Trump revoca el TPS: 600.000 venezolanos en riesgo de deportación

Un punto de inflexión en la política migratoria de EE.UU.

Con cientos de miles de vidas en juego y una crisis regional en ciernes.

Las próximas semanas serán cruciales, incluso para las relaciones interamericanas.

La decisión del presidente Donald Trump de revocar la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos ha sacudido a la comunidad migrante en Estados Unidos.

Esta medida, anunciada el 29 de enero de 2025, afecta directamente a unos 600.000 venezolanos que hasta ahora gozaban de protección contra la deportación y permisos de trabajo.

El TPS, un programa diseñado para proteger a ciudadanos de países que enfrentan conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias, había sido extendido por la administración Biden hasta octubre de 2026.

Sin embargo, la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó la revocación de esta extensión, argumentando que «iban a quedarse aquí y violar nuestras leyes por otros 18 meses y lo detuvimos».

Esta decisión no solo afecta a los venezolanos.

Otros grupos beneficiarios del TPS también se encuentran en una situación precaria:

• 234.000 salvadoreños
• 103.000 ucranianos
• 1.900 sudaneses

En total, el TPS protege actualmente a cerca de un millón de personas de 17 países diferentes.

Impacto inmediato y consecuencias a largo plazo

La revocación del TPS para venezolanos tiene implicaciones graves e inmediatas:

1. Pérdida de estatus legal: A partir del 10 de septiembre de 2025, los venezolanos perderán su protección contra la deportación.
2. Revocación de permisos de trabajo: Miles de venezolanos que contribuyen a la economía estadounidense podrían perder sus empleos.
3. Separación familiar: Muchas familias mixtas, donde algunos miembros tienen ciudadanía o residencia permanente y otros dependen del TPS, se enfrentan a la posibilidad de ser separadas.
4. Crisis humanitaria: La situación en Venezuela sigue siendo crítica, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de los deportados.

Ezequiel Hernández, abogado especializado en inmigración, advierte:

«Esta decisión podría crear un limbo legal para cientos de miles de personas que han construido sus vidas en Estados Unidos».

La decisión de Trump ha generado una ola de preocupación en América Latina.

Países como Colombia, Perú y Ecuador, que ya albergan a millones de migrantes venezolanos, temen un aumento en los flujos migratorios si EE.UU. comienza deportaciones masivas.

El presidente de Colombia, en una declaración oficial, expresó:

«Instamos a Estados Unidos a reconsiderar esta decisión. La crisis venezolana requiere una respuesta regional coordinada y humanitaria».

El proceso de deportación no es inmediato ni sencillo.

Según expertos en inmigración, EE.UU. enfrenta varios obstáculos:

• Capacidad logística limitada para procesar y deportar a un gran número de personas.
• Falta de acuerdos de repatriación con Venezuela.
• Posibles desafíos legales por parte de organizaciones de derechos civiles.

Daniel Chang Contreras, analista político, señala: «Las deportaciones masivas son logísticamente complicadas y políticamente costosas. Es probable que veamos un enfoque gradual rather que una acción inmediata y a gran escala».

El factor Guantánamo

En un giro sorprendente, Trump anunció planes para utilizar la base naval de Guantánamo como centro de detención para migrantes indocumentados.

El presidente declaró: «Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores delincuentes extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense».

Esta propuesta ha generado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional calificó la medida como «una violación flagrante de los derechos humanos y del derecho internacional».

Aunque los venezolanos son el grupo más numeroso afectado por esta decisión, no son los únicos.

El TPS también protege a ciudadanos de países como:

• Haití
• El Salvador
• Honduras
• Nicaragua
• Nepal
• Siria
• Yemen

La decisión de Trump plantea varios desafíos y preguntas para el futuro:

1. ¿Cómo afectará esta medida a las relaciones entre EE.UU. y América Latina?
2. ¿Qué impacto tendrá en la economía estadounidense la pérdida de cientos de miles de trabajadores?
3. ¿Cómo responderán los tribunales a los inevitables desafíos legales?
4. ¿Qué alternativas tienen los afectados para regularizar su situación?

Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan Caucus, advierte:

«Esta decisión no solo afecta a los venezolanos, sino que pone en peligro todo el sistema de protección humanitaria de Estados Unidos».