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CRISIS INSTITUCIONAL EN LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

El Gobierno Sánchez inicia «purgas de altos mandos» de la Guardia Civil, tras los audios del PSOE contra la UCO

Los sindicatos de la Guardia Civil denuncian una purga sistemática contra los altos mandos que investigan casos sensibles para el Gobierno

Periodista Digital 27 May 2025 - 00:10 CET
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La tensión entre el Gobierno Sánchez y la Guardia Civil ha alcanzado un punto crítico tras la publicación de unos audios que revelan un presunto intento del PSOE para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO), el cuerpo de élite de la Benemérita.

El escándalo, que ha estallado este lunes 26 de mayo de 2025, pone en el centro de la polémica al teniente coronel Antonio Balas Dávila, jefe de la UCO, quien dirige investigaciones de alta sensibilidad política que afectan directamente al entorno del presidente Pedro Sánchez.

La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, JUCIL, no ha tardado en reaccionar con contundencia, denunciando lo que consideran «una purga sistemática que el Gobierno del PSOE ha llevado a cabo en los altos mandos» de la institución desde 2018.

Según el comunicado emitido por el sindicato, esta campaña se ha intensificado especialmente contra la UCO, unidad que «ha demostrado mayor independencia y valentía en la lucha contra la corrupción» a lo largo de su historia.

La operación contra Antonio Balas al descubierto

El detonante de esta crisis ha sido la publicación por parte del diario El Confidencial de un audio comprometedor donde presuntamente personas vinculadas al PSOE solicitan a Alejandro Hamlyn, un empresario procesado por fraude fiscal, información que pudiera comprometer al teniente coronel Antonio Balas. La gravedad del asunto radica en que Balas es precisamente quien lidera investigaciones de alto voltaje político como el caso Koldo o las pesquisas sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

En la grabación de la reunión telemática celebrada en febrero, se puede escuchar a Leire Díez Castro, ex teniente de alcalde socialista que ha ocupado cargos en empresas públicas como Enusa y Correos, y que según las informaciones trabaja actualmente en la sede del PSOE en Ferraz. En un momento de la conversación, Díez llega a comparar a la Guardia Civil con «la Camorra», en un intento por convencer a Hamlyn de que proporcione material comprometedor contra Balas.

«Interesa más saber de dónde viene esta génesis. Tú has sido víctima de la Camorra, pero de la propia, de la Camorra de la Guardia Civil», se escucha decir a Díez en el audio filtrado. Según las informaciones publicadas, la operación incluía ofrecer posibles beneficios judiciales a Hamlyn a cambio de su colaboración para desacreditar al mando policial.

Un patrón de «purgas» en la Guardia Civil

Los sindicatos de la Guardia Civil han aprovechado este escándalo para denunciar lo que consideran un patrón sistemático de ceses y presiones dirigidas a «desmantelar la capacidad operativa» de la UCO. En su comunicado, JUCIL recuerda otros casos que interpretan como «purgas» dentro del cuerpo, entre ellos:

«Ahora vemos cómo se pretende apartar también al teniente coronel Antonio Balas, responsable de investigaciones clave que afectan al entorno del presidente del Gobierno, incluyendo a su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez», subraya el comunicado de JUCIL, que acusa a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, de utilizar a los agentes como «moneda de cambio» en sus negociaciones con el Ministerio del Interior.

La defensa del PSOE ante las acusaciones

Ante la gravedad de las acusaciones, el PSOE ha reaccionado con rapidez desmintiendo «de forma categórica» que exista una operación clandestina para desmantelar la UCO. Fuentes del partido han calificado las informaciones como «bulos» destinados a desprestigiar al Gobierno en un momento político delicado, con varias investigaciones judiciales en curso que afectan a personas del entorno presidencial.

Sin embargo, la contundencia de los audios publicados y la identificación de personas concretas vinculadas al partido en la operación complican la estrategia defensiva de los socialistas. La oposición ya ha anunciado que pedirá explicaciones en sede parlamentaria y exigirá la comparecencia del ministro del Interior para aclarar estos hechos.

El teniente coronel Balas: un perfil incómodo para el poder

Antonio Balas Dávila se ha convertido en una figura central de esta crisis. Como jefe de la UCO, ha dirigido algunas de las investigaciones más sensibles de los últimos años, destacando especialmente por su papel en el caso Koldo, que investiga presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia y que salpica a personas próximas al Gobierno.

Más recientemente, Balas ha estado al frente de las pesquisas sobre las actividades de Begoña Gómez, esposa del presidente, cuyas presuntas conexiones empresariales están siendo investigadas por posible tráfico de influencias. Esta investigación ha generado un enorme malestar en La Moncloa, hasta el punto de que el propio Pedro Sánchez llegó a tomarse cinco días de reflexión sobre su continuidad al frente del Gobierno cuando saltó a la luz pública.

La trayectoria profesional de Balas se caracteriza por su independencia y rigor, cualidades que le han granjeado el respeto dentro del cuerpo pero que, según los sindicatos, le han convertido en un objetivo a batir por parte del actual Gobierno.

Las consecuencias políticas e institucionales

El escándalo trasciende lo meramente policial para adentrarse en terreno político e institucional. La presunta injerencia del partido gobernante en investigaciones policiales supone un grave cuestionamiento de la separación de poderes y de la independencia de las fuerzas de seguridad.

La oposición no ha tardado en calificar los hechos como «extremadamente graves» y ha anunciado que utilizará todos los mecanismos parlamentarios disponibles para exigir responsabilidades. Algunos partidos incluso han planteado la posibilidad de solicitar la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su responsabilidad política en el asunto.

Por su parte, los sindicatos policiales han mostrado su solidaridad con la Guardia Civil y han advertido sobre el peligro que supone para la democracia la politización de las fuerzas de seguridad. «Los agentes de la institución se han convertido en moneda de cambio para la directora general de la Guardia Civil en sus negociaciones con el Ministerio del Interior y el Gobierno», denuncia JUCIL en su comunicado.

Un escándalo con múltiples ramificaciones

La trama para desacreditar a la UCO se produce en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y determinados estamentos judiciales y policiales. El propio presidente Sánchez ha denunciado en varias ocasiones lo que considera una «máquina del fango» destinada a desprestigiarle a él y a su entorno.

Sin embargo, la aparición de estos audios invierte los términos del debate, situando al PSOE como presunto instigador de una operación para desacreditar a quienes investigan casos comprometedores para el Gobierno. El empresario Alejandro Hamlyn, pieza clave en esta trama, habría solicitado garantías escritas a cambio de colaborar, lo que finalmente no se produjo al comprobarse que no poseía pruebas reales contra Balas ni contra la UCO.

La filtración de esta operación fallida pone de manifiesto la existencia de una guerra soterrada entre diferentes poderes del Estado, con la Guardia Civil y especialmente la UCO en el centro de la diana. Los próximos días serán cruciales para determinar el alcance político de este escándalo y sus posibles consecuencias institucionales.

Como dato curioso, la UCO fue creada en 1987 y desde entonces se ha convertido en una unidad de referencia en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción política. A lo largo de su historia ha participado en algunas de las investigaciones más relevantes de la democracia española, como los casos Gürtel, Púnica o Lezo, lo que le ha valido tanto reconocimiento profesional como enemistades en diversos ámbitos del poder político y económico.

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