¿Es posible revertir la ilegal amnistía del TC y frenar los siniestros planes de Sánchez?

La pregunta es relevante.

Porque se puede.

La jornada del 26 de junio de 2025 quedará marcada en la historia política reciente de España.

El Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, validó por seis votos contra cuatro la ilegal ley de amnistía impulsada por el Gobierno Sánchez.

Esta decisión supone el mayor respaldo legal hasta la fecha a una norma que borra los delitos vinculados al ‘procés’ cometidos entre 2011 y 2023, beneficiando a figuras como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, así como a otros 400 encausados por el intento secesionista catalán.

Una decisión humillante para el Estado Español y para el conjunto de la ciudadania, porque equi8vale a pedir perdón a los golpistas.

El fallo no solo ha desencadenado una oleada de reacciones políticas, sino que ha alimentado un debate nacional sobre la legitimidad democrática, la independencia judicial y el futuro del Estado de derecho.

La resolución descarta que la amnistía vulnere ni la Constitución ni la normativa europea sobre terrorismo o extradiciones, rechazando asimismo abrir consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

¿Se puede revertir esta “tropelía”? Obstáculos jurídicos y políticos

La pregunta que resuena en los pasillos del Congreso y en las tertulias ciudadanas es si existe algún mecanismo para “echar abajo” este aval constitucional. El margen es, francamente, limitado:

• El Tribunal Constitucional es el último intérprete de la Constitución en España. Sus sentencias son firmes e inapelables dentro del ordenamiento nacional.
• Solo una reforma constitucional podría modificar el marco legal para prohibir amnistías futuras, pero dicha reforma requiere mayorías parlamentarias actualmente inalcanzables.
• La vía europea queda casi descartada tras la negativa del TC a elevar cuestión prejudicial al TJUE y tras afirmar que la ley no vulnera normativa comunitaria.

En resumen: salvo un giro político inesperado o una eventual intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos —por ahora improbable—, la decisión es prácticamente irreversible.

Corrupción histórica: Sánchez y la compra de una presidencia

El discurso opositor ha sido demoledor. Desde las filas del Partido Popular se califica esta amnistía como “la peor corrupción de la historia para comprarse una Presidencia”. Se argumenta que Sánchez ha convertido los indultos en moneda política para asegurarse el apoyo parlamentario indispensable para su investidura, en una operación que blinda a prófugos y condenados a cambio de su respaldo institucional.

Esta percepción cobra fuerza ante los antecedentes recientes: el mismo Tribunal Constitucional exoneró hace meses a los expresidentes socialistas andaluces Griñán y Chaves en el mayor caso judicial por corrupción (los ERE), borrando así del mapa penal un escándalo de 680 millones desviados. El mensaje: quien ostenta poder en España puede reescribir las consecuencias jurídicas a golpe de mayoría coyuntural.

Amnistía: lejos de Europa, cerca de Venezuela

Uno de los argumentos más repetidos por críticos es que esta amnistía nos aleja del marco europeo y nos aproxima peligrosamente al modelo venezolano, donde los cambios legales se dictan al compás del interés gubernamental inmediato. Desde tribunas políticas y mediáticas se advierte que ningún país europeo ha promulgado una ley similar para borrar delitos tan graves como los perpetrados durante el ‘procés’.

• No existen precedentes equiparables en democracias consolidadas europeas.
• La normalización política en Cataluña se logra, según los defensores, a costa de romper principios fundamentales como igualdad ante la ley o separación efectiva de poderes.
• Se denuncia una deriva hacia “justicia selectiva” motivada por pactos políticos.

La paradoja es evidente: mientras se invoca una supuesta “reconciliación”, se alimenta un clima de impunidad que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.

Golpe a la Constitución: Pumpido y sus secuaces bajo sospecha

Resulta imposible analizar este episodio sin subrayar el papel decisivo jugado por Cándido Conde-Pumpido y su mayoría progresista en el TC. El propio proceso de renovación del tribunal —fruto de pactos entre PSOE y PP— permitió que figuras afines al Ejecutivo asumieran puestos clave, blindando así decisiones sensibles como esta ley.

Las críticas internas han sido virulentas:

• El exlíder socialista aragonés Javier Lambán tachó el fallo como “un golpe letal a la Constitución”.
• Los magistrados conservadores han anunciado votos particulares demoledores.
• Se acusa al tribunal no solo de parcialidad ideológica, sino también de “corrupción moral” —una acusación insólita en democracia—.

Todo ello abona una sensación creciente entre juristas y ciudadanos: el árbitro ya no es neutral, sino parte activa del conflicto institucional.

Consecuencias políticas inmediatas… ¿y a largo plazo?

La validación definitiva de la amnistía tendrá efectos inmediatos:

• Los encausados verán extinguidas sus responsabilidades penales, administrativas y contables.
• El independentismo catalán obtiene así un triunfo político largamente perseguido.
• El Gobierno refuerza su estabilidad parlamentaria gracias al respaldo soberanista.

Sin embargo, las consecuencias más profundas pueden estar aún por venir:

• Se erosiona gravemente la confianza social en el principio de igualdad ante la ley.
• Se abre paso a un precedente inquietante: cualquier mayoría coyuntural podría legislar impunidad para sus aliados.
• Surgen dudas sobre hasta qué punto las instituciones españolas están blindadas frente a episodios similares futuros.

Curiosidades y datos llamativos

• La votación estuvo tan dividida como preveían las quinielas: seis magistrados progresistas contra cuatro conservadores. Ningún movimiento sorpresivo.
• La ponencia definitiva fue obra de Inmaculada Montalbán, magistrada cuya carrera también estuvo ligada a decisiones polémicas como la anulación parcial del caso ERE.
• En redes sociales circula ya el término “Pumpidazo”, equiparándolo con otros episodios históricos donde decisiones judiciales cambiaron drásticamente el rumbo político nacional.
• El propio Partido Popular participó en su día en los acuerdos para renovar miembros del TC que hoy han posibilitado este desenlace.
• A pesar del aval constitucional, amplios sectores sociales siguen considerando ilegítima —y hasta anticonstitucional— esta amnistía. Las movilizaciones ciudadanas no han cesado desde su tramitación parlamentaria.

El debate sobre si España sigue siendo un Estado plenamente democrático tras esta decisión sigue abierto. Lo único seguro es que este capítulo será estudiado durante años como ejemplo paradigmático —o advertencia— sobre los riesgos inherentes al uso partidista del derecho constitucional.