‘Periodista Digital’ registra en el Parlamento Europeo un manifiesto para proteger un periodismo libre en España

Porque sin periodistas libres, no hay ciudadanos libres.

Y ya saben ustedes que lo que Pedro Sánchez y todo su Gobierno pretende hacer es precisamente cargarse todo eso.

🗣️ Hoy te pedimos que no mires hacia otro lado.
Súmate. Difunde. Firma. Defiende. Porque si ellos consiguen silenciar a los periodistas hoy, mañana nadie podrá contar lo que te están haciendo a ti.

¿Quieres firmar el manifiesto?

Envíanos un email a manifiesto@periodistadigital.com con tu nombre completo y tu número de DNI. *Al finalizar esta noticia figura información sobre Protección de Datos. 

Y es que vivimos tiempos oscuros para el periodismo. En España, quienes se atreven a ejercer su labor informativa con independencia y rigor están siendo señalados, vetados, sancionados o directamente silenciados por el poder político. La denuncia que aquí presentamos no es una pataleta ni una exageración: es una llamada de auxilio documentada. Es la constatación de que la libertad de prensa está siendo acorralada.

Durante los últimos años en Periodista Digital hemos sido testigos —y en muchos casos víctimas— de una ofensiva institucional contra el periodismo incómodo:

• Desde el control directo del Gobierno sobre RTVE por decreto, declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
• Hasta las ruedas de prensa filtradas, sin posibilidad de repreguntar, con preguntas seleccionadas por un cargo gubernamental.
• Hemos visto al Ejecutivo limitar las preguntas en comparecencias clave, mientras excluía a medios críticos.
• Se ha institucionalizado el señalamiento desde el poder a periodistas con nombres y apellidos. Desde Vallés a Ana Rosa Quintana, de Susanna Griso a Carlos Franganillo, pasando por decenas de reporteros independientes.

Y ahora, como culminación de esta deriva, se reforma el Reglamento del Congreso de los Diputados para:

• Otorgar a un órgano político (la Mesa del Congreso) el poder de decidir qué periodista puede informar y cuál no.
• Introducir sanciones arbitrarias basadas en conceptos vagos como “cortesía parlamentaria” o “información veraz” (¿decidido por quién?).
• Impedir grabaciones que no sean elegidas por alguien y establecer un régimen sancionador sin garantías judiciales ni derecho a defensa efectiva.

Todo esto vulnera frontalmente los artículos 20, 14, 25 y 24 de nuestra Constitución Española. Atenta contra la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Choca con la jurisprudencia del TEDH. Y contradice los informes de la propia Comisión Europea, que alerta del deterioro de la libertad de prensa en España (Informe Estado de Derecho 2024 y 2025).

¿Dónde está la prensa libre cuando el poder decide quién puede hacer preguntas y quién no? ¿Qué democracia queda cuando se castiga al que pregunta demasiado.

Este manifiesto no es solo una denuncia. Es un grito de resistencia.

• A los periodistas que aún creen en su misión.
• A los ciudadanos que no quieren ser rebaño.
• A los demócratas de verdad —de izquierda, derecha o sin etiquetas— que saben que sin pluralismo informativo, lo siguiente en caer será la verdad.

¿Qué es el manifiesto y qué dice?

A pesar de adoptar comúnmente el nombre de “manifiesto” se trata de una petición formal al Parlamento Europeo, concretamente a su comisión de peticiones, en la que los firmantes y, Alfonso Rojo como peticionario principal, instan al Parlamento Europeo a revisar la modificación del Reglamento del Congreso.

En sus primeros (previo y primero) apartados texto realiza un breve y generalísimo recorrido por los últimos siete años, exponiendo los principales atropellos sufridos por periodistas fruto de presiones e intereses políticos; así como, denuncia la imposibilidad de un periodismo crítico e independiente.

A modo ejemplificativo, se citan:

• Intervención gubernamental de RTVE y presiones políticas a cargos independientes.
• Privación de posibilidad de formular preguntas en ruedas de prensa.
• Señalamiento a periodistas.
• Campaña de desprestigio al periodismo en su conjunto.
• Censura previa mediante el Plan gubernamental contra la “desinformación” (Orden PCM/1030/2020).

En su segundo apartado se realiza un análisis más profundo acerca de la colisión de la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados Español con la normativa europea y la Constitución Española. Concretamente:

• artículos 11, 15, 20, 21 y 49 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
• los artículos 7, 10 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
• los artículos 9.3, 14, 20 y 66.2 de la Constitución Española.

