Sánchez continúa de vacaciones en Andorra

En el 24×7 Verano de este jueves 28 de agosto, César Sinde analiza con la alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, y con Eurico Campano el nuevo descaro de Pedro Sánchez a cuenta del bolsillo de todos los españoles: se larga hasta el lunes 1 de septiembre a Andorra. Parece que no ha sido suficiente para el presidente del Gobierno haber estado descansando a todo lujo en la mansión de La Mareta desde el 2 de agosto, gastando nada menos que 15.000 euros sólo en comida e invitando a un buen número de familiares y amigos.

Analizaremos también cómo el presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, ha estado gestionando la extinción de los incendios en su comunidad sin que el Gobierno central le enviase los medios requeridos. Y no solo llegaron tarde esos medios, sino que no se envió lo necesario. Por ejemplo, Rueda solicitó dos helicópteros de coordinación y solo llegó uno tres días después. También se solicitaron 20 bulldozers pero sólo se entregaron tres y de las motobombas pedidas no llegó ninguna.

¿Elecciones anticipadas?

En esta vuelta a la actividad política tras el paréntesis veraniego, en los mentideros de la Corte corre el rumor cada vez más sólido de que el Gobierno podría adelantar las elecciones a 2026 tras presentar unos presupuestos a unos socios que no parecen dispuestos a aprobárselos. La clave está en si ese adelanto electoral se haría coincidir con las elecciones en Andalucía que por calendario tocan en junio de 2026, si bien el presidente andaluz, Juanma Moreno no ha precisado la fecha exacta.

¿Hasta cuando tendremos que acoger a más inmigrantes ilegales?

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue empeñado en actuar como transportista de ilegales desde Canarias en vez de frenar en seco la llegada de éstos desde las costas africanas. En el continente africano viven más de 1.400 millones de personas y muchos ya se preguntan cuantas más personas tendremos que mantener en todo tipo de alojamientos antes de que el Ejecutivo decida establecer un operativo militar que obligue a los buques de los traficantes de personas a volver a los puertos de donde salen cargados de ilegales a los que dejan en cayucos al acercarse a Canarias. Mantener a la última remesa de 3.900 presuntos menores nos costará a los españoles nada menos que 205 millones de euros anuales.