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El abogado de la cloaca del PSOE marcó el camino al Gobierno contra el capitán de la UCO

La ‘fontanera’ del PSOE alertó a a los cómplices de Sánchez: «O limpiamos todo esta legislatura o pedimos asilo en Taiwán

El Gobierno del marido de Begoña está dispuesto a cargarse la democracia con tal de protegerse de los escándalos que le acechan a diario en los tribunales y en los medios de comunicación

Periodista Digital 01 Jun 2025 - 09:18 CET
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No se han parado nunca en nada.

Entre otras razones, porque la Ley les importa un comino.

Hace un par de días, Pablo Iglesias, exvicepresidente de Sánchez y ‘macho alfa’ de Podemos, criticó sin ambages la gestión del PSOE durante los pasados 7 años, afirmando sin sonrojarse que debería haber utilizado el Ministerio del Interior para ejecutar una «limpieza profunda» en instituciones como la Guardia Civil y en el ámbito del periodismo.

No sabemos bien de que se queja, por que Sánchez y su cuadrilla no han parado de intentarlo desde que okuparon La Moncloa con ayuda de proetarras y separatistas.

Este mismo 31 de mayo, la bien pagada Irene Montero, pareja de Iglesias y eurodiputada, aseguró estar «muy preocupada» por los audios de la ‘fontanera‘ del PSOE  contra un jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil..

Lo soltó este sábado durante su visita a la Feria del Libro de Madrid, donde aprovechó para recalcar -en sintonia con su sectario marido y olvidando como funciona una democracia digna de ese nombre- que con esta situación «se revela que el PSOE nunca ha hecho nada para acabar con esas cloacas del Estado que durante tantos años han perseguido a las fuerzas independientes, entre otras».

El nombre de Leire Díez ha tomado protagonismo absoluto en los mentideros políticos de Madrid.

En apenas unos días, esta militante del PSOE y exdirectora de Relaciones Institucionales de Correos ha pasado de ser una desconocida para el gran público a convertirse en la protagonista involuntaria del último gran escándalo que sacude a la sede socialista de Ferraz.

Unas grabaciones filtradas han revelado cómo, durante meses, maniobraba para conseguir información comprometedora sobre responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y fiscales claves en investigaciones que salpican al Gobierno y su entorno más cercano.

No es solo el contenido de los audios —donde Díez llega a bromear con “pedir asilo en Taiwán” si no se consigue “limpiar todo esta legislatura”— lo que inquieta al partido.

Es, sobre todo, la evidencia de que contactó también con socios parlamentarios del Ejecutivo para pedirles ayuda en esta supuesta operación de “limpieza”, una maniobra digna de las mejores series políticas y que ha dejado al Gobierno en una posición muy delicada.

De Correos a las campañas

Leire Díez no era una simple afiliada. Antes de saltar a la palestra por este caso, ocupó cargos de libre designación en empresas públicas bajo gobiernos socialistas. Su último destino relevante fue la Dirección de Relaciones Institucionales en Correos, desde donde tejió una red de contactos tanto dentro como fuera del partido.

Aunque desde Ferraz insisten ahora en minimizar su papel —la presentan como una militante más, “sin relación laboral” con el aparato—, lo cierto es que existen fotografías y testimonios que la vinculan directamente con altos dirigentes y actos internos del PSOE.

Su actividad política no se detuvo ni siquiera mientras supuestamente movía hilos para frenar a la UCO: fuentes solventes han confirmado que Díez hizo campaña bajo las siglas del PSOE en fechas coincidentes con sus movimientos más polémicos. Una doble agenda que añade aún más picante a un asunto ya de por sí complejo.

Las grabaciones y la “operación limpieza”

El episodio central estalla tras la publicación de varios audios grabados sin consentimiento durante reuniones privadas —algunas con abogados y empresarios procesados— donde Díez expone sin tapujos sus intenciones: buscar trapos sucios contra el teniente coronel Antonio Balas (máximo responsable de la UCO) y el fiscal José Grinda. Su objetivo era claro: encontrar información capaz de hacer “ruido” mediático y condicionar el devenir judicial de causas incómodas para el Ejecutivo.

En uno de esos encuentros, llegó incluso a plantear opciones drásticas si no lograban su propósito: “O limpiamos todo esta legislatura o pedimos asilo en Taiwán”. Una frase tan gráfica como reveladora sobre el clima interno ante los avances judiciales.

Más allá del colorido verbal, lo más delicado es que contactó a socios parlamentarios del Gobierno, buscando respaldo para influir —presuntamente— sobre investigaciones abiertas o fiscales incómodos. Esta línea roja ha provocado un profundo malestar tanto dentro como fuera del PSOE. El partido ha reaccionado abriendo un expediente informativo y desmarcándose públicamente, pero hay voces internas que consideran insuficiente la respuesta y piden explicaciones al más alto nivel.

Efectos colaterales: tensión interna y oportunidad para la oposición

La respuesta oficial ha sido tibia: apertura inmediata del expediente informativo y un comunicado restando importancia al caso —Ferraz insiste en que se trata de una “afiliada a título personal”—. Sin embargo, la presión mediática y las críticas internas crecen por momentos. El desconcierto entre los socialistas es notable; algunos se preguntan cómo alguien sin cargo formal pudo operar con tanta libertad junto a figuras clave del partido.

Mientras tanto, Pedro Sánchez opta por guardar silencio público pese a las peticiones internas para salir al paso. En paralelo, la oposición ha aprovechado la coyuntura: el Partido Popular exige explicaciones inmediatas e incluso llama a movilizaciones públicas para denunciar lo que califican como “guerra sucia” desde el Gobierno contra instituciones fundamentales como la Guardia Civil. La percepción social se resiente aún más tras semanas marcadas por otros episodios controvertidos.

Las sombras sobre Ferraz: ¿daño reputacional irreversible?

El caso Díez ha obligado al PSOE a analizar “técnicamente” el daño reputacional ocasionado. En privado, algunos cuadros reconocen el temor a un efecto dominó si aparecen nuevas grabaciones o testigos dispuestos a detallar hasta dónde llegaban realmente las gestiones paralelas dentro del partido. No faltan quienes ven similitudes con otros escándalos recientes donde el intento de controlar o influir sobre investigaciones judiciales terminó costando caro políticamente.

A día 1 de junio de 2025, queda claro que este caso ha abierto grietas profundas tanto entre los cuadros socialistas como entre sus aliados parlamentarios. Los mensajes lanzados desde Moncloa buscan restar hierro al asunto pero no logran disipar las dudas ni calmar los ánimos.

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