Billetes y favores en la Hacienda de ‘Chiqui’ Montero: el ‘tres’ de la socialista acusado de cobrar un soborno de 100.000 euros

En los mentideros políticos de Madrid hay un runrún que no cesa: el presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), José Antonio Marco Sanjuán, está en el epicentro de un escándalo que amenaza con reescribir los manuales de ética pública en España.

Un empresario, cuya identidad permanece protegida, ha confesado haber pagado más de 100.000 euros en efectivo al alto cargo del Ministerio de Hacienda a cambio de que este “le diera la razón” en varios recursos, evitando así el pago de cuantiosas sanciones a la Agencia Tributaria.

La trama, según revela Alejandro Entrambasaguas en El Debate, incluye entregas de dinero en cafeterías cercanas al despacho oficial, resoluciones administrativas favorables y la sombra alargada del cohecho, un delito penado con hasta seis años de cárcel.

La mecánica del presunto fraude resulta tan sencilla como inquietante. El empresario explica que las entregas se realizaban en billetes y siempre tras pactar que sus recursos serían estimados por el TEAC. Este organismo, dependiente directamente de María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, es clave en la resolución de litigios fiscales millonarios.

El procedimiento se habría repetido con otros empresarios. En uno de los casos, Marco Sanjuán cobró 24.200 euros tras favorecer a una azucarera que evitó el pago de más de un millón a Hacienda gracias a tres resoluciones administrativas “casualmente” favorables. El esquema utilizado para camuflar los pagos incluía facturas cruzadas entre sociedades interpuestas, importes idénticos y conceptos tan sugerentes como “seminario declaración”, pese a que las empresas beneficiadas no parecían demandar tales servicios.

La mano invisible del cohecho: ¿quién es responsable?

Juristas consultados por varios medios lo tienen claro: los hechos descritos encajan en el delito de cohecho tanto en su modalidad pasiva (funcionario que acepta dádivas) como activa (particular que ofrece pagos). La pena máxima alcanza los seis años de cárcel. Para mayor escarnio, la sociedad instrumental utilizada por Marco Sanjuán carecía de empleados o actividad real. Y al frente figuraba un amigo personal como administrador “testaferro”, lo que refuerza la sospecha sobre la intencionalidad ilícita.

La reacción oficial ha sido escasa y poco convincente. Marco Sanjuán ha calificado las preguntas sobre cobros indebidos como “bestialidad”, mientras su superior directo, el secretario de Estado Jesús Gascón —íntimo suyo— guarda silencio sepulcral. Un silencio tan denso como el café donde se fraguaban los acuerdos.

Chiqui Montero: una ministra con historial accidentado

El caso salpica directamente a María Jesús Montero, conocida popularmente como “Chiqui Montero”. No es la primera vez que su gestión se ve envuelta en polémicas o pifias administrativas. Desde su llegada al Ministerio tras pasar por la Junta de Andalucía, la lista de incidencias y controversias fiscales se ha hecho larga: desde inspecciones fallidas hasta rectificaciones millonarias o filtraciones interesadas desde la Agencia Tributaria.

Montero fue precisamente quien ascendió a Marco Sanjuán al puesto clave del TEAC en 2018, apostando por un perfil “técnico” pero muy bien relacionado dentro del aparato fiscalista socialista. Ahora, su apuesta personal se convierte en una patata caliente política justo cuando el Gobierno necesita dar imagen de ejemplaridad.

Un historial repleto de pufos… y no precisamente pequeños

El ‘tres’ de Montero no solo arrastra este escándalo reciente. Según diversas investigaciones periodísticas:

• Ostentó participaciones significativas (hasta el 25%) durante más de una década en una red de salones inmobiliarios repartidos por toda España.
• Acumula sentencias condenatorias por impagos que superan los 200.000 euros, incluyendo una sanción confirmada por el Supremo por valor de 180.000 euros.
• Fue apodado “el rey del fraude” por su habilidad para esquivar obligaciones fiscales… todo ello mientras ejercía funciones clave dentro del sistema tributario español.
• Tras ser descubierto ocultando participaciones empresariales —algo prohibido para altos cargos públicos— vendió precipitadamente sus acciones a precio simbólico; una maniobra desesperada que no le libró del reproche legal ni mediático.

Las consecuencias políticas y jurídicas

Este caso plantea varias incógnitas:

• ¿Hasta dónde llega la responsabilidad política directa o indirecta del Ministerio?
• ¿Cuántos expedientes pueden estar contaminados por prácticas similares?
• ¿Qué impacto tendrá sobre la confianza ciudadana en Hacienda?

El Parlamento ya prepara comparecencias urgentes y varios partidos han solicitado dimisiones inmediatas. No faltan quienes recuerdan otros escándalos recientes (como los casos Kitchen o Tito Berni) para exigir reformas profundas.

No deja de ser paradójico que quienes debían velar por el cumplimiento fiscal hayan acabado perfeccionando —según las acusaciones— todo un arte para sortearlo. Si algo demuestra este escándalo es que ni siquiera en Hacienda llueve sobre mojado… aquí cae directamente un chaparrón torrencial.