Comienzan a amargarle las vacaciones a Sánchez: la fontanera Leire imputada por cohecho y tráfico de influencias

No lleva ni un día Pedro Sánchez de vacaciones y ya le ha caído otro marrón: su fontanera encargada de parar las investigaciones policiales y judiciales por corrupción contra líderes socialistas ha sido imputada por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

La noticia, que corre como la pólvora en los pasillos del Congreso y en las tertulias radiofónicas, añade presión a un PSOE ya tensionado por los casos judiciales que afectan a su entorno más cercano. El juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, ha citado a Díez a declarar el próximo 11 de noviembre. Una fecha que muchos ya marcan en rojo en sus agendas políticas y periodísticas.

Esta imputación se produce tras la publicación de unos audios en los que se escucha a Díez ofreciendo favores judiciales a cambio de información comprometedora sobre miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía. El objetivo: neutralizar investigaciones que salpican a dirigentes socialistas y, por extensión, proteger el flanco más vulnerable del actual Gobierno. Los hechos, según el auto judicial, se remontan a reuniones celebradas en febrero de 2025 con empresarios bajo sospecha y abogados muy bien relacionados.

La trayectoria de Leire Díez no es precisamente anodina. Exmilitante del PSOE cántabro y antigua teniente de alcalde en Vega de Pas, saltó a la palestra nacional por su papel como entusiasta defensora digital de Pedro Sánchez durante las campañas que marcaron el regreso del líder socialista al frente del partido. Posteriormente, ocupó el puesto de directora de Relaciones Institucionales para Correos —nombramiento propuesto por Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete del presidente—, lo que evidencia su sintonía con las altas esferas socialistas.

En sus últimas declaraciones públicas, Díez insiste en desligarse del PSOE y recalca que no ostenta cargo ni representación oficial alguna: “Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE”, ha repetido ante los medios desde principios de junio. Ella misma argumenta que sus movimientos respondían a una labor periodística para un libro sobre las cloacas del Estado. Sin embargo, esa versión no ha convencido al instructor ni a las asociaciones denunciantes, entre ellas Hazte Oír y colectivos vinculados a la Guardia Civil.

El caso: audios, favores judiciales y nombres propios

El corazón del escándalo reside en dos reuniones clave celebradas en los primeros meses del año. En febrero, Díez habría mantenido un encuentro con el empresario Alejandro Hamlyn —acusado por fraude en hidrocarburos—, acompañado por el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo. En esas conversaciones se habrían ofrecido acuerdos favorables con la Abogacía del Estado y la Fiscalía a cambio de información que pudiera implicar al teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO. El trasfondo: proteger a dirigentes socialistas —incluyendo a familiares directos del presidente— frente al avance implacable de las investigaciones policiales y judiciales.

El juez ha citado como testigos a todos los presentes en dichas reuniones. Además, también comparecerán periodistas que difundieron los audios filtrados para esclarecer detalles sobre su obtención y difusión pública. La denuncia inicial partió de Hazte Oír, pero otras asociaciones profesionales policiales han presentado sus propias querellas.

Cabe señalar que la imputación es solo el primer paso procesal; la resolución judicial deja claro que “la admisión a trámite no prejuzga el resultado final”, abriéndose tanto la posibilidad del archivo como la apertura formal de juicio oral dependiendo del avance probatorio.

Consecuencias políticas: ecos internos e impacto institucional

El caso ha reavivado las críticas internas al liderazgo socialista en un momento especialmente delicado para Pedro Sánchez. Desde sectores críticos se preguntan hasta qué punto estas maniobras son casos aislados o si existe una cultura interna propensa al uso instrumental de resortes institucionales para blindar al partido. La oposición ya habla abiertamente de “redes clientelares” y exige explicaciones públicas.

El impacto institucional tampoco es menor:

• La citación afecta directamente a responsables policiales clave en investigaciones sensibles (caso Koldo, tramas familiares).
• El caso salpica indirectamente al aparato socialista cántabro, donde Díez era figura reconocida.
• Cuestiona los mecanismos internos para prevenir conflictos éticos o penales dentro del partido.

Por si fuera poco, este escándalo coincide con otros frentes abiertos para el Gobierno —desde las tensiones territoriales hasta las pugnas internas por la sucesión— incrementando aún más el desgaste reputacional.

Curiosidades y detalles llamativos

• El apodo “fontanera” viene del argot político para referirse a quienes en los partidos políticos se encarguen de realizar en la sombra todo tipo de tareas más o menos necesarias, poco éticas o hasta ilegales.
• Las diligencias incluyen la citación como testigos tanto a abogados como periodistas: pocas veces se ve tal mezcla en una instrucción judicial.
• La propia Leire Díez llegó a sugerir que todo formaba parte de una investigación periodística para un libro… aunque ni rastro hay aún del manuscrito.
• El magistrado Arturo Zamarriego ya era conocido por instruir causas mediáticas previas relacionadas con corrupción política.