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Investigan las fuentes del ‘NYT’

Periodista Digital 01 Ene 2006 - 19:42 CET
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(PD / EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto una investigación para determinar cuáles fueron las fuentes que filtraron al diario The New York Times la información de que se ha estado espiando, sin permiso judicial, a ciudadanos norteamericanos sospechosos de vínculos terroristas.

La revelación, confirmada después por el propio presidente George W. Bush, causó hace dos semanas un terremoto político en Washington y ha dado alas a los críticos que afirman que la Administración, so pretexto del 11-S, se ha excedido en sus poderes.

Bush ya adelantó que habría una investigación por considerar que se habían divulgado secretos sensibles, con el consiguiente daño para la seguridad nacional.

La interceptación de las comunicaciones telefónicas y de internet la lleva a cabo la National Security Agency (NSA), la mayor agencia de espionaje estadounidense, con sede central en Fort Meade (Maryland) e instalaciones de escucha repartidas por el mundo.

Bush se atribuyó poderes constitucionales y derivados del Congreso para ordenar ese programa secreto. Recalcó que las escuchas se seguirirían realizando en aras de la lucha antiterrorista. El asunto será analizado por el Senado en enero.

La investigación de la filtración sobre el espionaje de la NSA se suma a otro caso abierto y con la prensa como protagonista, el de la ex agente de la CIA Valerie Plame, potencialmente aún muy peligroso para Bush. Plame fue desenmascarada con el objetivo aparente de castigar a su esposo, el ex embajador Joseph Wilson, muy crítico con la guerra de Irak.

El ex jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney, Lewis Scooter Lobby, fue procesado. No se descarta todavía que lo sea también Karl Rove, máximo asesor de Bush, y que salgan a la luz turbios manejos anteriores a la invasión, como la posible falsificación de pruebas sobre supuestos arsenales de Saddam Hussein.

Una periodista de The New York Times, Judith Miller, pasó casi tres meses en la cárcel por no facilitar sus fuentes al fiscal investigador del escándalo, Patrick Fitzgerald.

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