¿Qué se solicita?

Sin perjuicio de otras cuestiones técnicas, se viene a solicitar que el Parlamento Europeo efectúe una investigación preliminar sobre lo expuesto en la petición e informe si la modificación del Reglamento del Congreso de los Diputados respeta o infringe, la normativa europea, así como, la jurisprudencia del TJUE.

¿Cómo se tramita?

Presentada la petición ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, deberá darse trámite a su admisibilidad -o no- por este órgano. Una vez admitido a trámite, se trasladará a cuantas Comisiones se considere necesario (se ha instado traslado a las de Asuntos Jurídicos y la de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior) y se seguirá la investigación.

Admitido a trámite la petición quienes no fueren firmantes de la misma pero deseen adherirse por compartir su finalidad, podrán hacerlo.

Alfonso Rojo a la cabeza

El manifiesto va encabezado por a petición en nombre de Alfonso Rojo y firmado por medio centenar de periodistas libres y valientes.

El editorial del director de Periodista Digital de este martes 15 de julio versa sobre ello y es claro y conciso:

Hoy, como anunciamos cuando la Mesa del Congreso controlada por el PSOE y sus compinches proetarras y separatistas inició los trámites para reformar el reglamento de la cámara, hemos elevado  al Parlamento Europeo una petición de amparo, contra lo que es a todas luces una sucia maniobra contra la libertad de Prensa y Expresión.  

Nosotros no tenemos ni reclamamos prerrogativa especial alguna, somos simples portadores del derecho que tienen todos ustedes a ser informados. 

Sin periodistas libres, que puedan preguntar a los políticos, exigirles cuentas e indagar en que se gastan el dinero de los contribuyentes, no hay ciudadanos libres.

Vivimos en España tiempos oscuros para el Periodismo. 

Quienes se atreven a ejercer su labor profesional, con independencia y rigor, son señalados, vetados, sancionados y silenciados, muchas veces con el auxilio de los integrantes de la ‘Brunete Pedrete’ mediática, que a cambio de subvenciones, publicidad institucional, privilegios y carantoñas han aceptado convertirse en masajistas del sanchismo.

El largo y prolijo documento que elevamos este 15 de julio de 2025 a las instituciones de la UE y que en breve presentaremos en los juzgados españoles, no es un grito de auxilio, ni siquiera una queja; es una protesta formal, indignada, contra la censura.

Hace años que somos testigos de una ofensiva despiadada contra la Prensa no amaestrada. 

Se ha institucionalizado el señalamiento desde el poder a periodistas ‘no adictos al régimen’ . El Gobierno Sánchez, con Podemos de monaguillo, ha asaltado RTVE. Excluyen de las ruedas de prensa oficiales a medios no amarrados al pesebre de La Moncloa. Han eliminado la opción de hacer preguntas no pactadas e insultan a quien osa hacerlo.

Y ahora, como culminación de esta deriva, pretenden reformar el Reglamento del Congreso de los Diputados para  otorgar a la Mesa -donde PSOE y Sumar copan 6 puestos, el PP tiene 3 y VOX ninguno- decida qué periodista puede informar y cuál no. Que medio recibe acreditación y a cual se le niega o retira. A quien se sanciona o expulsa.

En otras palabras y para nuestra vergüenza como profesión, porque esta aberración llega aplaudida por la pastueña Asociación de Periodista Parlamentarios manejada por El País y La Sexta, serán Francina Armengol, Gómez de Celis, Gil de Rebolledo, Isaura Leal y Pisarello, quien decreten -cuando les venga en gana- que Bertrand Nodongo, Josué Cárdenas o Vito Quiles sean expulsados del Congreso.

Y como explicamos en nuestro escrito a Bruselas, lo harán cómo quieran, porque el texto de su infame reglamento introduce sanciones arbitrarias,  basadas en conceptos vagos como ‘cortesía parlamentaria’, “información veraz’ o ‘aledaños’ para castigar preguntas irritantes a sujetos como como Patxi López, la proetarra Maite Aizpurua, el separatista Rufián o la xenófoba Nogueras.

Vamos a ganar, porque todo esto vulnera los artículos 20, 14, 25 y 24 de la Constitución Española y atenta contra la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. 

Ojo al parche y si tienen un momento, echen un vistazo a nuestro escrito y si les viene bien, firmen al pie.

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