El orweliano ‘hodiómetro’ del socialista Sánchez, además de estúpido y dictatorial, es inconstitucional

Pedro Sánchez ha decidido implementar una herramienta llamada Hodio, comúnmente conocida como odiómetro, para medir el odio en las plataformas digitales.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya desestimó una propuesta similar en 2018.

En aquel momento, la corte invalidó la recolección de opiniones políticas en internet, argumentando que ello quebranta derechos fundamentales. Solo la Policía tiene la potestad de gestionar datos personales si se ha cometido un delito; por lo tanto, el Gobierno carece de justificación legal para espiar tweets o publicaciones que no constituyan un crimen.

Este odiómetro está bajo la dirección de un alto funcionario del PSOE y parece tener como objetivo silenciar a quienes critican al Gobierno.

Mientras Sánchez clama por «más amor y menos odio», se apresura a dejar sin penalización ataques a creencias religiosas. La herramienta mide la Huella de Odio y Polarización y publica sus hallazgos, al igual que ocurre en Venezuela, donde la Ley contra el Odio de Maduro impone penas de hasta 20 años de prisión por incitar al odio y obliga a las plataformas a eliminar contenido en un plazo de seis horas o enfrentar el bloqueo.

El precedente del Constitucional

En 2018, durante la discusión sobre la Ley de Protección de Datos, varios colectivos se dirigieron al Defensor del Pueblo, quien llevó el asunto ante el Tribunal Constitucional, que resolvió anular el precepto en un plazo de dos meses. La sentencia es contundente:

• No se pueden recopilar datos que revelen ideologías o opiniones políticas en redes.
• Se infringen libertades y derechos fundamentales.
• Solo se deben perseguir delitos, no monitorizar disidencias.

Los partidos PP y Vox deberían impugnar ya esta aberración totalitaria. El Gobierno actúa como una especie de Gestapo digital, imitando a regímenes dictatoriales. En Argentina, el kirchnerismo instauró un organismo similar que ha sido criticado por censurar medios; su responsable, Miriam Lewin, ha enfrentado denuncias por ello.

Copia de regímenes autoritarios

Sánchez parece estar tomando ejemplos de modelos fallidos:

• Venezuela: La ley promulgada en 2017 prohíbe mensajes considerados odio nacional. Cierra medios que difunden propaganda bélica y castiga con penas entre 10 y 20 años de prisión.
• Argentina: Ha creado una unidad para medir la polarización en redes, acusada de ejercer control sobre los medios.
• El paquete legislativo español incluye restricciones para menores de 16 años en redes sociales y tipifica como delito manipular algoritmos.

Mientras tanto, Sánchez parece ignorar sus propios excesos. Sus ministros y aliados insultan sin restricciones, pero ahora desean medir las reacciones de la oposición.

La Constitución Española, en su artículo 20, garantiza la libertad de expresión con ciertas limitaciones relacionadas con el honor y la intimidad (artículo 18). El Tribunal Constitucional, en STC 51/2021, subraya que las expresiones ofensivas no están protegidas si sobrepasan ciertos límites.

A pesar de presentar Hodio como un avance positivo, críticos lo consideran una forma encubierta de censura. En el ámbito internacional, ya enfrenta presiones por otros desaciertos, como su negativa a alcanzar el 5% del PIB en Defensa dentro del marco de la OTAN. Este odiómetro podría acelerar una deriva autoritaria que desafía a la Justicia a detenerlo.

El tiempo avanza: ¿quién detendrá esta máquina destinada a vigilar opiniones?