La cuota femenina y el esperpento en el Cuerpo de Bomberos: un aspirante varón asegura ser mujer para asegurarse la plaza

El debate sobre la cuota femenina en los procesos de acceso al Cuerpo de Bomberos ha estallado con fuerza en las últimas semanas, especialmente tras conocerse el caso de un aspirante que, para asegurarse una plaza, se registró como mujer durante las oposiciones.

El episodio ha encendido tanto a colectivos internos como a la opinión pública, poniendo el foco en los límites y consecuencias de las mal llamadas políticas de igualdad cuando se enfrentan a la realidad del mercado laboral.

El suceso más reciente se ha producido en Cataluña, donde un candidato identificado como F.M. intentó acceder al cuerpo en dos convocatorias consecutivas, primero registrándose como hombre y, posteriormente, como mujer, tras la entrada en vigor de una reserva del 40% de plazas para mujeres.

Esta decisión forma parte de una estrategia institucional para aumentar la presencia femenina en un colectivo que sigue siendo abrumadoramente masculino.

La noticia ha generado respuestas inmediatas:

• Bomberos por la Igualdad ha convocado una manifestación este sábado contra la reserva del 40% de plazas para mujeres.
• Miembros del cuerpo denuncian que estas medidas pueden favorecer situaciones de “fraude legal”, aprovechando los cambios registrales facilitados por la Ley Trans.
• Los sindicatos y asociaciones mantienen posturas encontradas sobre el alcance y la idoneidad del sistema de cuotas.

El truco del cambio registral: entre el fraude y la protesta simbólica

Este no es un caso aislado. En los últimos meses se han detectado al menos dos situaciones similares dentro del cuerpo de Bomberos de la Generalitat. Dos efectivos, destinados en Badalona y Vic, cambiaron su sexo en el DNI sin modificar su nombre ni su apariencia física. Uno lo hizo como supuesta forma de protesta contra la medida; el otro, por temor a perder su plaza ante posibles interpretaciones erróneas sobre la aplicación local de las cuotas.

Las investigaciones abiertas por Interior no han concluido con sanciones, ya que no hubo pruebas definitivas de fraude, pero sí han dejado claro el malestar institucional: el director general del cuerpo calificó estas conductas como «fraudulentas» y «reprobables», argumentando que vulneran los derechos tanto de las mujeres como del colectivo LGTBI. La reacción sindical ha sido dispar: mientras algunos consideran inaceptable cuestionar los cambios registrales, otros insisten en que hay que garantizar un acceso meritocrático.

¿Cómo es posible cambiar el género legalmente?

La Ley Trans permite desde 2023 modificar el sexo registral sin necesidad de intervención médica ni informes psicológicos, lo que ha simplificado el trámite tanto en prisiones como en oposiciones o empresas. Esto ha abierto una puerta inesperada: quienes lo deseen pueden acogerse a esta vía para beneficiarse —al menos temporalmente— de ventajas asociadas a políticas positivas o cuotas reservadas.

• En las pruebas físicas para bomberos, las marcas exigidas a las mujeres suelen ser más flexibles.
• El cambio registral es inmediato y solo requiere una declaración formal ante el Registro Civil.
• No existe obligación legal de modificar conducta o apariencia acorde al nuevo sexo registrado.

La respuesta social: manifestaciones y debate público

El impacto no se limita al ámbito interno. La controversia ha movilizado a organizaciones como Bomberos por la Igualdad, que han convocado manifestaciones para denunciar lo que consideran una «imposición injusta» y reclamar que prime “la excelencia y la meritocracia” sobre cualquier otro criterio. Entre sus reivindicaciones destacan:

• Anulación inmediata de la reserva del 40% para mujeres.
• Investigación rigurosa sobre los cambios registrales sospechosos.
• Implantación de sistemas objetivos basados exclusivamente en méritos y capacidades físicas.

Por otro lado, colectivos feministas defienden que estas medidas son necesarias para corregir décadas de discriminación estructural. Argumentan que sin cuotas sería prácticamente imposible romper la inercia masculina en profesiones tradicionalmente dominadas por hombres.

Efectos colaterales: prisiones, administración y empresas

El fenómeno no es exclusivo del sector público ni del mundo laboral. En los últimos años han surgido casos similares en otros ámbitos:

• Personas privadas de libertad han solicitado el cambio registral para acceder a módulos femeninos o mejorar sus condiciones penitenciarias.
• En algunas empresas privadas se han detectado movimientos estratégicos aprovechando políticas internas de diversidad e inclusión.
• Tribunales y administraciones públicas deben enfrentarse ahora al reto jurídico y ético de discernir entre casos genuinos y posibles fraudes oportunistas.

¿Hacia dónde va el debate?

La controversia sobre las cuotas femeninas en cuerpos como el de bomberos revela hasta qué punto las políticas públicas pueden tener efectos inesperados cuando se enfrentan a lagunas legales o resistencias sociales profundas. Los datos muestran que solo un 2% del cuerpo son mujeres, pero también que cualquier intento abrupto de equilibrar esta proporción puede generar tensiones internas graves.

La administración estudia ahora endurecer los controles e incluso modificar procedimientos para evitar fraudes sin poner en riesgo los avances logrados hacia la igualdad real. Mientras tanto, sindicatos, asociaciones profesionales y colectivos LGTBI mantienen posiciones difíciles de conciliar.

El reto sigue abierto: ¿cómo garantizar un acceso justo y equitativo a profesiones esenciales sin abrir grietas que puedan ser explotadas? ¿Debe primar la igualdad formal o la igualdad real? La respuesta dista mucho de ser sencilla, pero lo ocurrido estos días deja claro que cualquier solución deberá ser fruto del diálogo social y el rigor jurídico.