Suma y sigue.
El PSOE vuelve a quedar en entredicho tras una nueva cadena de detenciones que vuelve a poner el foco en su entorno político y en su gestión de los recursos públicos. Mientras el Gobierno intenta restar importancia a los hechos, la realidad judicial continúa avanzando y estrechando el cerco sobre figuras relevantes vinculadas al partido.
La Guardia Civil detuvo a Leire Díez, antigua militante socialista con estrechos vínculos personales y profesionales en la órbita del partido, así como al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos públicos. Ambos se encuentran bajo investigación de la Audiencia Nacional.
A estas detenciones se suma la de Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán, que fue uno de los hombres de máxima confianza en la dirección orgánica del PSOE. Y como si no fuera suficiente, el Congreso ha suspendido al exministro José Luis Ábalos, cuya situación judicial —relacionada con adjudicaciones investigadas durante la pandemia— ha acabado derivando en su ingreso en prisión preventiva.
Todo ello configura una imagen cada vez más preocupante sobre el funcionamiento interno del PSOE y los círculos de poder que lo rodean.
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