Albert Castillón incendia el plató al revelar el plan de Begoña Gómez para librarse de la cárcel

Impresionante.

La acusación popular pide veinticuatro años de cárcel para Begoña Gómez por corrupción, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida. Es una situación nunca vista en la historia de la democracia española.

¿Preocupación? Parece que cero. El periodista Albert Castillón alertó en ‘La Burbuja’ (Periodista Digital) que esta noticia parece no quitarle el sueño a Pedro Sánchez y su mujer.

Según sus fuentes, el matrimonio que habita en Moncloa lo tendría todo “bien atado” en caso de una condena. Eso sí, abandonen toda esperanza porque tal y como alertó el comunicador, el presidente del Gobierno, ya en previsión del escenario más desafortunado para su esposa, cuenta con el apoyo del Tribunal Constitucional con la figura de Cándido Conde-Pumpido para anular posibles condenas, comparando el caso con la situación del Fiscal General.

En este sentido, recordó Castillón que el ministro Bolaños impulsó una ley para que los jueces se jubilen obligatoriamente a los 72 años, edad que el juez Peinado -encargado de la instrucción- cumple en septiembre.

Tal y como avanzó, Begoña Gómez tendría supuestamente pasaporte dominicano y doble nacionalidad, por lo que, si todas las medidas de control judicial fallan, el plan consistiría en aprovechar un viaje oficial con su marido para marcharse a la República Dominicana y no regresar a España.

El periodista concluyó asegurando que, mientras Pedro Sánchez siga en el poder, Begoña Gómez no entraría en prisión gracias a los recursos legales y a la red de influencias en la Justicia, un asalto sin procedentes a la democracia y que lleva a la demolición del Estado de Derecho tal y como lo conocemos.

Los cuatro frentes judiciales de Begoña

Tras la finalización de la instrucción por parte del juez Juan Carlos Peinado el pasado 13 de abril de 2026, la esposa del presidente se enfrenta a una propuesta de juicio por cuatro delitos principales.

• Tráfico de influencias: Se investiga si utilizó su estatus y relación personal en La Moncloa para influir en la adjudicación de contratos públicos a favor de empresarios cercanos, como Juan Carlos Barrabés.
• Corrupción en los negocios: Relacionado con su actividad en la Universidad Complutense (UCM) y la supuesta obtención de beneficios o prebendas a cambio de favorecer intereses comerciales privados.
• Malversación de caudales públicos: Este cargo se añadió ante la sospecha de un uso irregular de fondos o recursos institucionales (incluyendo personal de Moncloa) para fines privados.
• Apropiación indebida: Centrado en el polémico software desarrollado para su cátedra en la UCM, el cual habría registrado presuntamente a su nombre a pesar de haber sido financiado por la universidad y empresas colaboradoras.