El socialista Sánchez paga a escondidas el apoyo de los xenófobos de Junts y los separatistas de ERC con altos cargos en empresas estatales

En la España de 2025, la política parece un tablero donde las piezas se mueven entre bambalinas.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y hábil superviviente político, se encuentra más que nunca en manos de quienes, paradójicamente, han hecho de la ruptura con España su principal bandera: los partidos separatistas catalanes, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

La estabilidad del Ejecutivo depende, cada semana, de sus votos y de un frágil equilibrio parlamentario que obliga a concesiones inconfesables a ojos del gran público.

Lejos quedan los discursos grandilocuentes sobre la unidad nacional.

Hoy, lo que impera es la necesidad urgente de sumar apoyos para sobrevivir una legislatura que, según insisten en Moncloa, agotará su recorrido pese a los múltiples frentes judiciales y mediáticos que acechan al entorno socialista.

Y es aquí donde entra en juego el arte del «colocómetro» nacional: el reparto de altos cargos en empresas estatales como moneda de cambio para fidelizar a unos socios con tantas exigencias como ambiciones propias.

Altos cargos como premio: la nueva política del «puerta a puerta»

La estrategia no tiene demasiado misterio pero sí un trasfondo inquietante: según ha revelado recientemente El Debate, los independentistas catalanes han logrado situar a una decena de personas afines en consejos de administración tan relevantes como los del Banco de España, Renfe o Aena. Estos nombramientos se gestionan por la puerta de atrás, lejos del foco mediático y con una discreción que contrasta con la habitual escenificación política.

¿El objetivo? Amarrar lealtades mientras se negocian otras carpetas más espinosas: desde el reconocimiento oficial del catalán en la Unión Europea hasta la transferencia total de competencias en inmigración o, por supuesto, la amnistía integral para Carles Puigdemont. En privado, en Junts reconocen cierto nerviosismo ante la posibilidad de que una caída abrupta del PSOE arrastre también sus expectativas electorales futuras. Por su parte, ERC mantiene una alianza más sólida con los socialistas, tanto en Madrid como en Barcelona, conscientes de que su influencia depende directamente de sostener al actual inquilino de La Moncloa.

El récord histórico del enchufismo institucional

El fenómeno no es nuevo ni exclusivo del actual ciclo político, pero sí ha alcanzado cotas inéditas bajo el mandato socialista. A finales de 2024 se contabilizaban 799 altos cargos nombrados a dedo, la mayor cifra desde la restauración democrática. Son 42 más que el año anterior y 128 por encima del último registro bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. Si a eso sumamos los asesores eventuales —más de 1.200— y los cargos intermedios designados discrecionalmente (nivel 30), el mapa institucional revela un auténtico ejército de leales repartidos por toda la administración pública.

Las cifras hablan por sí solas:

• Gasto anual en salarios para altos cargos: más de 85 millones de euros solo en nóminas fijas.
• Asesores eventuales: récord histórico con 1.263 personas contratadas solo en Moncloa a marzo de 2025.
• Consejos y organismos públicos: presencia abrumadora de exministros socialistas recolocados tras abandonar sus carteras ministeriales; solo uno vive actualmente fuera del paraguas institucional.

Este despliegue tiene efectos colaterales directos sobre las cuentas públicas y un impacto evidente sobre el funcionamiento meritocrático del Estado: cada nuevo nombramiento a dedo desincentiva el acceso por concurso u oposición y refuerza la percepción ciudadana —no siempre errónea— de que las instituciones son feudos patrimoniales al servicio del partido gobernante.

Todas las claudicaciones: cuando el PSOE es “la mejor empresa de colocación”

La crítica política y mediática no ha tardado en poner nombre y apellidos al fenómeno: «empresa de colocación», «colonización institucional», «corrupción estructural». Si bien cada gobierno ha tentado antes este modelo clientelar —el caso ERE andaluz sigue siendo referencia obligada—, lo cierto es que bajo Sánchez se ha normalizado una cultura política en la que el control sobre organismos públicos o empresas estatales se utiliza como elemento transaccional para asegurar apoyos parlamentarios o premiar fidelidades internas.

Así lo denuncian desde partidos rivales e incluso desde sectores críticos dentro del propio socialismo histórico: el PSOE ha institucionalizado el pago político encubierto mediante nombramientos, perdiendo cualquier pudor ante el posible coste reputacional. La desvergüenza alcanza su máxima expresión cuando algunos nombres repiten destino pese a sentencias desfavorables o escándalos previos; otros saltan con sorprendente agilidad entre ministerios, embajadas y consejos reguladores sin más mérito que su lealtad al aparato partidista.

El precio oculto del poder: consecuencias para la democracia

No es baladí el impacto institucional de esta práctica. Por un lado, erosiona gravemente la confianza ciudadana en el funcionamiento imparcial del Estado; por otro, alimenta discursos extremistas que presentan al sistema político como un cártel cerrado ajeno al interés común. Y lo más paradójico: quien debía ser garante último del proyecto constitucional español —el presidente— se convierte así en rehén voluntario de quienes aspiran abiertamente a debilitarlo o fragmentarlo.

La situación recuerda irónicamente a aquellas novelas donde el mayordomo acaba siendo dueño y señor del castillo mientras el legítimo propietario asiste perplejo al saqueo cotidiano. En este caso, sin embargo, no hay sorpresa alguna: todo ocurre a plena luz del día y con una naturalidad pasmosa.

Curiosidades y datos llamativos

• Hay ministerios —como Presidencia o Política Territorial— cuya plantilla suma decenas de asesores y altos cargos afines; algunos superan los 3 millones anuales solo en retribuciones salariales.
• En solo tres meses (diciembre-marzo), Moncloa incorporó 62 nuevos asesores eventuales: un fichaje diario por jornada laborable.
• De los 26 exministros socialistas relevados desde 2018, solo uno vive actualmente fuera del sector público; todos los demás han recalado en organismos estatales o entidades dependientes directa o indirectamente del Gobierno central.
• El número total de funcionarios A1 que han accedido a puestos discrecionales (nivel 30) supera los 2.000; muchos son subdirectores generales o jefes jurídicos designados sin proceso abierto.
• En Cataluña cunde cierta preocupación interna porque una caída súbita del PSOE arrastraría también electoralmente a Junts y ERC en las municipales previstas para 2027; así, ambos partidos compiten discretamente por lograr “colocaciones” antes del posible final anticipado del ciclo político actual.

La política española nunca decepciona… aunque tampoco deja demasiado margen para la sorpresa.