Sánchez, traficante de inmigrantes ilegales

En el 24×7 de este viernes 29 de Agosto, César Sinde analiza con la portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino y con el empresario Mariano Calabuig cómo los planes del Gobierno para contener la inmigración ilegal masiva son inexistentes.

Y es que el Ejecutivo se ha convertido en un transportista de inmigrantes ilegales desde Canarias a la Península, en vez de cumplir su obligación de mantener seguras nuestras fronteras y devolver a sus puertos de origen a los barcos de las mafias traficantes de personas que desde las costas africanas remolcan cayucos hasta las cercanías de Canarias.

Como no hay una política constante de devolución de estos barcos remolcadores, mediante el empleo de buques de la Armada y Guardia Civil junto con aeronaves de vigilancia, el Ejecutivo envía a buques de Salvamento Marítimo a recoger a los cayucos a cientos de kilómetros al sur de Canarias y los remolca hasta nuestro territorio. Ante el incesante goteo de embarcaciones, Canarias se satura y luego es preciso llevar a estos inmigrantes ilegales a la península.

En este sentido, mantener durante un año a la remesa de 3.900 presuntos menas que Sánchez va a enviar a la Península desde el Archipiélago canario y desde Ceuta tendrá un coste de 205 millones de euros. Y para colmo, el Gobierno central sólo dará 100 millones a las Comunidades autonómas a las que obliga a acoger a estos supuestos menores de edad.

El coste total se obtiene partiendo de la base de que el dinero medio mensual para mantener a un presunto menor de edad es de 4.400 euros. El Gobierno hasta ahora venía pagando 145 euros al día por mena, cubriendo la totalidad del coste mensual de su mantenimiento, pero ahora solo dará 67. Si se multiplica por 3.900 menas, estos costarán 17 millones al mes y, por tanto, 205 millones anuales. Una cantidad que es una media ya que hay zonas de España donde mantener a un menor de edad es más caro y en otras, menos. Por otra parte si se requieren necesidades específicas como salud mental, el coste se dispara. Así, el coste por presunto mena en Madrid y con necesidades de tratamiento psicológico se dispara a 5.762 euros al mes por plaza y en Andalucía hay centros públicos en los que la cifra se dispara a 9.813 euros.

A este ingente coste se une el hecho de que el Gobierno tampoco explica cómo considera menor de edad a los inmigrantes ilegales que llegan a Canarias, Ceuta, Melilla o Baleares. No hay datos precisos de cuantas pruebas médicas se realizan para determinar la edad de los llegados ilegalmente a nuestro territorio.