmana.
- La reducción drástica de la cuota de refugiados admitidos en EE.UU.
- La política de «tolerancia cero» que resultó en la separación de familias en la frontera.
Miller ha defendido estas medidas argumentando que son necesarias para la seguridad nacional y la protección de los trabajadores estadounidenses.
Sin embargo, sus críticos lo acusan de promover políticas racistas y xenófobas.
Las deportaciones masivas planteadas por la administración Trump-Miller podrían tener un impacto significativo en la economía estadounidense.
Sectores como la agricultura, la construcción y los servicios, que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante, ya están reportando escasez de trabajadores.
El American Immigration Council estima que el costo de deportar a un millón de personas sería de al menos 315 mil millones de dólares, o 967.9 mil millones en una década.
Además, economistas advierten que estas políticas podrían resultar en una contracción del PIB de entre 4.2% y 6.8%.
La implementación de sus políticas enfrenta varios obstáculos:
- Resistencia de «ciudades santuario» que se niegan a cooperar con ICE.
- Desafíos legales por parte de organizaciones de derechos civiles.
- Limitaciones logísticas y presupuestarias de las agencias de inmigración.
- Negativa de algunos países a aceptar deportados en masa.
Organizaciones como la ACLU y el National Immigration Law Center ya han anunciado que presentarán demandas contra las órdenes ejecutivas de Trump.
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