Sánchez da el golpe final y aviva el pucherazo electoral: él y la SER escrutarán los votos

“La mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo” y esta premisa romana la vienen rompiendo desde hace tiempo en el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde hace algunos meses circulan insistentes informaciones en las redes sociales que apuntan a las sospechas de un posible fraude electoral gracias al control que ya ejerce Sánchez en Indra, no solo por la participación pública de esta compañía sino también por la parte que le corresponde a Prisa.

Los propietarios de medios tan radicalmente sanchistas como la Cadena SER o El País tendrá un papel fundamental en el escrutinio de todos los votos que se registren en la próxima cita electoral, la de las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2023.

Y es que el Ministerio del Interior, del nefasto Fernando Grande-Marlaska, ha  encargado el escrutinio de las próximas elecciones a Indra pese a que no presentaron a tiempo la documentación exigida por Ley. Y es que la citada empresa no entregó en plazo la documentación para presentarse al concurso convocado por la Dirección General de Política Interior, para la «obtención y difusión provisional de los datos del escrutinio de los procesos electorales y consultas populares» que puedan celebrarse en los próximos cuatro años. Un contrato por un importe máximo de 39,93 millones de euros.

En este sentido, fuentes de Interior consultadas por Periodista Digital no han dudado en señalar esta prórroga concedida por Grande-Marlaska a Indra como “arbitraria y trato de favor”.

Sospechas hasta en Colombia

Un trato de favor para sí mismo porque Indra está muy relacionada con Pedro Sánchez: la SEPI es el primer accionista. El segundo es el fondo de inversión estadounidense Fidelity Management & Research, que posee el 10 %, y el tercero es Prisa: su presidente, Joseph Oughourlian, compró el 5,1 % del accionariado de Indra en representación del fondo Amber Capital (y tiene autorización para llegar hasta el 9,9 %).

Este entramado a primera vista nada imparcial supondría, según las mismas fuentes consultadas por PD, “un evidente conflicto de interés en cualquier otro concurso público y además pone en riesgo la credibilidad de todo el sistema electoral español y, por tanto, de la democracia”.

Indra, además, tiene antecedentes sobre posibles fraudes electorales a favor de los intereses de partidos de izquierdas. Caso significativo fue lo ocurrido en los recientes comicios de Colombia, donde se impuso el candidato de la izquierda, el ya expresidente Andrés Pastrana y miembros del Partido Conservador acusaron a la empresa española encarga del escrutinio de fraude para otorgar la victoria a la candidatura izquierdista de Gustavo Petro.