Crece con fuerza en España el respaldo social a la expulsión de inmigrantes ilegales

VOX está saliendo conectar con sectores de la población al destacar casos mediáticos de robos, agresiones o violaciones atribuidos a inmigrantes ilegales.

Con un mensaje contundente, que mezcla nacionalismo y promesas de mano dura como deportaciones masivas, el partido de Abascal atrae a votantes desencantados con el sistema, especialmente en comunidades donde el problema es más visible.

La cuestión migratoria, siempre candente en España, ha alcanzado en las últimas horas un nuevo pico.

Según las últimas encuestas publicadas este 4 de agosto, cuatro de cada diez españoles se muestran favorables a la expulsión de inmigrantes en situación irregular, una cifra que ha crecido con sorprendente rapidez respecto a anteriores oleadas demoscópicas.

Este dato revela no solo un cambio de percepción, sino también un endurecimiento del clima social y político respecto a la gestión de los flujos migratorios.

Las razones detrás de este giro son diversas: desde el impacto mediático de sucesos violentos hasta el discurso político que vincula inmigración ilegal y criminalidad.

En cualquier caso, la tendencia es clara y está respaldada por cifras recientes: el 41% de los encuestados apoya medidas tajantes como la expulsión inmediata, mientras que solo el 23% defiende regularizar a quienes ya están en territorio español.

El 27% apuesta por dejar las cosas como están, pero su peso social va menguando.

Antecedentes: del discurso político al dato estadístico

La relación entre inmigración irregular y delito ha pasado en tiempo récord de ser tabú a ocupar portadas y tertulias. En las últimas semanas, figuras públicas y responsables políticos han alimentado un debate que parecía dormido tras la pandemia. No faltan datos para alimentar todas las posturas:

• La ministra Pilar Alegría reconocía recientemente que, aunque los inmigrantes suponen aproximadamente el 13% de la población, son responsables del 27% del total de delitos cometidos en 2023 según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
• A pesar de ello, el 73% de los delitos siguen teniendo como autor a ciudadanos españoles.
• La tasa por cada 1.000 habitantes mayores de edad muestra que la delincuencia entre extranjeros (14,6) es 2,5 veces superior a la registrada entre españoles (5,8).
• Otros informes insisten en matizar: “no es el estatus de inmigrante lo que explica una mayor propensión a delinquir”, subraya un estudio liderado por la Universidad Carlos III.

Estas cifras han sido usadas tanto para defender como para combatir la idea de que existe un vínculo directo entre inmigración irregular y aumento de la delincuencia. El propio Gobierno recalca que “el fenómeno de la inmigración no está teniendo un impacto negativo ni significativo sobre la criminalidad”. Sin embargo, el debate público tiende a simplificarlo todo: número creciente de extranjeros equivale, para muchos ciudadanos, a más inseguridad.

Una radiografía demográfica: más extranjeros y menos delitos

Resulta paradójico que este endurecimiento social coincida con una realidad estadística menos alarmista:

• España cuenta hoy con el doble de residentes extranjeros que en 2005 (unos siete millones), pero la tasa general de criminalidad ha descendido hasta situarse en mínimos históricos: 40,6 delitos por cada mil habitantes frente a los 49,4 registrados hace dos décadas.
• Si bien es cierto que el porcentaje de condenados extranjeros supera su peso poblacional (28% frente al 14%), expertos apuntan que esto responde más a factores sociales y económicos —como la precariedad o el acceso limitado a recursos legales— que al hecho migratorio en sí mismo.
• Además, no todos los extranjeros condenados son inmigrantes asentados; una parte relevante son “personas de otra nacionalidad que vienen expresamente a cometer un delito”, como ocurre en redes internacionales dedicadas al tráfico o robo organizado.

Estos matices rara vez llegan con claridad al gran público o al debate parlamentario.

Inmigración ilegal: rutas, cifras y realidades invisibles

España se enfrenta a un fenómeno migratorio complejo. En 2024 llegaron al país más de 63.000 personas por vías irregulares, según datos oficiales; una cifra récord impulsada especialmente por las rutas hacia Canarias y Baleares. Muchos logran quedarse varios años en situación irregular —algunos consiguen regularizarse tras tres años— mientras otros acaban siendo devueltos o atrapados en el limbo administrativo.

El fenómeno tiene particularidades propias:

1. Menores no acompañados (MENA): Su número aumenta año tras año. Muchos acaban bajo tutela institucional; otros desaparecen del sistema y quedan expuestos tanto al delito como a ser víctimas del mismo.
2. Condiciones laborales precarias: Buena parte trabaja sin papeles, lo que incrementa su vulnerabilidad ante mafias y explotación.
3. Círculo vicioso: Cuanto más precarizados están —sin acceso a empleo ni vivienda digna— mayores probabilidades tienen algunos perfiles de verse atrapados por redes criminales o caer en pequeños delitos para subsistir.

El discurso político: entre el miedo y las propuestas

Los partidos políticos han encontrado terreno fértil para sus mensajes:

• Vox y sectores afines insisten en endurecer las políticas migratorias y vinculan sin tapujos inmigración ilegal con inseguridad ciudadana.
• El PSOE y sus socios optan por matizar datos e insisten en políticas integradoras; sin embargo, reconocen “problemas puntuales” y llaman a no banalizar el fenómeno.
• El PP navega entre dos aguas: pide más control fronterizo pero evita asociar abiertamente migración con delito para no dinamitar puentes con sectores empresariales que dependen laboralmente del colectivo extranjero.

Las encuestas reflejan este clima polarizado: crece el respaldo popular a medidas drásticas —incluida la expulsión masiva— mientras decrece la confianza en soluciones intermedias.

Consecuencias previsibles y paradojas españolas

Este giro social tiene implicaciones inmediatas:

• Mayor presión política sobre el Gobierno para endurecer las devoluciones.
• Cambios legislativos orientados a agilizar los procedimientos administrativos para expulsar irregulares.
• Riesgo real de estigmatización colectiva sobre toda la población extranjera —regular o no— con efectos colaterales sobre integración social y convivencia.

Sin embargo, no todo es tan negro como algunos auguran. España sigue siendo uno de los países europeos con menores índices globales de criminalidad pese al crecimiento demográfico extranjero. Además:

• La gran mayoría de quienes emigran lo hacen buscando empleo y estabilidad familiar.
• Los estudios muestran una tendencia descendente o estable en las tasas generales delictivas incluso durante años récords de llegada migratoria.

Ironías demográficas

• En pleno auge del debate sobre “inseguridad importada”, España ostenta una tasa menor de criminalidad que Alemania o Dinamarca.
• El perfil medio del inmigrante irregular dista mucho del cliché mediático: suele ser joven, varón, pero también hay miles de mujeres trabajadoras domésticas o cuidadoras invisibles.
• Las comunidades autónomas con mayor presencia extranjera no siempre coinciden con las tasas más altas de delitos denunciados.
• El fenómeno MENA sigue generando titulares… aunque muchos acaban regularizándose como adultos trabajadores plenamente integrados.

Y como apunte final: si algo demuestra este baile estadístico es que pocas cosas son tan movedizas como las percepciones colectivas cuando se trata del binomio migración-delito… ¡y eso sí que no hay encuesta capaz de medirlo!