¡Las «cenitas» del golpe de Estado!

En La Retaguardia de este miércoles 11 de Junio, Eurico Campano, analiza con el periodista Eduardo García Serrano y el vicesecretario general del PP en el País Vasco, Carlos García, los últimos despropósitos del Gobierno de Pedro Sánchez.

En plena tormenta por el procesamiento del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz por un delito de revelación de secretos, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha sido grabada ofreciendo al Fiscal todo su apoyo  hasta el punto de querer invitarle a una cena o emplezarle a verse en su ministerio.

La crisis del Ministerio Fiscal

El caso ha estallado después de que un magistrado del Tribunal Supremo abriera la puerta para una acusación y juicio contra García Ortiz por un delito que afecta a la propia esencia de la institución que dirige. El procesamiento, que según el Partido Popular «no tiene precedentes en la historia democrática española», sitúa al fiscal general a un paso del banquillo en un momento especialmente delicado para las instituciones del Estado.

Lo más preocupante del auto judicial es la mención explícita a «indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno» que aparece en el apartado de «hechos» del documento. Esta vinculación directa entre el Ejecutivo y la actuación del fiscal ha llevado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a exigir no solo la dimisión de García Ortiz sino también la de «quien le daba las indicaciones», en clara referencia al presidente del Gobierno.

El gesto que encendió la polémica

En medio de esta crisis institucional, las imágenes de la ministra Ana Redondo consolando al fiscal general procesado han añadido más leña al fuego. El momento, captado tras coincidir ambos en un acto oficial, muestra a la ministra acercándose a García Ortiz con actitud comprensiva y sugiriendo un encuentro posterior con la frase «¿Una cenita?». Este gesto ha sido interpretado por la oposición como una muestra más de la connivencia entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado.

La escena resulta especialmente controvertida en un contexto donde diversos analistas políticos alertan de una «metástasis» en las instituciones españolas, consecuencia de «un exceso de malignidad en las células que ocupan los órganos del poder».

¿Deriva institucional o golpe a la democracia?

Algunos medios no han dudado en calificar la situación actual como «un momento crítico» para la democracia española, donde planea «la amenazante sombra de un golpe de estado». Esta terminología, que evoca momentos oscuros de la historia reciente del país, refleja la gravedad con la que ciertos sectores perciben la crisis institucional.

No es la primera vez que en España se utiliza el término «golpe de Estado» en el debate político. El expresidente Mariano Rajoy, en su comparecencia ante una comisión parlamentaria en marzo de 2025, se mostró «absolutamente orgulloso» de haber «parado» lo que denominó un «golpe de Estado» de los independentistas catalanes en 2017.

La diferencia fundamental es que, en esta ocasión, la acusación no se dirige contra un movimiento político regional, sino contra las más altas instituciones del Estado, incluida la Fiscalía General y, por extensión, la Presidencia del Gobierno.

Un pacto que amenaza el Estado de derecho

En el centro de la polémica subyace lo que algunos analistas describen como «un pacto corrupto» que habría supuesto «la venta del Estado de derecho a cambio de impunidad». Este pacto, inicialmente materializado en la controvertida ley de amnistía, habría evolucionado hasta comprometer la independencia de instituciones clave como la Fiscalía General del Estado.

La situación ha llevado al PP a exigir de forma contundente la dimisión inmediata del fiscal general. «Si tuviéramos un Gobierno digno, hoy mismo, a esta hora, estaría pidiéndole al fiscal general que se apartara», han indicado desde el partido. Una exigencia que, por el momento, no ha encontrado respuesta por parte del Ejecutivo.

El incierto futuro de la separación de poderes

El procesamiento de García Ortiz plantea serias dudas sobre la independencia del Ministerio Fiscal respecto al poder ejecutivo. La tradicional máxima de que «el Fiscal General del Estado es el guardián de la legalidad» queda en entredicho cuando quien ocupa ese cargo está siendo investigado por un delito que compromete la esencia misma de la institución.

La imagen de la ministra Redondo ofreciendo consuelo y compañía al fiscal procesado no hace sino alimentar las sospechas sobre la existencia de una estrategia coordinada desde el Gobierno para controlar los resortes judiciales del Estado, algo que podría constituir una grave amenaza para el principio de separación de poderes.

Como dato curioso, el término «cenita» se ha convertido ya en un meme en redes sociales, donde miles de usuarios comparten imágenes manipuladas de la ministra y el fiscal en diversos restaurantes, acompañadas de frases irónicas sobre la independencia judicial y la imparcialidad de la Fiscalía. Una muestra más de cómo la ciudadanía utiliza el humor como válvula de escape ante una situación institucional que muchos consideran alarmante.