Sánchez está en plena ofensiva para amordazar a la prensa

El Gobierno de Pedro Sánchez está trabajando en varios frentes para amordazar la libertad de expresión e impedir o al menos dificultar que los medios de comunicación publiquen información sobre los escándalos de corrupción que afectan al propio Sánchez y su familia, al PSOE y al Gobierno.

Basta echar un vistazo al Plan Normativo de Moncloa para 2025 para ver hasta cinco proyectos legislativos con efectos directos sobre la prensa: endurecimiento del derecho de rectificación y del régimen sancionador a los medios o nueva ley de información clasificada que restringe el acceso a datos que el Ejecutivo considere sensibles.

Ante este panorama de censura y acoso, el ambiente en las redacciones es de alerta máxima. Los profesionales temen que la batería de reformas, lejos de modernizar la legislación, pueda convertirse en una herramienta para amordazar aún más a los medios libres y limitar su capacidad de fiscalización del poder político.

La Federación de Asociaciones de Periodistas ha calificado la nueva ley de secretos oficiales como «una amenaza al periodismo libre».

Medios extranjeros observan con atención cómo se gestiona este pulso democrático en España. Y es que con la excusa de modernizar normas ante realidades que han ido apareciendo como la inteligencia artificial o las redes sociales, se puede en realidad elaborar normas que silencien a la prensa. De hecho, en función de cómo se aprueben finalmente estas leyes, España podría situarse fuera del estándar europeo en materia de libertad mediática.

Cosas tan básicas como hacerle preguntas incómodas a un política están en riesgo al converstirse en uina conducta sancionable. Así de cruda está la cosa.

5 leyes para amordazar a la prensa

Estas son las medidas más polémicas en discusión:

• Ley de protección del derecho al honor: endurece el derecho de rectificación y amplía los supuestos en los que periodistas pueden ser sancionados por publicar informaciones que afecten al honor o la intimidad personal. Las asociaciones profesionales alertan que este derecho ya está regulado y temen un efecto disuasorio sobre investigaciones relevantes. Con esta ley, noticias como los prostíbulos del suegro de Sánchez o las prostitutas colocadas en empresas públicas por Ábalos podrían no ser publicables con la peregrina excusa de que afectan a la vida personal o familiar.
• Reforma del Código Penal y Ley Mordaza: se estudia introducir sanciones penales y multas de hasta 30.000 euros por perseguir con micrófonos o cámaras a miembros del Ejecutivo en espacios públicos. Plataformas digitales y medios críticos serían responsables si difunden estos contenidos, bajo sospecha de “acoso político-mediático”. Con este planteamiento, sería castigable que un periodista con o sin cámara hiciera preguntas a un político si lo ve andando por la calle o en el interior de edificios públicos como, por ejemplo, el Congreso de los Diputados.
• Ley de publicidad institucional: permite al Gobierno fijar criterios “objetivos” para repartir financiación pública a los medios, controlados por la CNMC (presidida por Cani Fernández, exasesora en Moncloa). Sin embargo, se pospone la reforma que obligaría a hacer transparente el destino concreto del dinero público, que este año bate récords con 161 millones de euros. Con este esquema se facilitaría que el Ejecutivo pudiese inyectar más publicidad a los medios de comunicación que considerase afines. En el periodo 2018-2023, las emisoras de radio del Grupo Prisa se han llevado el 64,9% de la publicidad gubernamental en radio. En cifras totales, de 24,26 millones de euros gastados en publicidad, las emisoras de PRISA han acaparado 15,75 millones € mientras que la Cadena COPE ha recibido la mitad de esa cantidad con 4,1 millones de euros y ello pese a que la COPE no tiene la mitad de audiencia que la SER ya que en el prime time de la radio -las mañanas- a ambas cadenas le separan menos de 350.000 oyentes.
• Ley de información clasificada: sustituye la legislación vigente desde 1968 e introduce el concepto de “intimidad” como nuevo límite al acceso informativo. Un concepto hecho a medida para que el Gobierno de forma arbitraria pueda decidir qué no es publicable. En las redacciones ya se denomina a esta norma como «Ley Begoña». Con ella, los periodistas podrían recibir multas millonarias (hasta 2,5 millones) por publicar datos considerados “alto secreto” por el Consejo de Ministros.
• Registro oficial y régimen sancionador para medios: bajo la bandera del Reglamento Europeo sobre Libertad de Medios, se crea un registro supervisado por la CNMC y se obliga a los medios a declarar inversores, dueños e ingresos publicitarios. Además, se establece un régimen sancionador dirigido desde Moncloa. Con esto se pretende desacreditar a los medios de comunicación críticos obligándoles a hacer público qué personas o empresas invierten o se anuncian en ellos. Además, esta exposición pública podría provocar que determinadas empresas o personas no quisieran verse relacionadas con los medios de comunicación.

Un pulso con resonancia europea

El Gobierno justifica sus leyes en contra de la libertad de prensa en que son una adaptación a la normativa europea sobre medios de comunicación. Sin embargo, expertos constitucionalistas advierten del choque frontal con el artículo 20 de la Constitución Española, que protege expresamente la libertad de información y expresión. El propio Consejo de Estado y el CGPJ deberán emitir informes antes de que algunas propuestas lleguen al Parlamento.

En Bruselas observan con inquietud cómo el Gobierno de Pedro Sánchez se parapeta detrás de presuntas leyes europeas que hay que transponer para en realidad, legislar a su conveniencia para controlar lo que se publica. Y eso mientras el Ejecutivo español retrasa incorporar a la legislación española otras normas europeas que obligarían a mayor transparencia estatal en publicidad institucional o reparto equitativo entre cabeceras grandes y pequeñas.

Curiosidades y datos locos sobre las nuevas leyes mediáticas

La ofensiva legislativa está repleta de detalles sorprendentes:

• El borrador penal propone castigar no solo a periodistas sino también a cualquier medio digital que difunda contenidos considerados “de acoso político-mediático”.
• Según juristas consultados, nunca antes en democracia española una ley había planteado multas tan elevadas (hasta 2,5 millones) simplemente por publicar información clasificada sin autorización.
• En el registro oficial propuesto por Moncloa tendrán que figurar hasta los ingresos publicitarios individuales y nombres completos de propietarios e inversores, una medida inédita en Europa Occidental.
• La CNMC prevé crear una Dirección específica para vigilar tanto prensa tradicional como plataformas digitales; su presupuesto inicial ronda el medio millón de euros anuales.
• La excusa recurrente es “adaptar la normativa a los tiempos digitales”, pero muchos ven detrás una estrategia para blindar al Ejecutivo frente al creciente periodismo incómodo.