Por qué no cuela la declaración ‘fake’ de los periodistas de la ‘Brunete Pedrete’ que intentan exonerar al fiscal general

Se ha movilizado al unísono la ‘Brunete Pedrete’ periodística.

Sin mucho éxito.

Porque no hay profesional de este oficio, tan divertido como desventurado, que se trague que tenian un exclusiva de impacto y todos, sin excepción, la guardaron en un cajón.

Como no pasa eso de que no fue Álvaro García Ortiz. 

Quizá no les dió el papel personalmente, pero salta a la luz que dio a otro la orden de hacerlo.

La expectación en los pasillos del Tribunal Supremo era palpable.

El juicio contra el fiscal general del Estado, por la revelación de secretos en el caso del empresario Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso—, se ha convertido en el epicentro de una tormenta que sacude el panorama informativo.

No solo se trata de lo que está en juego a nivel judicial, sino que las declaraciones de varios periodistas considerados afines al Gobierno Sánchez han reavivado un viejo debate sobre la complicidad entre los medios y el poder.

Esta vez, las narrativas de algunos comunicadores, todos ellos de la banda que come en el pesebre de La Moncloa, no han logrado disipar las dudas ni convencer a los sectores más críticos.

Un relato bajo sospecha: la defensa en bloque y sus grietas

Los periodistas de eldiario.es, La Sexta y la Cadena SER comparecieron ante el Supremo para aclarar el origen de las filtraciones.

Todos coincidieron en que recibieron la información antes de que el fiscal general recopilara los correos y emitiera la nota de prensa.

José Precedo, de eldiario.es, afirmó haber tenido acceso al correo clave el 6 de marzo de 2024, siete días antes de su publicación en otros medios.

Por su parte, Alfonso Pérez Medina, de La Sexta, detalló cómo contrastó esa información con tres fuentes distintas antes de las 21:54 del 13 de marzo, momento en el que aún no existía la nota oficial.

• Ignacio Escolar, director de eldiario.es, fue más allá en una emisora: «En la redacción de la SER, en La Sexta y en eldiario.es sabemos perfectamente quién fue, al menos, nuestra fuente. Y sé a ciencia cierta que no fue el fiscal general del Estado«
• A pesar del dilema moral que alegan para no revelar sus fuentes, los periodistas insisten en desvincular a García Ortiz de cualquier filtración directa.

El relato presentado ha dejado sombras.

El juez Ángel Hurtado, encargado del caso, no se mostró convencido por lo expuesto por los periodistas.

Ahora son siete magistrados quienes deben evaluar su credibilidad. Los testimonios han puesto el foco sobre la dificultad para determinar cuántas personas tuvieron acceso real al correo filtrado; según los propios fiscales implicados, ese documento pasó por “varias manos, ordenadores y teléfonos móviles incluso antes de llegar al acusado”.

Sincronía mediática y dudas razonables

La defensa mediática de García Ortiz llevada a cabo por algunos periodistas ha sido calificada como orquestada y poco convincente por sectores críticos. La opinión pública ha notado una extraña sincronía en la narrativa de medios cercanos al Ejecutivo, que publicaron información clave solo después de la filtración y la recopilación del correo por parte del fiscal general. Esta coordinación ha despertado suspicacias:

• La Cadena SER, La Sexta y eldiario.es solo hicieron públicas sus informaciones sobre el caso cuando ya contaban con el correo filtrado, algo que reconocen los propios periodistas.
• La defensa cerrada y la negativa a aceptar cualquier posible responsabilidad del fiscal general han llevado a algunos analistas a hablar irónicamente sobre una “Brunete Pedrete periodística”, refiriéndose a una supuesta facción alineada con el Gobierno poco crítica con sus decisiones.

Contradicciones y nuevas incógnitas

La situación se complica aún más con la aparición de un segundo correo, enviado entre el fiscal que investigaba a González Amador y su letrado. Este documento, accesible únicamente para el fiscal y su abogado, terminó en manos de El Mundo y otros medios; esto abre nuevas teorías sobre cómo se produjo la filtración. Hasta ahora nadie ha realizado un análisis exhaustivo sobre quiénes accedieron realmente a estos correos dentro del sistema informático de la Fiscalía, lo que dificulta señalar un único responsable.

• Tanto González Amador como su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, niegan haber autorizado la publicación del segundo correo, pese a que este terminó en varios medios tras ser difundido entre un grupo selecto de periodistas.
• La defensa del fiscal general intenta ampliar el foco para sembrar dudas sobre otros posibles filtradores más allá de García Ortiz.

El papel de Ignacio Escolar y su defensa pública

En diversos programas radiofónicos y tertulias, Ignacio Escolar ha defendido continuamente la inocencia del fiscal general con argumentos considerados poco sólidos por otros colegas y analistas. Ha llegado incluso a justificar la eliminación de correos electrónicos por parte de García Ortiz: «Creo que el fiscal general hizo bien al borrar su correo electrónico; ahí están todas las investigaciones bajo secreto, incluso aquellas que ni siquiera deben conocer ni Guardia Civil ni Policía ni Supremo».

• Escolar defiende vehementemente la protección a sus fuentes afirmando que “sería delito” acusar a los periodistas de mentir respecto al acceso a información antes que el fiscal general.
• Sin embargo, esa falta de transparencia junto a su insistencia en mantener inocente al fiscal general —pese a ciertos indicios y sin pruebas concluyentes— ha generado escepticismo incluso entre parte del público lector.

Ecosistemas informativos enfrentados y credibilidad en juego

La cobertura mediática del caso revela dos bandos claros tanto en prensa como en política e incluso dentro mismo de la Fiscalía. Por un lado están los medios críticos que abogan por esclarecer cómo se produjo esta filtración e insisten en exigir rigor investigativo. En contraposición están aquellos medios afines al Gobierno que han cerrado filas alrededor del fiscal general intentando deslegitimar cualquier sospecha acerca de su actuación.

• La falta total de autocrítica dentro esta “Brunete Pedrete periodística” así como un tono defensivo han restado credibilidad a sus relatos según analistas independientes.
• Ahora será el Tribunal Supremo quien deberá decidir si da validez o no a las declaraciones realizadas por estos periodistas testigos o si considera insuficientes sus testimonios para exonerar a García Ortiz.

El dilema ético y necesidad de transparencia

Este caso ha vuelto a abrir un viejo dilema dentro del periodismo español: ¿hasta dónde llega realmente la protección hacia una fuente cuando podría estar implicándose un encubrimiento ilegal desde dentro mismo del Estado? La negativa a revelar fuentes —aunque comprensible— ha alimentado esa percepción generalizada sobre opacidad dejando así al público sin respuestas claras.

• El juicio ha puesto nuevamente sobre la mesa lo crucial que es para los medios actuar con responsabilidad ante casos tan impactantes desde lo político hasta lo social; además subraya lo esencial que es mantener independencia informativa aun bajo máxima presión institucional.

La sensación predominante es clara: esta vez las explicaciones ofrecidas por los periodistas afines al Gobierno no han sido suficientes para disipar sospechas ni convencer a quienes demandan claridad absoluta ante uno de los casos más delicados recientes.

La credibilidad mediática junto con la confianza hacia un periodismo independiente están nuevamente bajo examen en este panorama español tan convulso.