‘Marrullerías La Moncloa’: el aforamiento tramposo de Gallardo retrasa 8 meses el juicio al hermano músico de Sánchez

En la penúltima jugada del culebrón judicial que salpica a David Sánchez ‘Azagra’, hermano del presidente del Gobierno, la política española vuelve a ofrecer un episodio digno de serie B.

El reciente aforamiento tramposo de Miguel Ángel Gallardo, presidente saliente de la Diputación de Badajoz y hasta ahora uno de los principales encausados junto al cuñado de Begoña, ha generado un revuelo monumental.

El trasfondo: la maniobra servirá para que el caso pase al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), alejando momentáneamente el juicio oral y generando un retraso estimado en, como poco, ocho meses.

El clima en Madrid es denso y tenso.

La prensa especializada ya lo define como “estrategia sucia” que busca proteger a los acusados con nuevos escudos procesales.

Y no es para menos.

La magistrada del Juzgado de Instrucción Nº3 de Badajoz había acordado abrir juicio oral contra David Sánchez ‘Azagra’ por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la creación, allá por 2017, de una plaza pública diseñada a medida para él como músico en la Diputación pacense.

¿Cómo funciona el “aforamiento en diferido”?

El mecanismo es sencillo pero efectivo. Miguel Ángel Gallardo anunció su dimisión como presidente de la Diputación para pasar a ser diputado autonómico en la Asamblea de Extremadura. De este modo, adquiere la condición de aforado: solo podrá ser juzgado por el TSJEx y no por la Audiencia Provincial de Badajoz.

Esta jugada tiene un doble efecto:

• Obliga a trasladar toda la causa al tribunal superior, lo que exige nombrar un nuevo instructor y reordenar las actuaciones.
• Supone un parón procesal inmediato: según cálculos judiciales, el retraso mínimo será de ocho meses. Pero fuentes jurídicas advierten que podría alargarse más aún por el “lío procesal” generado y los recursos que se avecinan.

Gallardo pretende además anular el auto de apertura del juicio oral dictado por la jueza instructora Beatriz Biedma, lo que podría multiplicar los plazos si prosperan sus argumentos legales.

«Anular decisiones adoptadas con anterioridad exigiría un exhaustivo esfuerzo de motivación», advierte su defensa en un escrito remitido a la jueza.

¿Por qué importa tanto este caso?

No se trata solo del futuro judicial de David Sánchez o Gallardo. El escándalo alcanza al núcleo duro del PSOE y, por extensión, al propio Pedro Sánchez. La juez Biedma subraya en sus autos la “capacidad de influencia” del presidente sobre los cargos del partido que crearon y adjudicaron esa plaza pública tan peculiar para su hermano. No olvidemos que cuando se diseñó el puesto, David Sánchez ni siquiera tenía trabajo estable ni vínculos conocidos en Badajoz; lo único claro era su parentesco con el líder socialista nacional.

El impacto mediático y político es enorme:

• Las acusaciones populares piden tres años de cárcel para los principales imputados por tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal.
• Reclaman además que se devuelvan los salarios cobrados indebidamente a la Diputación.
• La Fiscalía, sin embargo, ha solicitado archivar la causa contra David Sánchez al no ver indicios claros de criminalidad.

La oposición ha cargado con dureza contra La Moncloa por lo que consideran una operación para proteger al círculo presidencial mediante argucias legales. La percepción social es devastadora: cargos públicos que buscan tribunales supuestamente más “favorables”, mientras los procesos se dilatan hasta rozar el absurdo administrativo.

Consecuencias políticas inmediatas (y no tanto)

En términos políticos, este caso golpea varias líneas sensibles:

• Desgasta aún más la imagen del Gobierno en un momento delicado para el PSOE tras otros escándalos recientes.
• Refuerza el discurso antisistema sobre las élites políticas y judiciales “blindándose” ante las consecuencias legales.
• Abre una brecha entre las bases socialistas extremeñas y Ferraz, en medio del debate sobre regeneración democrática.

De puertas adentro, crece el malestar entre quienes ven cómo los intereses personales y familiares acaban contaminando toda una legislatura.

A medio plazo, si finalmente prospera la estrategia del aforamiento:

• El proceso puede quedar en vía muerta o diluirse por pura fatiga judicial.
• Si se confirma condena (pese a las trabas), sería un hito histórico: nunca antes un familiar tan directo del presidente habría sido condenado por corrupción vinculada al partido gobernante.

Curiosidades y datos llamativos

El caso está plagado de detalles dignos de antología política:

• Gallardo ha conseguido “comprarse” el aforamiento puenteando incluso a cinco diputados regionales para acelerar su nombramiento como parlamentario autonómico.
• Una vez trasladado al TSJEx, parte del tribunal podría estar compuesto por magistrados propuestos directamente por partidos políticos… justo aquellos implicados en este tipo de causas.
• Entre las acusaciones populares están asociaciones tan dispares como Vox, Manos Limpias o Hazte Oír, normalmente enfrentadas pero hoy aliadas contra lo que califican como “tráfico de indecencias” más allá del mero tráfico de influencias.

Y para terminar con una nota casi cómica: según el sumario, David Sánchez llegó a desempeñar tan poco su labor pública que ni sabía dónde estaba su despacho ni quiénes eran sus subordinados directos. Un clásico español: cobrar sin aparecer por la oficina.

En definitiva, esta saga promete nuevos capítulos. La política española demuestra una vez más su capacidad para convertir cualquier expediente administrativo en una novela negra… o en una tragicomedia nacional según cómo se mire.