El Gobierno de los bulos maniobra para implantar la censura a las redes sociales en España

La última tropelía del socialista Sánchez, que pone en marcha un plan para censurar las redes sociales, especialmente a través de la modificación de la ley de rectificación, ha hecho saltar todas las alarmas.

La justificación oficial es que esta ley facilitará a los ciudadanos defenderse contra informaciones falsas de manera más eficiente.

Sin embargo, la verdadera intención es crear un marco legal que permita al Gobierno socialcomunista etiquetar como «bulos» cualquier crítica o revelación incómoda, especialmente aquellas que involucran corrupción dentro del propio Ejecutivo, el PSOE y la familia de Sánchez.

La tentación de silenciar a los críticos y manipular la narrativa pública es inherente a cualquier poder político, pero es especialmente alarmante cuando proviene de un líder sin escrúpulos, acorralado por investigaciones judiciales y policiales.

En lugar de luchar genuinamente contra la desinformación, una causa que los medios de comunicación ya abordan diariamente, el gobierno busca convertir en «fake news» cualquier información que cuestione su impunidad.

Sánchez intenta presentar las investigaciones judiciales, las revelaciones periodísticas y las conclusiones perjudiciales como parte de una conspiración para derribarle, transformando evidencias en montajes y conclusiones en asonadas.

La instrumentalización del fiscal general del Estado, el Tribunal Constitucional y la toma de control de RTVE son ejemplos de cómo Sánchez busca manipular las instituciones para su beneficio.

La osadía de Sánchez, que ignora el principio democrático de rendición de cuentas, viola la relación equilibrada entre los poderes del Estado y aspira a otorgar al Ejecutivo la autoridad para decidir qué es verdad y qué es mentira.

Esto no solo conculca la democracia, sino que también se asemeja a las prácticas de regímenes totalitarios.Esta iniciativa, presentada como una medida para combatir los bulos y mejorar la calidad del debate público, ha sido criticada por muchos por vulnerar principios constitucionales y por su potencial para imponer censura.

Destacados jueces y expertos en Derecho Constitucional han señalado varios aspectos que podrían hacer inconstitucional el nuevo anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación aprobado por el Consejo de Ministros.

La propuesta del Gobierno Sánchez pretende regular las publicaciones de usuarios con más de 100.000 seguidores en redes sociales ante comentarios que no les gusten.

La medida vulnera directamente varios artículos de la Constitución española:

• Libertad de Expresión y Prensa: La ley podría afectar los artículos 20.1.a y 20.1.d de la Constitución, relacionados con la libertad de expresión y de prensa. Los expertos advierten de un «efecto desaliento que podría llevar a la autocensura», algo que el Tribunal Constitucional ha tratado de evitar en su jurisprudencia. «La mera existencia de esta ley generaría un efecto disuasorio que llevaría a la autocensura por miedo a las sanciones«, alerta un jurista.
• Derecho de Participación Política: La ley también afectaría el derecho a la participación política, establecido en el artículo 9.1 de la Constitución. Este artículo indica que «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social«. Sin embargo, si el Gobierno obliga a rectificar informaciones que le disgustan a personas con muchos seguidores, se dificultaría totally su intervención en política.
• Seguridad Jurídica: Los planes del Gobierno han sido criticados por su ambigüedad en la definición de «noticia falsa» o «bulo«, lo que contradice el principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 de la Constitución Española. «¿Quién dice qué es falso o no?«, se pregunta. En muchas ocasiones, ha sido el propio Gobierno el que ha trasladado a la población informaciones fake, como que el PSOE no iba a pactar con Bildu o que no habría Ley de Amnistía.
• Igualdad de los Ciudadanos: El plan del Ejecutivo apunta a una discriminación arbitraria según el número de seguidores de las personas. «Establecer el límite en 100.000 seguidores carece de toda justificación constitucional y crea dos categorías distintas de ciudadanos ante la ley, lo que podría vulnerar el principio de igualdad«, señala otro experto. Una persona con 99.999 seguidores tendría vía libre para decir lo que quiera, pero uno con 100.000, ya no.

Críticas y Procedimiento de Impugnación

Si vivimos en democracia y con división de poderes, el ejecutivo no puede ser «juez y parte«.

El Reglamento Europeo de Medios Digitales ya contempla mecanismos de moderación de contenidos.

Además, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cualquier limitación de derechos fundamentales requiere una orden judicial previa, no pudiendo quedar al arbitrio del poder ejecutivo.

Para su aprobación, al ser ley orgánica, el Gobierno de Pedro Sánchez necesitaría alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso (176 diputados), lo que requeriría el apoyo de sus socios parlamentarios de Bildu, ERC, Junts, etc.

Un aspecto especialmente problemático es el procedimiento legal para la impugnación de la ley. Como explica un experto en Derecho Constitucional consultado, José María Pernas: «Al tratarse de una ley orgánica que regula derechos fundamentales, los tribunales ordinarios no podrían anularla directamente, sino que deberían plantear una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional«. En este punto, cabe recordar que la Corte de Garantías tiene una mayoría controlada por Cándido Conde Pumpido, afín al Ejecutivo de PSOE y Sumar.

¿Quién decide que una determinada noticia o mensaje en redes sociales es un bulo contra el que se pueda actuar?

Si el organismo encargado de decidir esto es dependiente del Gobierno, el Ejecutivo se convierta en juez y parte, y se instala  a una censura selectiva.

Control sobre Medios de Comunicación

El control del Gobierno sobre los medios de comunicación es otro aspecto relevante.

RTVE y la Agencia EFE, por ejemplo, están bajo una influencia significativa del Gobierno, lo que ha generado críticas sobre la falta de independencia y objetividad en su cobertura informativa.

Además, el uso de la publicidad institucional como herramienta para «domesticar» a cadenas de televisión y otros medios es una práctica que ha sido denunciada. El Gobierno ha amenazado con dejar sin inversión publicitaria institucional a aquellos medios que se consideren que están difundiendo noticias falsas, lo que puede ser visto como una forma de coacción económica.

Bulos y Fake News Propagados por el Gobierno

Ironicamente, el propio Gobierno de Sánchez y sus afines han sido acusados de propagar bulos y noticias falsas. Esto ha generado una gran hipocresía en su intento de regular las redes sociales bajo el pretexto de combatir la desinformación.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno Sánchez por controlar la agenda informativa, la proliferación de medios online ha permitido que voces críticas y alternativas sigan siendo escuchadas.

Estos medios, más independientes y menos sujetos a la influencia gubernamental, han jugado un papel crucial en la exposición de las contradicciones y abusos del poder.