La socialista Mercedes González, directora de la Guardia Civil, recibió a la ‘sicaria’ Leire Díez cuando esta buscaba ‘basura’ para desarbolar la UCO

Estaban todos en el ajo.

Y sin rubor o dignidad, porque lo último de la socialista Mercedes González pone los pelos de punta.

González, actual directora general de la Guardia Civil y figura destacada del PSOE, es una periodista reconvertida en política que ha sabido escalar gracias a su cercanía con Pedro Sánchez, pasando de concejala a delegada del Gobierno en Madrid antes de liderar el cuerpo de seguridad.

Su gestión ha sido cuestionada por un descarnado sectarismo que, según críticos y asociaciones como la AUGC, parece priorizar los intereses del partido sobre la imparcialidad del cuerpo, como se vio en su apoyo al pacto PSOE-Junts en temas migratorios; además, sospechas de filtraciones en casos sensibles.

La ultima polémica, levantada por el periodista Alejandro Entrambasaguas en El Debate, sacude los cimientos del cuerpo y pone en jaque la relación del Gobierno con las fuerzas de seguridad.

En noviembre de 2024, González recibió en su despacho oficial a Leire Díez, ‘sicaria’ socialista hasta hace apenas unos días y pieza clave en una red que desde Ferraz se dedicaba a maniobrar para desprestigiar a jueces y mandos policiales vinculados a investigaciones incómodas para el Ejecutivo.

Este encuentro, a puerta cerrada y con el pretexto de denunciar supuestas irregularidades dentro de la Unidad Central Operativa (UCO), es sólo la punta del iceberg de una trama que salpica al propio Gobierno de Pedro Sánchez.

La situación se agrava con revelaciones posteriores: durante una reunión de Díez con el comandante imputado Rubén Villalba, uno de los protagonistas del conocido como «caso Koldo», Mercedes González realizó al menos dos llamadas telefónicas que fueron detectadas tras concluir el encuentro. Curiosamente, tanto Díez como Villalba habían apagado sus móviles y fueron cacheados para evitar filtraciones, lo que hace sospechar que González estaba al tanto, e incluso supervisando, las maniobras que se desarrollaban para obtener información comprometida contra la UCO. Según fuentes oficiales, se habría ofrecido protección judicial y un ascenso a Villalba a cambio de incriminar a esta unidad policial.

Estas circunstancias han levantado un gran malestar dentro del cuerpo y han puesto bajo el foco a Mercedes González, quien permanece en un silencio que muchos consideran «incomprensible». Este silencio contrasta con su papel previo como figura cercana al PSOE, dado su historial como asesora política y su vinculación directa con Óscar López en la Secretaría General del PSOE en Madrid. La denuncia presentada por el Partido Popular ante la Fiscalía Anticorrupción por delitos que van desde cohecho hasta organización criminal añade más presión sobre la directora general y el Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska.

Esta situación no puede entenderse sin analizar el contexto político más amplio. Desde hace meses, el Gobierno Sánchez ha desplegado una estrategia para controlar o neutralizar a los cuerpos policiales que investigan casos sensibles para el Ejecutivo. La UCO, responsable de investigaciones complejas, ha sido objeto de un acoso sistemático mediante campañas mediáticas y judiciales destinadas a erosionar su credibilidad y frenar sus pesquisas. Parte de esta estrategia ha sido denunciada también internacionalmente: medios como The Times han señalado al presidente Sánchez por difundir acusaciones falsas contra la Guardia Civil, incluyendo el famoso bulo de la bomba-lapa que generó alarma social injustificada.

El entramado político-mediático que rodea a Leire Díez —conocida coloquialmente como «la fontanera» del PSOE— ha sido fundamental para estas maniobras. Su actividad frenética durante los primeros meses de 2025 incluyó reuniones con empresarios imputados y figuras vinculadas al entorno gubernamental para recabar información comprometedora sobre jueces y mandos policiales. Su relación directa con altos cargos del partido socialista y su acceso privilegiado a las estructuras del Estado evidencian una coordinación estratégica destinada a desactivar investigaciones judiciales incómodas.

En definitiva, lo sucedido pone sobre la mesa varios dilemas cruciales:

• ¿Hasta qué punto está politizada la dirección actual de la Guardia Civil bajo Mercedes González?
• ¿Qué papel juega el Ministerio del Interior y su ministro Grande-Marlaska en esta crisis institucional?
• ¿Cómo afectará este escándalo a la confianza ciudadana en las fuerzas de seguridad y al equilibrio entre poderes?

La combinación explosiva entre intereses políticos partidistas, maniobras clandestinas dentro del cuerpo armado estatal y filtraciones estratégicas configuran un panorama complicado que marcará sin duda la agenda política española en los próximos meses.

Como curiosidad final, cabe destacar que esta crisis coincide con un periodo electoral regional clave y un aumento generalizado en el uso de tecnologías para controlar o interferir en investigaciones judiciales. Además, nuevas revelaciones apuntan a que otros altos mandos, como el director adjunto operativo Manuel Llamas, también habrían mostrado interés por controlar información sensible relacionada con estos casos desde octubre pasado, lo que amplía el alcance del problema dentro del propio instituto armado.

Así pues, mientras se suceden las comparecencias parlamentarias y las denuncias legales crecen, queda por ver si este episodio será recordado como una mera anécdota o como un punto de inflexión decisivo en la relación entre política y seguridad en España.