RTVE: Cintora, Ruiz, Santolalla y resto del equipo de opinión sincronizada, nos sale a los contribuyentes por 182,4 millones de euros

Lo acongojante es que encima lo pagamos nosotros.

Porque se lo están llevando crudo los ‘sicarios mediáticos‘ del sanchismo.

La cifra es impactante y resulta difícil de pasar por alto: 182,4 millones de euros es lo que costará a los ciudadanos españoles el denominado “equipo de opinión sincronizada” de RTVE, un grupo que incluye nombres destacados como Jesús Cintora, Javier Ruiz y la inefable Sarah Santolalla.

El enorme desembolso reaviva el acalorado debate sobre el uso ‘fraudulento’ de fondos públicos destinados a arropar al marido de Begoña, en medio de las investigaciones por corrupción que la salpican, como el caso de malversación prorrogado hasta abril de 2026 por el juez Peinado.

Este derroche, que supera presupuestos de canales autonómicos enteros, evidencia cómo el PSOE premia a sus sicarios mediáticos con enchufes millonarios en programas como La hora de La 1 o La noche en 24 horas, convirtiendo la televisión pública en una herramienta de propaganda monclovita para tapar escándalos.

El nivel de incultura y sectarismo es abrumador, y a perfiles con trayectoria profesional como Pepa Bueno, Javier Ruiz, Silvia Intxaurrondo, o Fortes, se suman otros cuyo único mérito es ser muy fieles o muy serviles a La Moncloa.

Personajes que reciben hasta 450 euros por intervención o contratos fijos para defender lo indefendible, polarizar contra la oposición y maquillar la deriva autoritaria del sanchismo, todo a costa del erario público en una «Telesánchez» que prioriza la lealtad ideológica sobre la pluralidad y el rigor periodístico.

Los datos demuestran cómo se gestionan los recursos públicos en la España de Sánchez y cuál es el papel de la televisión pública en la España contemporánea.

La controversia no solo se centra en el volumen del gasto, sino también en el propio concepto de “Brunete Pedrete periodística”.

Este término ha sido utilizado por diversos sectores políticos y mediáticos para describir lo que consideran una uniformidad ideológica entre estos colaboradores, a menudo vistos como alineados con los intereses del gobierno actual.

Algunas voces críticas han llegado a calificar a estos comunicadores como “sicarios mediáticos” al servicio de Pedro Sánchez, creando un clima de tensión y desconfianza que cuestiona la pluralidad informativa dentro de la corporación pública.

Un presupuesto que supera a toda la competencia

Al analizar las cifras, se observa un dato revelador: el presupuesto destinado a este equipo de opinión supera al de numerosas cadenas privadas nacionales.

La partida de 182,4 millones de euros implica que cada español, independientemente de si consume o no estos contenidos, contribuye con sus impuestos al mantenimiento de un modelo insostenible.

Entre los miembros más reconocibles del equipo se encuentran periodistas como Jesús Cintora, un caradura integral; Javier Ruiz, sectario de marca; y la inefable Santolalla, tan llamativa como inculta

. La configuración de estos espacios ha suscitado críticas por parte de la oposición, que denuncia una falta de pluralismo y un sesgo sistemático favorable al gobierno.

La controversia se agudiza cuando se aborda la cuestión de la independencia editorial en la televisión pública. Algunos analistas sostienen que la concentración de voces afines en horarios clave supone una erosión del principio de pluralidad. Por otro lado, hay quienes defienden que la presencia de estos perfiles responde a criterios profesionales y no a directrices políticas.

Las acusaciones sobre “opinión sincronizada” y “sicariato mediático” han sido rechazadas por los propios implicados, quienes defienden su trayectoria profesional sin ningún tipo de tutela política. Sin embargo, la percepción pública está dividida, alimentada por una polarización política creciente y una desconfianza hacia los medios tradicionales.

Transparencia y fiscalización: ¿en qué se invierte el dinero público?

El gasto total de 182,4 millones de euros no se limita únicamente a los salarios de los tertulianos. Este monto abarca producción, realización, infraestructura técnica y otros costos relacionados con la difusión de programas. No obstante, la falta de desgloses claros en las partidas presupuestarias suscita sospechas sobre una posible opacidad y dificulta el control ciudadano sobre cómo se utilizan esos fondos.

Para mejorar esta situación, varios colectivos demandan que RTVE haga públicos sus contratos y acuerdos con colaboradores clave, así como los criterios utilizados para su selección. También abogan por un mayor equilibrio en cuanto a las diferentes sensibilidades ideológicas representadas, acorde con el mandato del servicio público.

Impacto mediático y consecuencias políticas

La revelación del presupuesto ha tenido un efecto inmediato en las agendas política y mediática. La oposición ha exigido respuestas al Gobierno e incluso ha solicitado comparecencias ante el Congreso para aclarar esta situación. Por su parte, el Ejecutivo defiende la necesidad de asegurar un debate público plural y enriquecedor pero evita entrar en detalles sobre las cifras exactas.

Este asunto se desarrolla en un contexto donde crece la desconfianza hacia los medios y se cuestiona el modelo financiero público que sustenta a la televisión estatal. En una época donde las cuentas públicas son objeto constante de discusión, los gastos relacionados con opiniones y debates adquieren una relevancia especialmente delicada.

¿Hacia dónde va la televisión pública en España?

La conversación sobre el coste del equipo sincronizado en RTVE es solo una faceta más del amplio debate sobre el futuro de los medios públicos españoles. La llegada constante de nuevas plataformas digitales, junto con la fragmentación del público y las presiones políticas sobre los contenidos hacen cada vez más complicado mantener un equilibrio entre calidad informativa, pluralidad y control del gasto.

En este marco general, persiste la inquietud acerca del modelo actual utilizado por RTVE: ¿realmente responde a las necesidades sociales o demanda una revisión profunda? La cifra total gastada —182,4 millones de euros— va más allá del simple número; representa una lucha por narrar historias y controlar lo que se dice en un tiempo marcado por la polarización y desinformación.

Así queda planteado este debate candente; mientras tanto, la ciudadanía observa atentamente hacia dónde dirige esta conversación mediática y política respecto al valor —y coste— que tiene hoy día expresar opiniones en nuestra televisión pública.