El juez del caso Couso pide a la embajada de EEUU datos personales de los tres militares implicados en la muerte del cámara

(PD / Agencias).- El juez Santiago Pedraz ha pedido a la embajada de Estados Unidos (EEUU) que le facilite los datos personales de los tres militares estadounidenses a los que ordenó detener por su presunta implicación en la muerte, el 8 de abril de 2003 en Bagdad (Irak), del cámara de Tele 5 José Couso.

Pedraz ha tenido que dirigirse a la embajada para pedir la filiación de estos tres militares después de que Interpol le comunicara que sin esos datos no podía hacer efectivas las tres órdenes de busca y captura y detención internacional, a efectos de extradición, que dictó contra ellos el pasado 16 de enero.

Esta es la segunda vez que Pedraz ordena la detención de estos militares -el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp-, ya que, después de dictar esta misma orden el 19 de octubre de 2005, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la anuló.

En esa ocasión la Audiencia consideró que la muerte de Couso fue en «acto de guerra contra enemigo erróneamente identificado», así como que España no era competente para juzgar a los militares norteamericanos, lo que motivó el archivo de la causa.
Couso murió en el Hotel Palestina de Bagdad por disparos de un tanque estadounidense

Finalmente, el pasado 14 de diciembre, el Tribunal Supremo resolvió que la Audiencia Nacional era el tribunal competente para investigar estos hechos porque la nacionalidad de Couso, muerto en el Hotel Palestina de Bagdad por disparos de un tanque estadounidense, supone un plus de legitimación para que la Justicia española investigue el caso.

Tras la decisión del Supremo, el abogado de la viuda solicitó al juez que volviera a ordenar estas detenciones y que decretara la prisión incomunicada y sin fianza de los militares, al entender que fueron ellos los que dieron la orden o dispararon desde el tanque causando la muerte de Couso.

Al ordenar las detenciones, Pedraz preguntó al fiscal sobre la posibilidad de decretar el embargo de bienes de la Administración estadounidense para responder de las eventuales responsabilidades civiles subsidiarias derivadas del proceso, pero el representante del Ministerio Público aún no se ha pronunciado.