El Supremo reconoce un delito de atentado en la agresión a un dentista de la Seguridad Social

El Tribunal Supremo ha reconocido un delito de atentado en la agresión que sufrió en el 2004 un dentista de Catalunya, causada por un paciente al que había extraído una pieza dental, ya que considera que la víctima actuaba como funcionario público.

El alto tribunal ha impuesto impone una pena de un año de cárcel por este delito al agresor, además de cinco años por un delito de lesiones con agravante de alevosía.

El acusado clavó al médico un cuchillo o instrumento similar en el brazo derecho y el costado después de recriminarle que le había hecho daño cuando le extrajo un diente en el centro de asistencia primaria de Can Gibert del Pla de Gerona.

Las lesiones, que requirieron hospitalización de la víctima, le causaron una incapacidad total y absoluta para la profesión de médico odontólogo.

Intereses públicos

El Supremo argumenta que, con el delito de atentado, se sancionan los hechos que atacan al funcionamiento de las prestaciones relativas al interés general que la Administración debe ofrecer a los ciudadanos. El fallo alude a la cualidad de funcionarios públicos de médicos y enfermeros de la Seguridad Social, además de recordar otras condenas similares por atentado.

La actividad prestada no era privada, dice el Supremo, sino enmarcada en el sistema de salud público, «de forma que con su agresión no solo alcanzaba al particular, sino también a intereses públicos consistentes en la protección de la corrección de la función pública».

Indemnización de más de 64.500 €

Además de la pena de cárcel, el tribunal le ha impuesto al agresor una indemnización de 64.592 euros y la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros y de comunicarse con él.