García Ortiz imputado: el Supremo investiga a un fiscal general por primera vez en la historia

Pintan bastos para Pedro Sánchez.

El Tribunal Supremo (TS) ha dado a conocer que abrirá una investigación contra una de sus principales fichas, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el presunto delito de revelación de secretos. Esta es la primera vez en la historia que se imputa al jefe del Ministerio Público.

La causa judicial se produce luego de que la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, interpusiera un recurso después de que se filtraran sus datos de forma pública por parte de la Fiscalía.

La pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha llevado a los juzgados una nota informativa difundida por la Fiscalía de Madrid, en la que hacía público el intercambio de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por la investigación por presunto fraude fiscal en su contra. Al conocerse la polémica, García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado y aseguró que lo hizo “para desmentir un bulo”.

La admisión a trámite de la querella se produce de forma unánime por parte de la Sala de lo Penal, como había solicitado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a través de exposición razonada. Los magistrados Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo (ponente) y Carmen Lamela han considerado que los hechos pueden ser constitutivos de delito y han asignado a Ángel Luis Hurtado como instructor de esta causa, conforme al turno establecido.

El Supremo ha diferido del criterio de la Fiscalía, que en voz de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, pidió archivar la diligencia al considerar que no había delito en la presunta revelación de datos.

Si bien la Sala explica que las informaciones vertidas en la nota informativa ya habían sido publicadas por distintos medios informativos de prensa y programas radiofónicos, si que pone la lupa en “como tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos, horas antes a dar publicidad a la nota informativa, cuando los mismos estaban en poder del fiscal General del Estado y de la Fiscal Jefa Provincial, enviados por el Sr. Salto a partir de las 22 horas del día 13 de marzo, y dispusieron de ellos ambos para elaborar y consensuar la nota informativa”.

En este sentido, estima que la actuación de García Ortiz ha causado un prejuicio judicial a González Amador. “Resulta obvio que este particular se enfrenta a un proceso judicial y que la revelación del correo del día 2 de febrero de 2024, asumiendo o reconociendo su culpabilidad de dos delitos fiscales -pues en el mismo se indica que el letrado defensor actúa de común acuerdo con el mismo-, no llevada a cabo conforme a los parámetros de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puede tener repercusión en el derecho a la presunción de inocencia, aunque ese reconocimiento no tuviera lugar en el marco del proceso penal y con todas las garantías, se trataba de una propuesta reservada, no compatible -también en el ámbito de las diligencias preprocésales-, con la misión de información a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, fijada estatuariamente para el Ministerio Fiscal (art 4.5 y 50 EOMF), y que puede condicionar la futura tramitación del proceso de este particular, aunque la revelación pudiera tener eficacia probatoria residual, ello no es obstáculo para apreciar, al menos en este momento procesal, un perjuicio derivado de las revelaciones a las que hemos hecho referencia”.

Además del fiscal general, también será investigada la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, quien sería la persona que presuntamente envió a García Ortiz los datos privados para la elaboración de la nota que es el objeto de la querella.

Fiscales piden la dimisión de García Ortiz

Luego de conocerse la imputación del fiscal general, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido la dimisión inmediata de García Ortiz para que no dañe más al crédito de la institución y porque «ha perdido la condición de jurista de reconocido prestigio» que exige el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

En un comunicado, señalan que “es absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado por el Tribunal Supremo como posible autor de un delito (…) ha perdido completamente la autoridad que debe tener el máximo responsable del Ministerio Público”.

“No es posible que pueda continuar ni un minuto más en este puesto, dirigiendo la institución en toda España, pudiendo dar órdenes de forma expresa a cualquier fiscal y en cualquier asunto”, sentencian.

En cuanto a la afirmación de García Ortiz en la que aseguraba que se encontraba “blindado” en su puesto, independientemente del Ejecutivo, inciden en que es “urgente y necesario” modificar el artículo 31 del EOMF, para incluir una nueva causa de cese. Cabe señalar que la duración del mandato es de cuatro años y que solo puede cesar por incompatibilidades, a petición propia, por incapacidad, por incumplimiento grave de sus funciones o cuando cesa el Gobierno.

Afirman que no tiene ningún sentido que cualquier fiscal de España pueda ser suspendido por estar incurso en un procedimiento penal, excepto el fiscal general.