Los enchufes ‘electrocutan’ a Pedro Sánchez: el ‘apagón socialista’ empieza en Badajoz

La corrupción que enfanga al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cada vez le hunde más.

El caso judicial contra David Sánchez, músico y hermano menor del presidente, ha escalado tras casi un año de instrucción. La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha rechazado el recurso presentado por David Sánchez y lo manda a juicio junto a otras diez personas, entre ellas el presidente de la Diputación de Badajoz y líder regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo. Las acusaciones giran en torno a los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, con una posible condena de hasta tres años de cárcel y varios más de inhabilitación si finalmente se demuestra su responsabilidad.

El origen del escándalo se remonta a 2017, cuando David Sánchez fue seleccionado para un puesto en la Diputación de Badajoz. La jueza considera que hubo irregularidades en la contratación y posterior modificación de su cargo, al estar eximida del trámite habitual de negociación y dictamen técnico. El caso salió a la luz tras una denuncia presentada por la asociación Manos Limpias, pero también han intervenido como acusación popular el Partido Popular (PP) y Vox.

Desde Moncloa, el silencio es casi absoluto. El propio Pedro Sánchez no ha realizado declaraciones públicas sobre el asunto, mientras su equipo insiste en que todo parte de una denuncia presentada por una organización vinculada a la ultraderecha. Sin embargo, la realidad es que el procedimiento judicial avanza y la Audiencia Provincial de Badajoz será la encargada de juzgar a los implicados. Las acusaciones piden penas concretas para David Sánchez y los demás procesados, aunque queda por ver si finalmente prosperarán.

La jugada política tampoco ha pasado desapercibida. El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, ha logrado blindarse judicialmente al conseguir su acta de diputado autonómico, lo que le otorga aforamiento. Este movimiento ha sido interpretado por algunos como una maniobra para influir en el devenir del proceso penal, algo que las voces críticas califican como “fraude de ley” y “tribunal a la carta”. La polémica interna dentro del PSOE extremeño es evidente: Gallardo ha tenido que forzar la dimisión y retirada de varios compañeros para acceder al escaño, generando tensiones internas y descontento entre sus filas.

El impacto político del caso es considerable. El entorno más cercano al presidente vuelve a estar bajo sospecha judicial, tras las investigaciones abiertas contra su esposa, Begoña Gómez, hace más de un año. La oposición aprovecha para señalar lo que considera una degradación institucional y moral del Gobierno socialista. El PP ha reclamado incluso la convocatoria inmediata de elecciones generales para “que los españoles se pronuncien sobre esta situación”.

Aunque el Gobierno insiste en normalizar las cosas —como ocurrió con el apagón eléctrico— lo cierto es que cada nuevo escándalo judicial erosiona aún más la credibilidad institucional. La ciudadanía espera respuestas claras y contundentes frente a estos episodios recurrentes.

Alfonso Rojo trata este y otros temas de actualidad en el ’24×7′ de este viernes, 23 de mayo, junto al economista Fran Simón.