El Gobierno Sánchez decide que los periodistas que accedan a un ‘alto secreto’ puedan ser multados con hasta 2,5 millones

Censura.

Y cada día más descarada.

Ahora por la vía de las multas, para intentar acallar a los escasos periodistas que se atreven todavía a investigar y a revelar las trapacerías de Pedro Sánchez y su cuadrilla de maleantes.

La libertad de prensa en España se enfrenta a un nuevo desafío.

El Gobierno Sánchez, en uno de los momentos políticos más tensos de su mandato, ha decidido sacar adelante una ley de información clasificada que pone en jaque el ejercicio del periodismo de investigación.

Según el anteproyecto remitido al Consejo de Estado, los periodistas que tengan acceso –no ya que difundan, sino que simplemente manejen– documentos clasificados como “alto secreto” podrán ser sancionados con multas de hasta 2,5 millones de euros.

El texto, que pretende sustituir a la vetusta Ley de Secretos Oficiales franquista de 1968, endurece significativamente el régimen sancionador y amplía el ámbito punitivo.

Ahora, no solo se castigará la publicación o difusión no autorizada, sino también la mera posesión accidental o el acceso fortuito por parte de cualquier persona ajena a la administración, incluidos los profesionales de los medios.

Un Pedro Sánchez acorralado y la tentación censora

El contexto político no puede ser más turbulento.

Pedro Sánchez, tras verse salpicado por escándalos de corrupción que han acabado con la dimisión forzada de colaboradores cercanos como Santos Cerdán y la expulsión definitiva del exministro José Luis Ábalos, se encuentra en el ojo del huracán mediático y parlamentario.

En este clima, la oposición denuncia una clara maniobra para tapar sus vergüenzas recurriendo a instrumentos legales que faciliten el control informativo y dificulten la labor fiscalizadora del periodismo.

Resulta difícil no ver una relación directa entre los recientes sobresaltos judiciales y policiales y el repentino impulso legislativo para blindar informaciones incómodas.

Un Pedro Sánchez -marido de Begoña– acorralado recurre a la censura para tapar sus vergüenzas.

Y esto  ha encendido todas las alarmas en redacciones y foros profesionales.

¿En qué consiste exactamente la nueva ley?

La propuesta clasifica los documentos en cuatro niveles: Alto secreto, Secreto, Confidencial y Restringido. Los dos primeros serán competencia exclusiva del Consejo de Ministros, que podrá clasificar, reclasificar y desclasificar a su criterio.

• Infracción muy grave (hasta 2,5 millones): Acceso o posesión no autorizada de documentos “alto secreto”, aunque no se publique ni se difunda.
• Infracción grave (hasta 800.000 euros): Difusión o manejo indebido de información “confidencial”.
• Infracción leve (hasta 30.000 euros): Manejo inadecuado de información “restringida”.

El plazo máximo para mantener estos secretos será de 60 años (45 más una prórroga adicional de 15), límite tras el cual podría procederse a su desclasificación, una tímida mejora respecto al carácter prácticamente indefinido del pasado pero muy por encima del estándar internacional actual.

Una novedad relevante es que el ministerio presidido por Félix Bolaños arrebata a Defensa el control sobre estos documentos sensibles y lo centraliza en Presidencia y Justicia. Además, Exteriores también gana peso en la gestión informativa.

El impacto sobre los periodistas: entre el miedo y la autocensura

La comunidad periodística advierte del riesgo evidente para las libertades informativas. El mero hecho de recibir –no ya publicar– un documento clasificado podría llevar al profesional a enfrentarse a sanciones económicas inasumibles para cualquier redacción independiente o freelance. Se rompe así con uno de los principios básicos del periodismo democrático: proteger las fuentes y permitir investigar sin temor a represalias desproporcionadas.

• No importa si el periodista publica o no.
• Basta con acceder o poseer material clasificado.
• La entrega voluntaria tampoco exime: si no se hace “en el plazo más breve posible”, también es sancionable.

El efecto inmediato será, previsiblemente:

• Menos investigaciones sobre poder político y económico.
• Aumento del secretismo gubernamental.
• Disuasión generalizada entre periodistas ante temas delicados.

Control político e intentos de censura encubierta

No se trata solo de una cuestión técnica o jurídica; hay un trasfondo político evidente. En las últimas semanas, el Gobierno ha multiplicado los movimientos para controlar cómo circula la información delicada:

• El ministro Albares ha sido señalado por censurar noticias sobre corrupción en los resúmenes de prensa remitidos a diplomáticos españoles en embajadas clave.
• El propio Ejecutivo ha dejado fuera del control parlamentario a informes incómodos amparándose en razones de seguridad nacional.

El debate parlamentario ha sido agrio. La mayoría gubernamental ha rechazado iniciativas del PP y Vox para proteger explícitamente a los medios frente a posibles abusos legales. Mientras tanto, socialistas y aliados promueven “diferenciar entre medios legítimos y aquellos con fines propagandísticos”, abriendo un melón peligroso sobre quién decide qué prensa es válida y cuál no.

España frente a Europa: ¿modelo homologable?

La ley toma como referencia los sistemas restrictivos vigentes en países como Alemania o Italia e instituciones como la OTAN o la Unión Europea. Sin embargo, expertos señalan que ningún país europeo aplica sanciones económicas tan altas por mera posesión sin difusión pública.

Para colmo, esta reforma se produce cuando España arrastra un retraso histórico en materia de desclasificación documental –todavía hay archivos clave del franquismo bajo llave– y justo cuando otros países avanzan hacia mayor transparencia.

Curiosidades y datos llamativos

• La ley deroga finalmente una norma aprobada bajo Franco y retocada superficialmente tras la Transición.
• El PNV llevaba años reclamando una actualización legal; ahora ve su demanda cumplida, aunque bajo condiciones polémicas.
• El acceso fortuito a papeles secretos (por ejemplo, recibirlos sin solicitarlos) también puede salir carísimo.
• En paralelo, Sánchez ha presentado un plan anticorrupción con medidas tecnológicas avanzadas… mientras restringe el acceso informativo sobre posibles corruptelas gubernamentales.
• La norma prevé hasta 60 años sin acceso público a ciertos documentos: quien quiera investigar sobre casos sensibles deberá armarse de paciencia… o resignarse al silencio administrativo.

En resumen –sin querer resumir– el periodismo español afronta tiempos recios: entre multas astronómicas, tentaciones censoras y secretismos renovados. Y todo ello justo cuando más necesario resulta saber qué ocurre realmente entre bambalinas del poder.