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Son una mafia.
Y los mafiosos cuidan de los suyos.
Es la clave para que aguanten y no canten como jilgueros cuando la Justicia les cae encima.
En la España política de finales de julio de 2025, la palabra “blindaje” ha cobrado un nuevo significado.
No se habla de chalecos antibalas ni de coches oficiales reforzados, sino de pólizas de seguro millonarias.
El epicentro del terremoto: Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y una cobertura firmada en la aseguradora Lloyd’s que ha puesto en jaque al propio partido y que algunos medios ya califican, con sorna, como “la mejor coraza contra la mala suerte judicial”.
La noticia ha saltado a primera plana en un contexto nada propicio para los socialistas.
Con Cerdán recién ingresado en prisión provisional sin fianza, acusado de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, las miradas se han vuelto hacia los mecanismos internos del partido para proteger a sus cuadros.
El seguro, rubricado anualmente desde 2018 por el propio Cerdán, cubre hasta 1,5 millones de euros por “actos incorrectos” cometidos durante el ejercicio profesional.
Un escudo financiero para los ‘golferas’
El asunto ha provocado un revuelo considerable. Y no es para menos: el documento asegura el pago de fianzas para evitar la cárcel y una paga mensual de 2.500 euros durante un año en caso de inhabilitación judicial. En una jugada digna del mejor thriller político, la póliza fue contratada por el PSOE –no por los asegurados directamente– y gestionada a través de la agencia Exsel, con Lloyd’s como garante internacional.
- Vigencia: Desde 2018 hasta la actualidad.
- Prima anual: 5.000 euros por asegurado.
- Cobertura máxima: Hasta 1,5 millones por actos incorrectos.
- Pagador: El PSOE como organización (evitando que Hacienda lo considere salario en especie).
- Beneficiarios: Altos cargos y ex altos cargos del partido.
La facturación total establecida en la póliza asciende a 104.000 euros, cifra que supera ampliamente el sueldo parlamentario medio y que puede interpretarse como parte del paquete retributivo encubierto para quienes ocupan o han ocupado puestos clave en Ferraz.
El contexto judicial: prisión y acusaciones graves
Todo esto ocurre mientras Cerdán permanece entre rejas tras ser señalado como cabecilla en una trama de mordidas vinculadas a obras públicas. La instrucción, a cargo del juez Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo, ha hecho saltar todas las alarmas sobre la gestión ética interna del PSOE y su política de “prevención de daños colaterales” para sus dirigentes investigados.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se apresuró a garantizar “máxima colaboración con la justicia” y defendió haber apartado a Cerdán “de forma contundente” nada más trascender su implicación. Sin embargo, los detalles del seguro han hecho que las explicaciones suenen huecas entre la opinión pública y dentro del propio partido.
Un debate incómodo sobre ética y privilegios
El respaldo financiero ante eventuales condenas judiciales es legal –ningún experto lo discute– pero plantea incómodas preguntas sobre la ejemplaridad exigible a quienes ejercen responsabilidades públicas. ¿Debe un partido sufragar las posibles consecuencias penales o disciplinarias de sus altos cargos? ¿No se incentiva así una peligrosa cultura interna del “pase lo que pase aquí no cae nadie”?
La polémica ha subido varios grados después de que OKDiario revelase que el PSOE no piensa ejecutar ahora mismo ese seguro porque considera que Cerdán no es víctima de ninguna operación orquestada por la derecha política o mediática. Una justificación que añade matices políticos al debate: si se pensase que todo es fruto de una conspiración externa, se activaría la cobertura; si no, toca dejar que cada uno afronte sus responsabilidades.
El trasfondo político: blindaje versus transparencia
La existencia desde hace años de esta póliza ha sido interpretada por sectores críticos como un síntoma más del distanciamiento entre las élites políticas y la ciudadanía. Se cuestiona si estos mecanismos favorecen una impunidad de facto entre los cuadros dirigentes o si solo constituyen una legítima defensa ante posibles abusos judiciales.
La ironía no ha pasado desapercibida: mientras desde Ferraz se exige pulcritud y ética a adversarios y aliados por igual, internamente se desarrollan sofisticados sistemas para mitigar los riesgos personales derivados del ejercicio político. Todo ello con primas asumidas colectivamente –y camufladas contablemente– que superan con creces los salarios oficiales.
- La póliza cubre también indemnizaciones personales ante sanciones administrativas derivadas del cargo.
- Se da cobertura retroactiva a hechos ocurridos durante el mandato aunque se destape tiempo después.
- El paraguas protector abarca también gastos legales asociados a procedimientos judiciales o disciplinarios.
Reacciones internas y externas
En círculos socialistas hay quien defiende este tipo de seguros como “herramienta imprescindible” dada la judicialización creciente de la vida política española. Otros ven aquí un síntoma preocupante: si hay tanto miedo a acabar imputado… ¿no sería mejor revisar antes los códigos internos o reforzar los controles?
Desde la oposición conservadora y liberal las críticas son directas: acusan al PSOE de promover una “cultura corporativa opaca” y proteger con dinero colectivo a quienes deberían responder individualmente por sus actos.
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