Puigdemont chantajea a Sánchez: el golpista exige al socialista que ‘peregrine’ fuera de España para mantener el Gobierno Frankenstein

Entre pillos anda el juego. Y uno, el golpista catalán Carles Puigdemont, tiene al otro, el jefe de los socialistas y marido de Begoña, agarrado por los escaños.

A fecha 30 de julio de 2025, el prófugo Puigdemont ha exigido públicamente que Pedro Sánchez “peregrine” a verlo fuera de España —de preferencia en algún enclave europeo— para garantizar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado y, con ello, la supervivencia del Ejecutivo. El movimiento, lejos de ser un simple capricho, responde a una estrategia calculada: escenificar que el “poder de la llave” lo sigue teniendo el golpista y que el presidente socialista debe rendir cuentas más allá de los Pirineos.

La situación no es nueva, pero sí se agrava por el contexto: Sánchez, tras meses de anuncios y posposiciones, necesita con urgencia el voto de Junts para sacar adelante las cuentas públicas de 2026. El mandatario socialista, que ya ha admitido que la Ley de Amnistía fue la moneda de cambio para la investidura, ahora se enfrenta a un nuevo órdago. El independentismo, lejos de conformarse con la foto, exige una agenda concreta para el encuentro. Las casualidades, en política, no existen: el mensaje de Puigdemont es claro, y el Gobierno Frankenstein pende de un hilo que cruza media Europa.

En el seno de Junts y en el entorno independentista, la consigna es clara: nada de encuentros vacíos de contenido. Puigdemont y los suyos insisten en que cualquier reunión con Sánchez debe abordar cuestiones “de fondo”, desde la autodeterminación hasta garantías de cumplimiento de futuros acuerdos. La desconfianza es palpable: los independentistas recelan de las intenciones del “marido de Begoña”, que anunció la cita en Navidad y la ha ido postergando, como quien pospone una visita incómoda al dentista.

A la presión propia de la negociación se suma el desgaste de la coalición. El Ejecutivo, que ni siquiera ha cumplido con su obligación constitucional de presentar los Presupuestos en 2025, necesita vender estabilidad a Bruselas y a los suyos. Sin embargo, la interlocución con Junts se ha convertido en un ejercicio de equilibrismo: cualquier paso en falso puede provocar que el castillo de naipes parlamentario se derrumbe.

La expresión “Gobierno Frankenstein”, acuñada en su día por Alfredo Pérez Rubalcaba, nunca ha sido tan certera. La aritmética parlamentaria obliga a Sánchez a negociar cada medida con una amalgama de socios. Sólo Sumar está integrado por 15 partidos. A ellos hay que añadir otras 6 formaciones de ideologías muy diferentes: Junts, Podemos, PNV, ERC, Coalición Canaria y el comando político de ETA que se hace llamar Bildu. Con este panorama, cuadrar intereses es extremadamente complejo y el margen de maniobra es mínimo, de ahí la extrema debilidad del Ejecutivo que obliga a hacer concesiones más que vergonzosas como que el presidente del Gobierno se reúna personalmente con un prófugo de la justicia española.

De producirse esa reunión, Sánchez daría un paso más en su costumbre de traspasar cualquier límite ya que hasta ahora la interlocución con el delincuente se había hecho con sus emisarios. Ahora ya directamente sería el presidente del Gobierno el que se reuniría con ese delincuente.

En la práctica, el Ejecutivo depende del apoyo de Junts para sacar adelante sus leyes. La aprobación de la Ley de Amnistía, celebrada como un triunfo por Moncloa, no ha servido para normalizar las relaciones con el independentismo, sino que ha reforzado la posición de fuerza de Puigdemont. Mientras tanto, la oposición aprovecha cada vacilación para recordar cómo Sánchez y su gobierno se humillan ante un prófugo de la Justicia española por mantenerse en el poder.

La exigencia de Puigdemont de mantener la reunión fuera de España es también una manera de intentar llamar la atención internacional sobre el independentismo. Un ámbito especialmente trabajado por los golpistas y en el que llevan décadas lanzando el falso mensaje a todos aquellos medios e instituciones que les hacen caso de que son unas víctimas del Estado español ya que Cataluña es una tierra conquistada por España a la que se le impide tener un estado propio.

En este contexto, en el que Puigdemont se presenta como un perseguido político, una reunión con el presidente de la nación supuestamente opresora le permitiría confirmar de alguna manera ese falso estatus de represaliado.

La agenda oculta: autodeterminación, garantías y más amnistía

Los independentistas han dejado claro que no basta con la amnistía. Puigdemont aspira a reabrir el debate sobre la autodeterminación y a conseguir garantías de cumplimiento, escarmentados por acuerdos incumplidos en el pasado. La presión sobre Sánchez es máxima: cualquier concesión puede desatar la tormenta en Madrid y en las filas del propio PSOE, donde el malestar por la dependencia de Junts es cada vez más notorio.

Por su parte, el presidente socialista trata de vender la cita como un ejercicio de normalidad democrática y de diálogo, pero la realidad es menos idílica. La negociación se produce en un clima de desconfianza mutua y con la amenaza constante de ruptura. Para más inri, la oposición y buena parte de la opinión pública siguen recordando lo que es Puigdemont: un golpista huido de la Justicia.