Mañueco denuncia la amnistía como el ‘mayor acto de corrupción política’ de la Democracia

La reciente aprobación de la ley de amnistía por parte del Tribunal Constitucional ha levantado una gran polémica en toda España. Para muchos, esta decisión representa un ataque directo a los principios fundamentales del Estado de Derecho.La ley de amnistía, tal y como ya publicamos en Periodista Digital, no se limita a conceder el perdón a quienes cometieron delitos de sedición o malversación, sino que, de manera aún más impactante, la sociedad española parece estar pidiendo perdón a aquellos que «la liaron» durante años y culminaron en los sucesos de 2017.

Este giro sin precedentes en la justicia no solo desafía el sentido común, sino que también pone en duda el valor de la legalidad y el orden en España. Es un mensaje desconcertante para todos aquellos que creen en la igualdad ante la ley y en la responsabilidad por los actos cometidos.

Según señalan fuentes de la formación popular, la amnistía «se ha convertido en la herramienta para dar impunidad a aquellos que han desafiado la legalidad del país, algo que, lejos de reconciliar, ha profundizado aún más la división política y social».

Reacción de Mañueco

El presidente de la Junta y líder del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no dudó en calificar este jueves la ley de amnistía —respaldada parcialmente por el Tribunal Constitucional— como el «mayor acto de corrupción política» en la historia reciente de la democracia española. Según Mañueco, todo ello tiene un único objetivo: «mantener a Sánchez en La Moncloa». Esta fue su primera reacción tras conocer la sentencia que avala parcialmente el recurso presentado por el Partido Popular contra esta controvertida ley.

A través de su cuenta en X, el líder del ejecutivo castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco dejó claro que Castilla y León se mantendrá firme en su defensa de principios fundamentales como la igualdad, la libertad y la solidaridad. De hecho, la Junta de Castilla y León ya había presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley orgánica aprobada por una mayoría en el Congreso de los Diputados, que concede la amnistía a los condenados del ‘procés’.

El Tribunal Constitucional, cuya misión es velar por la justicia y la defensa de la Constitución, ha sido acusado de ceder a las presiones políticas al dar su visto bueno a esta ley. Lejos de ser una decisión puramente jurídica, muchos la consideran un acuerdo político encubierto, un retroceso en la lucha por la independencia judicial. Este fallo abre interrogantes sobre la imparcialidad del tribunal y su capacidad para garantizar que la ley se aplique de manera justa y equitativa.

Lo más alarmante de todo es el precedente que se está sentando. Con esta amnistía, se legitima la idea de que, dependiendo de las circunstancias políticas, ciertos delitos pueden ser borrados de un plumazo. Esto no solo afecta a la credibilidad del sistema judicial, sino que también mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones, al hacerles sentir que la justicia puede ser manipulada en función de intereses particulares.

Las reacciones no se han hecho esperar. Sectores de la sociedad consideran esta medida como el mayor acto de impunidad en la historia reciente de la democracia española. Aseguran que esta ley de amnistía es un claro ejemplo de corrupción política, una forma de premiar a quienes han vulnerado la ley en nombre de intereses políticos. Este fallo del Tribunal Constitucional marcará, sin duda, un antes y un después en el debate sobre la justicia y el futuro del sistema democrático en España.