La Guardia Civil sitúa a Francina Armengol en el epicentro del caso de mordidas para financiar al PSOE

En la política española, donde los sobresaltos judiciales parecen haberse convertido en el pan nuestro de cada día, el último capítulo tiene como protagonista a Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados y figura clave del PSOE.

A fecha 7 de julio de 2025, la Guardia Civil ha localizado múltiples contactos entre Armengol y José Ruz, constructor actualmente investigado por el Tribunal Supremo bajo la acusación de pagar comisiones ilegales para financiar al partido socialista.

Las pesquisas, lideradas por la Unidad Central Operativa (UCO), han arrojado luz sobre conversaciones intervenidas a miembros de la trama, especialmente en dispositivos electrónicos incautados durante registros recientes. El nombre de Armengol aparece reiteradamente en los archivos de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos y considerado mano derecha en el denominado ‘caso Koldo’. En esos registros, además de referencias explícitas a encuentros entre Armengol y Ruz, se detectan audios y mensajes que refuerzan la relación entre la presidenta del Congreso y el empresario propietario de Levantina Ingeniería y Construcción.

No faltan detalles llamativos: según las comunicaciones custodiadas por Koldo, éste se refería a Armengol con el apelativo cariñoso de “cariño”. Más allá de lo anecdótico, lo relevante es la ingente cantidad de veces que su nombre figura en los materiales intervenidos, así como la reiteración de contactos directos en los meses más críticos de la pandemia. Por entonces, Armengol presidía el Gobierno Balear y adjudicó contratos a Soluciones de Gestión a petición expresa del propio Koldo García.

El suplicatorio que planea sobre el Congreso

La magnitud de los indicios es tal que fuentes próximas a la investigación no descartan que la UCO solicite un suplicatorio al Congreso para poder citar a Armengol como imputada, dada su condición de aforada como presidenta del Congreso. Si finalmente no se solicita su imputación formal, sí podría ser llamada como testigo, una figura para la que no sería necesario dicho procedimiento parlamentario. Este escenario añade más presión institucional sobre una Cámara Baja ya tensionada por otros escándalos recientes.

Mientras tanto, el Partido Popular ha aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para forzar una nueva comparecencia pública de Armengol en la comisión que investiga el caso Koldo. La cita está prevista para el 8 de julio, apenas un día antes de que Pedro Sánchez tenga que dar explicaciones sobre los casos de corrupción que salpican al PSOE tras los informes demoledores elaborados por la Guardia Civil. El PP acusa abiertamente a Armengol de haber mentido sobre sus relaciones con otros protagonistas clave del caso como Víctor de Aldama.

La UCO: presión, ampliación y pulso con Interior

El volumen y complejidad del caso han obligado a la UCO a lanzar una convocatoria interna para ampliar su plantilla, ante la avalancha documental derivada no solo del ‘caso Koldo’, sino también del resto de investigaciones que afectan al círculo socialista. Se buscan perfiles con experiencia en Policía Judicial e incluso conocimientos avanzados en informática para analizar miles de documentos económicos incautados recientemente.

La presión sobre los investigadores ha generado fricciones dentro del propio Ministerio del Interior. Las asociaciones profesionales han denunciado públicamente las presiones injustificadas que sufren los agentes encargados del caso, especialmente tras los intentos desde sectores próximos al PSOE por desacreditar o enturbiar las pesquisas judiciales. En este contexto, la llegada de Aina Calvo como nueva secretaria de Estado de Seguridad se interpreta como un intento por destensar relaciones y garantizar cierta estabilidad operativa entre Interior y la Guardia Civil.

El PSOE ante una tormenta perfecta

La investigación sobre Francina Armengol se suma al terremoto interno que sacude al PSOE desde hace meses. El último informe sobre Santos Cerdán —número tres socialista— le señala directamente como gestor financiero del flujo ilícito detectado por la UCO en la trama Koldo. El propio Cerdán ha anunciado su disposición a declarar voluntariamente ante el Tribunal Supremo.

En paralelo, las pesquisas continúan ampliándose hacia otros gobiernos autonómicos socialistas. La Guardia Civil sigue rastreando contratos adjudicados durante los mandatos autonómicos tanto de Armengol en Baleares como de Ángel Víctor Torres en Canarias. Solo en Baleares se investigan adjudicaciones por valor superior a 12 millones de euros durante la pandemia.