Siguiendo las instrucciones expresas proporcionadas por el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública liderada por el juez Fernando Presencia, ha ampliado contra Felipe González la denuncia que ya había interpuesto, y ahora vuelve a reproducir, contra el magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

De esta forma, el expresidente del Gobierno de España, Felipe González Márquez, ha sido denunciado por hechos que ya se pusieron en conocimiento inicialmente del CGPJ al amparo de la Directiva Europea UE 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, pero sólo respecto del magistrado Cándido Conde-Pumpido.

Tras la denuncia original ante el Poder Judicial, éste respondió a la asociación contra la corrupción literalmente lo siguiente: “Los hechos que se denuncian transcienden lo disciplinario pues imputa a determinado miembro de la carrera judicial una actuación abiertamente delictiva, siendo que la responsabilidad penal de jueces y magistrados con ocasión del ejercicio de su potestad jurisdiccional no corresponde declararla al Consejo General del Poder Judicial sino a los diferentes órganos jurisdiccionales que, según los casos, tienen atribuida esta competencia de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y ante los cuales el denunciante puede ejercitar las acciones que considere oportunas”.

En su denuncia ante el CGPJ la asociación exponía que tres magistrados del Tribunal Supremo se habrían presuntamente dejado sobornar para cambiar el curso de la sentencia de los GAL dejando fuera de ella a Felipe González.

Según ADOCAP, unas cartas recuperadas de un procedimiento judicial lo podrían acreditar. Los hechos habrían ocurrido en 1996, cuando el ahora denunciado acababa de ser nombrado magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo. Esas cartas nunca fueron cuestionadas y por ello ACODAP quiere que sean recuperadas del expediente de ese procedimiento judicial archivado hace 13 años. Las misivas podrían servir para acreditar que esos tres magistrados del Supremo se habrían presuntamente dejado sobornar para dejar fuera del procedimiento al entonces presidente del Gobierno, Felipe González.

De acuerdo con un documento que se acompaña a la denuncia, Conde-Pumpido se habría dirigido en octubre de 1996 por escrito a González. Tras alabanzas de cortesía, le anticiparía que no tendría que comparecer como imputado en el juicio sobre la utilización de los fondos reservados en la guerra sucia contra ETA.

Esa misma carta habría servido al entonces magistrado del Supremo para comunicarle a Felipe González que aceptaba la cantidad que se le había hecho llegar a través de un intermediario. En ella se lee: “Estoy de acuerdo con la oferta que me pasó su contacto”, prosigue la carta atribuida a Conde-Pumpido. Aunque advierte que esa cantidad “tendrá que hacerla extensiva a otros 2 miembros de los 10 que acordarán que el próximo día 4 de noviembre no se le cite (ni siquiera) en calidad de testigo”.

Este documento forma parte del expediente judicial numerado como Recurso 20206/2006 de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, incoado como consecuencia de una querella interpuesta contra el entonces fiscal jefe Superior de Cataluña, José María Mena Álvarez.

Directiva de la Unión Europea

Como señala ACODAP en su denuncia dirigida al máximo órgano de gobierno de los jueces, la Directiva (UE) 2019/1024 de 20 de junio de 2019 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público, contempla como derecho fundamental de los ciudadanos de la Unión el acceso a los documentos incorporados a cualquier archivo público de los juzgados y tribunales.

Presentada una primera denuncia, correspondió al juzgado de instrucción 32 de Madrid, cuya titular, Rosa María Freire Pérez, acordó el sobreseimiento y archivo de las actuaciones por considerar, al margen de la Ley, que Conde-Pumpido solo podía ser investigado previa formulación de una querella ante el Tribunal Supremo por su condición de aforado.

No obstante, ACODAP ha vuelto a reproducir su denuncia ante el juzgado de guardia de Madrid, dirigiéndola esta vez con carácter principal, contra el expresidente del Gobierno, Felipe González.