El vicepresidente de Canarias denuncia que Pedro Sánchez bloquea el reparto de menas por Europa

La acusación de Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias y líder regional del Partido Popular, contra el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pone en evidencia la profunda división política que está afectando la gestión de la crisis migratoria en España, particularmente en lo que respecta a la atención de los menores migrantes no acompañados.

Para el vicepresidente de Canarias «Es vomitivo ver cómo son capaces (el gobierno Sánchez) de jugar con la vida de las personas única y exclusivamente por garantizar una situación de enfrentamiento político de división de la sociedad y de paso poder romper o no este pacto en nuestra tierra, en Canarias», denuncia.

«Por lo tanto, creo -agrega- que la decisión que ha adoptado el Partido Popular es de absoluta responsabilidad para de una vez por toddas exigir al gobierno de España que acepte la derivación o la ayuda que nos presta Europa».

«Esa derivación de menores no acompañados a países miembros de la Unión Europea, el despliegue del Frontex que como no, la ayuda de, en este caso, la oficina de asilo. Creo que es sumamente importante para resolver este grave problema».

Domínguez no solo acusa a Torres de «traicionar» a Canarias, sino también señala al Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, por ignorar una oportunidad brindada por Europa para abordar esta problemática de manera más efectiva.

Este conflicto político, lejos de ser solo una disputa más entre partidos, refleja un problema de fondo: la falta de coordinación y unidad en la gestión de un desafío tan complejo como el de la inmigración, y más aún, cuando involucra a menores no acompañados. El cruce de acusaciones, donde Domínguez acusa al Ejecutivo de «reventar» el diálogo sobre la reforma de la ley de extranjería, parece más una jugada política que una búsqueda real de soluciones. Lo más alarmante es que, en medio de esta pugna, los menores migrantes, que ya enfrentan situaciones de vulnerabilidad extremas, son los que más sufren.

La acusación de que el Gobierno central tiene un «vomitivo» interés en enfrentar a las comunidades autónomas es un ejemplo claro de cómo los temas de política migratoria están siendo utilizados como armas en una lucha de poder, en lugar de priorizarse el bienestar de los afectados. Lo que debería ser un diálogo constructivo entre el Estado y las autonomías se convierte en un campo de batalla que solo entorpece la posibilidad de una respuesta integral y humana a la crisis migratoria.

El desafío de atender a los menores migrantes no acompañados es enorme y necesita una respuesta conjunta, no fragmentada. Canarias, por su situación geográfica, ha sido uno de los puntos de mayor presión migratoria en los últimos años, y en lugar de un enfrentamiento entre administraciones, lo que se necesita es un esfuerzo coordinado para aprovechar cualquier oportunidad de apoyo que pueda ofrecer Europa. Sin embargo, esta disputa parece alejar cada vez más a los actores políticos de una solución real.