El juez Peinado empitona al socialista Bolaños: las razones para la ‘imputación’ del ministro de Justicia

En pleno fragor político, cuando el Gobierno Sánchez busca estabilidad tras meses de sobresaltos, el juez Juan Carlos Peinado ha puesto el foco sobre uno de los pesos pesados del Ejecutivo: Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La petición formal del magistrado para que el Tribunal Supremo investigue a Bolaños por presuntos delitos de malversación y falso testimonio ha desatado una tormenta jurídica y mediática que trasciende la simple anécdota procesal.

No solo está en juego la reputación personal del ministro y Notario Mayor del Reino, sino también la imagen de imparcialidad y rigor del propio sistema judicial español.

Las razones de la petición: contradicciones, oxímoron judicial y acusaciones graves

La investigación pivota sobre la contratación de Cristina Álvarez, asesora en Moncloa al servicio de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

Según los autos hechos públicos, el juez Peinado considera que existen indicios sólidos para sospechar que dicha contratación se realizó de forma fraudulenta, sin seguir el procedimiento legalmente exigido para ese tipo de nombramientos.

Pero lo que ha hecho saltar todas las alarmas es el supuesto falso testimonio que atribuye a Bolaños durante su declaración como testigo ante el propio magistrado.

En la exposición razonada enviada al Supremo –un documento no exento de errores formales e incluso alguna «muerte» ficticia digna de película negra– Peinado relata cómo Bolaños, interrogado sobre quién propuso o ejecutó el nombramiento de Álvarez, aseguró desconocer ese dato. Solo tras nuevas consultas acabó señalando a un tal Raúl Díaz Silva como responsable. Sin embargo, este último negó bajo juramento haber realizado tal propuesta. Para el juez, esta incongruencia convierte a Bolaños en «indiciariamente investigado» por falso testimonio.

El tono del auto no deja lugar a dudas sobre el enfado del magistrado: «Nos encontramos ante el paradigma de un oxímoron cuando, estando bajo juramento y en una diligencia judicial, su testimonio, en una actitud totalmente proterva, no se ajusta a la realidad», escribe Peinado en lo que ya es una cita para la posteridad judicial española.

Además, el juez subraya la paradoja: siendo Bolaños Notario Mayor del Reino, la presunta falsedad en su testimonio resulta especialmente grave desde el punto de vista institucional y simbólico.

Malversación: el otro frente abierto

No se queda ahí la argumentación. El instructor sostiene que Cristina Álvarez habría ejercido funciones privadas —ligadas personalmente a Begoña Gómez— pese a ocupar un puesto retribuido con fondos públicos y destinado teóricamente a tareas protocolarias o institucionales. Según Peinado, Bolaños, como responsable superior durante el proceso de contratación, sería coautor por omisión si no evitó este uso presuntamente irregular del erario público.

En palabras textuales recogidas por varios medios: “Todas las personas que tuvieren bajo su responsabilidad la administración del correcto destino del patrimonio público […] deben ser consideradas partícipes en dicho delito” si no actúan para impedir estos desvíos.

Contexto político y reacción gubernamental

La petición llega tras más de un año de instrucción plagada de sobresaltos. El caso comenzó investigando supuestos delitos relacionados con Begoña Gómez —desde tráfico de influencias hasta apropiación indebida— pero quince meses después apenas hay indicios sólidos contra ella. La causa ha sido objeto de recursos cruzados entre acusaciones populares (varias vinculadas a la ultraderecha), Fiscalía y defensas.

El Gobierno ha reaccionado con aparente tranquilidad. La portavoz Pilar Alegría ha calificado lo sucedido como “un capítulo más” en una instrucción conocida por todos los actores políticos y jurídicos. Fuentes oficiales insisten en que “el comportamiento del ministro fue absolutamente correcto”.

Dudas sobre el propio instructor: errores formales y polémica

No faltan quienes ponen bajo lupa la actuación del propio juez Peinado. El auto remitido al Supremo contiene errores llamativos: se refiere varias veces a Bolaños como “investigado” antes siquiera de que exista tal condición procesal; archiva causas contra funcionarios nunca imputados formalmente; e incluso confunde fallecimientos familiares relevantes —llegando a “matar” por error en sus escritos a Begoña Gómez en vez de referirse al padre fallecido meses antes—.

Esta acumulación de imprecisiones no es nueva: Peinado ya fue objeto de críticas por actuaciones previas anuladas o corregidas por instancias superiores, aunque hasta ahora ningún órgano disciplinario ha apreciado anomalías graves suficientes para apartarle del caso.

Consecuencias posibles: ¿y ahora qué?

• Si el Supremo estima fundada la exposición razonada, Bolaños podría pasar formalmente a calidad de investigado (imputado) por delitos muy graves.
• Esto abriría otro frente político para Pedro Sánchez justo cuando busca blindar su gabinete ante las embestidas parlamentarias.
• Jurídicamente, se reforzaría el debate sobre los límites entre control judicial e instrumentalización política de los tribunales.
• A nivel institucional, sería insólito que un Notario Mayor del Reino afrontara cargos penales por falso testimonio bajo juramento.

Curiosidades y detalles llamativos

• El escrito remitido al Supremo contiene errores ortográficos y fallos procesales poco habituales en documentos tan sensibles.
• La frase “paradigma de un oxímoron” ya circula por redes sociales como ejemplo involuntario del surrealismo judicial patrio.
• No es la primera vez que Peinado es protagonista mediático: entre registros anulados y querellas mutuas con abogados defensores, su despacho parece más una novela negra que un juzgado tradicional.
• Cristina Álvarez sigue imputada como “posible partícipe”, pero otros altos cargos mencionados ni siquiera han sido citados como investigados pese a declarar cosas similares a las apuntadas por Bolaños.

La causa sigue su curso mientras España asiste perpleja a otro episodio donde política y justicia bailan —no siempre bien acompasadas— sobre el escenario público.