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En la tradicional Copa de Navidad de El País, el francoarmenio Joseph Oughourlian se permitió un lujo poco habitual en él: presumir. No de cifras ni de estrategias comerciales, sino de haber salido airoso en una contienda política oculta contra el Gobierno Sánchez.
En sus palabras, el grupo había enfrentado “un intento de asalto” desde La Moncloa a uno de los periódicos más influyentes del país.
Este gesto desafiante se produce tras lo que probablemente ha sido el año más complejo para el principal accionista de PRISA, aunque también ha sido el periodo que le ha permitido establecer un control casi absoluto sobre el grupo y marcar distancias claras con el poder político. En este tira y afloja se juega una parte esencial del panorama mediático español.
Durante su encuentro con la redacción del diario, Oughourlian dejó claro su mensaje: el grupo había vivido un intento de injerencia del Gobierno en su medio insignia y, en este momento, esa maniobra ha fracasado. El Ejecutivo habría intentado influir en la línea editorial -bajo la dirección de Pepa Bueno- y en la estructura interna del poder, aprovechando la tradicional cercanía del grupo al socialismo español.
El presidente de Prisa se mostró como un muro frente a esa amenaza. Afirmó que su prioridad es preservar la independencia del diario ante cualquier maniobra que busque someter la compañía a una agenda gubernamental. La afirmación sobre un “intento de asalto del Gobierno a nuestro periódico” no solo resonó como una advertencia pública, sino también como un acto de reafirmación ante una redacción que ha sido testigo directo de los cambios editoriales en los últimos años.
Este discurso se alinea con una evolución dentro del grupo: ha pasado de ser un socio mediático clave del sanchismo a adoptar una postura notablemente más crítica y distante respecto al Gobierno, tanto en su enfoque informativo como en los equilibrios internos.
La lucha por la televisión y el enfrentamiento con Moncloa
Uno de los episodios más significativos en esta disputa giró en torno al proyecto de televisión en abierto que promovía Prisa Media. Este plan, liderado por Carlos Núñez, tenía como objetivo que el grupo optara por la nueva licencia de TDT que prepara el Gobierno y contaba con respaldo financiero por parte de accionistas españoles alineados con dicho Ejecutivo.
Sin embargo, el Consejo de Prisa desestimó este proyecto tras evaluar su impacto económico y estratégico. Esta decisión, tomada por la máxima instancia del grupo, supuso una victoria directa para Oughourlian, quien había advertido sobre los riesgos asociados a embarcarse en una aventura televisiva costosa y con retornos inciertos, además de aumentar la dependencia del poder político. La empresa comunicó a los mercados que no solicitaría la nueva licencia y que centraría sus esfuerzos en prensa y radio, priorizando la reducción de deuda y fortaleciendo su liquidez.
- Los defensores del plan televisivo incluían:
- Carlos Núñez, presidente de Prisa Media.
- Accionistas españoles como Global Alconaba, Adolfo Utor o Diego Prieto, cercanos a los intereses gubernamentales.
- El Consejo decidió:
- Renunciar a la licencia TDT.
- Mantener la estrategia centrada en medios consolidados (prensa y radio).
- Priorizar la mejora financiera del grupo mientras controla la deuda.
En términos prácticos, ese rechazo al canal televisivo fue interpretado dentro y fuera del grupo como una derrota para La Moncloa, que veía esta operación como una oportunidad para consolidar su influencia sobre un conglomerado crucial e incorporar un nuevo aliado audiovisual al ecosistema mediático.
Cambios internos y nueva dirección en Prisa
La victoria de Oughourlian en esta contienda televisiva no fue un hecho aislado. Formó parte integral de un proceso más amplio destinado a reestructurar internamente lo que había sido hasta ahora un equilibrio precario entre poder mediático y político dentro de Prisa.
En este contexto se sucedieron varios movimientos notables:
- Salidas significativas vinculadas al proyecto audiovisual y a planes más cercanos a Moncloa, entre ellos:
- El propio Carlos Núñez.
- El productor José Miguel Contreras, promotor de la alianza audiovisual alineada con el Gobierno.
- Cambios en posiciones clave editoriales:
- Renovaciones en las direcciones de El País y Cadena SER, incluyendo salidas como las de Pepa Bueno o Montserrat Domínguez.
- Impulso hacia una nueva generación de gestores y editores (como Jan Martínez Ahrens, Fran Llorente, Ignacio Soto o Jaume Serra) con un enfoque más centrado en estabilizar el negocio que en equilibrar influencias partidistas.
- Ajustes importantes en áreas estratégicas como Santillana, donde se han reemplazado responsables históricos cerrando así un ciclo marcado por decisiones influenciadas políticamente.
Este rediseño ha reforzado la posición del máximo accionista y ha dejado claro que hoy por hoy, lo que prevalece dentro del grupo es lealtad corporativa antes que ideológica. El mensaje interno es contundente: Prisa deja atrás su papel como extensión política para actuar como una empresa privada con agenda propia.
De aliado a foco crítico
Durante años, este conglomerado fue uno de los principales apoyos mediáticos para Pedro Sánchez, tanto construyendo su narrativa política como defendiendo su gestión entre una audiencia predominantemente progresista. Este vínculo era reconocido, aunque matizado, tanto desde el Gobierno como desde el entorno del propio grupo.
Sin embargo, ese tiempo parece haber quedado atrás. En los últimos meses, El País ha adoptado una postura mucho más crítica hacia el Ejecutivo:
- Portadas e informes destacando que el Gobierno enfrenta sus “horas más críticas”.
- Reportajes sobre casos relacionados con corrupción vinculados al PSOE y situaciones de acoso machista dentro del partido.
- Editoriales cuestionando las narrativas regeneradoras del sanchismo e instando a realizar una especie de “catarsis” interna para recuperar credibilidad.
Fuentes del sector consideran este cambio como una decisión deliberada por parte del liderazgo actual de Prisa para adoptar una posición crítica sostenida hacia el Gobierno tras concluir que seguir cerrando filas frente a escándalos judiciales dañaba tanto su reputación como su relación con los lectores.
Simultáneamente, las relaciones personales entre Oughourlian y Sánchez han sufrido un deterioro notable; incluso se considera roto ese vínculo. Desde Moncloa no ocultan su frustración ante las dificultades para influir sobre un conglomerado mediático que durante mucho tiempo consideraron casi un aliado natural.
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