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La Guardia Civil implica a la cúpula socialista en contratos amañados

El informe de la UCO sacude al PSOE: Cerdán, epicentro de una operación judicial que desnuda a Ábalos por corrupción en obra pública

El Supremo lanza registros en toda España tras un informe que conecta a Santos Cerdán y José Luis Ábalos con adjudicaciones irregulares y una red clientelar que amenaza la estabilidad política del Gobierno

Periodista Digital 11 Jun 2025 - 13:51 CET
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El martes 10 de junio de 2025, España amanecía con una noticia digna de thriller político: la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desataba una operación secreta, ordenada por el Tribunal Supremo, para registrar domicilios y sedes de empresas constructoras en varias provincias.

El detonante: un extenso informe policial que implica directamente a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez, en una supuesta trama de corrupción vinculada a la adjudicación de obras públicas millonarias durante el mandato de José Luis Ábalos como ministro de Transportes.

La escena recuerda a los grandes escándalos del pasado, pero con un giro contemporáneo: la investigación no solo apunta a un exministro, sino que alcanza a los máximos responsables orgánicos del partido gobernante.

Un caso que ha puesto en jaque la credibilidad institucional y alimenta el escepticismo ciudadano ante la eterna promesa de transparencia.

El “cupo” de Aldama, las obras subrayadas y el manuscrito de Koldo

Entre los hallazgos más llamativos figura un listado excel con obras públicas subrayadas en rosa, que según el empresario Víctor de Aldama—considerado presunto conseguidor—identifican contratos ya asignados a empresas afines antes siquiera del concurso público. El archivo, localizado entre la documentación aportada por Aldama al juzgado, incluye hasta 75 páginas provenientes de los anexos de inversiones del Ministerio de Transportes para 2021, centrados especialmente en la Dirección General de Carreteras. Las obras resaltadas corresponderían a encargos menores supuestamente repartidos entre constructoras seleccionadas por la trama.

Junto a esta pieza documental, cobra protagonismo el llamado “manuscrito de Koldo”. Se trata de anotaciones y mensajes recuperados en dispositivos intervenidos a Koldo García Izaguirre, exasesor ministerial y enlace clave entre Ábalos y Cerdán. En dichos mensajes se discuten directamente adjudicaciones millonarias para grupos como Acciona—con especial incidencia en Navarra y País Vasco—y se detallan instrucciones para favorecer a determinadas firmas en las licitaciones públicas.

Para añadir color al guion, las pesquisas han desvelado conexiones insólitas: desde imágenes de Koldo luciendo pantalones con el logo de Servinabar 2000 SL (empresa adjudicataria del polémico túnel navarro de Belate) durante competiciones rurales, hasta reuniones privadas entre empresarios investigados y autoridades forales como María Chivite.

El papel central de Santos Cerdán: poder territorial y favores cruzados

La investigación describe un modus operandi donde Santos Cerdán, desde su posición privilegiada en Ferraz, habría ejercido presión para beneficiar a constructoras próximas mediante contactos directos con altos cargos autonómicos y locales. Navarra y País Vasco aparecen como epicentros del reparto irregular gracias al control territorial ejercido por Cerdán desde hace años.

No faltan detalles rocambolescos: chats cifrados recuperados por la UCO evidencian conversaciones sobre repartos y justificaciones técnicas “ad hoc” para justificar puntuaciones que acabaron favoreciendo a empresas como Acciona o Servinabar. Los interventores llegaron a advertir sobre la falta de imparcialidad en las mesas de contratación y el uso fraudulento de certificados de experiencia para cumplir los requisitos formales.

La operación ha sacado a relucir viejas heridas: Acciona ya fue condenada por corrupción en el caso Plaza (Plataforma Logística de Zaragoza), donde se desviaron más de 150 millones. Ahora vuelve al centro del huracán bajo sospecha de prácticas similares en tierras navarras.

La reacción política: sálvese quien pueda (o cómo contener daños)

El Gobierno ha optado por un perfil bajo mientras los registros se suceden. Desde el entorno socialista se insiste en la presunción de inocencia y se tilda todo el asunto como una “sospecha mayor que los indicios”, según palabras del propio Ábalos. Sin embargo, los jueces hablan claro: hay grabaciones y documentos que apuntan a una estructura organizada dentro del Ministerio.

El caso amenaza con convertirse en una bola imparable. La vicepresidenta valenciana Susana Camarero no ha tardado en cargar contra Moncloa: “El Gobierno está acorralado por corrupción”. Exige explicaciones directas tanto al presidente como al resto del Ejecutivo por la inacción frente a quien fue considerado “la mano derecha” no solo en el partido sino también en el Gobierno.

En paralelo, crecen los rumores sobre “gabinetes de crisis” internos y movimientos para proteger posiciones clave ante un posible terremoto judicial. Algunos analistas apuntan incluso a intentos velados para forzar una crisis que permita rearmar el Ejecutivo o descabezar instituciones incómodas como Interior o la propia UCO.

Consecuencias posibles: ¿fin del blindaje institucional?

Más allá del ruido mediático, lo cierto es que la operación abierta por el Supremo marca un antes y un después. Por primera vez desde hace décadas, se investigan conexiones directas entre la cúpula orgánica socialista y amaños sistemáticos en obra pública. El sumario promete arrojar luz sobre mecanismos clientelares largamente sospechados pero rara vez documentados con tal nivel de detalle.

En términos políticos:

Y mientras tanto…

Curiosidades y datos insólitos

El tablero político español vuelve a girar entorno a sobresaltos judiciales e intrigas palaciegas. Y aunque nadie parece dispuesto —por ahora— a asumir responsabilidades políticas inmediatas, lo cierto es que el caso Cerdán ha abierto una grieta difícilmente reparable antes del próximo ciclo electoral.

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