
(PD).- El astuto Rubalcaba sabe vender su mercancía. El ministro de Interior del Gobierno de Zapatero se ha mostrado así se tajante sobre la polémica propuesta de la UE para la repatriación de los inmigrantes clandestinos.
El ministro del Interior ha defendido el apoyo de España a la nueva directiva de los Ventisiete asegurando que de aprobarse la propuesta -este miércoles no se logró un acuerdo- «no habrá un recorte de los derechos de los inmigrantes» sino que permitirá «superar obstáculos en el procedimiento».
El objetivo de la nueva norma planteada por la UE es armonizar los procedimientos que siguen los Estados miembros en la repatriación de inmigrantes irregulares, ya que en la actualidad cada país puede hacer lo que quiera y aplicar los plazos que considere oportunos, ha dicho el ministro a Carles Francino en la Cadena SER.
«La directiva de la UE establece un máximo de seis meses, pero eso no quiere decir que España vaya a utilizar los seis meses, aunque debido a los obstáculos que nos encontramos, sí que ampliaremos el pazo que tenemos a día de hoy de 40 días».
La nueva directiva europea, cuya votación se ha aplazado una semana, es más estricta que el proyecto anterior, ya que reduce el control de los jueces en los procesos de internamiento de los ‘sin papeles’. La norma permite ahora que los internamientos sean acordados también por «las autoridades administrativas» y no sólo las judiciales.
La norma establece que cuando una persona en situación irregular sea expulsada tendrá prohibida su entrada en territorio comunitario durante un periodo de cinco años. Sin embargo, se introduce el principio de retorno voluntario, que evitaría esta prohibición de entrada.
En declaraciones a la Cadena Ser, Pérez Rubalcaba ha querido dejar claro que la nueva normativa comunitaria, que ayer no logró el consenso de los Veintisiete por el rechazo frontal de diez de sus países con Alemania y Francia al frente, no supondrá en ningún caso un recorte de derechos para España.
El nuevo reglamento, ha añadido, ofrece un acuerdo de mínimos obligatorios para todos ya que actualmente hay algunos países de la UE donde el trato a los inmigrantes irregulares no está legislado y carece de la necesaria tutela judicial. No obstante, estos extremos no se dan en España, ha destacado el ministro, gracias al carácter garantista de la ley española en lo que respecta a los derechos de los sin papeles.
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