Las prostitutas acorralan al PSOE: ‘Stop Abolición’ lanza una ruta turística por los burdeles y saunas gay del suegro de Sánchez

En redes sociales ha tenido mucho éxito ese eslogan de ‘las putas al poder, que sus hijos ya lo están‘, pero hoy no va de eso la cosa.

No todos los días se asiste a un pulso tan directo entre el activismo de las trabajadoras sexuales y el partido que gobierna en España.

La asociación Stop Abolición ha decidido dejar a un lado la discreción y lanzar la llamada «ruta abolicionista PSOE», una campaña que pone el foco en los prostíbulos y saunas gay vinculados a Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez y suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El movimiento, que ha generado un notable revuelo en redes sociales, busca subrayar lo que consideran la mayor muestra de hipocresía política en la tramitación de la nueva ley abolicionista que impulsa el Ministerio de Igualdad de Ana Redondo.

Bajo el lema «Si quieres abolir, empieza por tu propia casa», la campaña utiliza la ironía y la provocación para denunciar que mientras se redacta una ley que criminalizaría aún más el trabajo sexual, la familia política del presidente habría hecho fortuna en un sector que ahora se pretende erradicar.

El tour incluye paradas en locales tan conocidos como la Sauna Adán o la Sauna Princesa, donde se cobraban hasta 300 euros por servicio, según relatan desde la propia asociación, que no ahorra en detalles para incomodar al Ejecutivo.

La ley abolicionista: ¿convicción o maniobra de distracción?

La ofensiva de Stop Abolición no surge en el vacío. El Ministerio de Igualdad ha anunciado que llevará en septiembre al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley para la abolición de la prostitución, en un contexto político especialmente tenso tras los recientes escándalos que han salpicado a figuras como José Luis Ábalos y Koldo García. La ministra Ana Redondo ha defendido el impulso de la ley como una respuesta contundente «contra el machismo», pero las trabajadoras sexuales no ven más que un ejercicio de postureo y lavado de imagen tras los escándalos internos, con el caso Ábalos como telón de fondo.

Las voces críticas consideran que la celeridad con la que se ha retomado el debate parlamentario responde más a la necesidad de apagar fuegos mediáticos que a una convicción real. El PSOE, tradicionalmente abolicionista, ha intentado legislar en varias ocasiones contra el proxenetismo y la llamada tercería locativa (el alquiler de espacios para la prostitución), aunque sin el respaldo suficiente en el Congreso para sacar adelante sus iniciativas.

La doble vara de medir y el «postureo» institucional

El debate sobre la abolición de la prostitución ha evidenciado las profundas grietas ideológicas en el seno del propio Gobierno y entre sus socios parlamentarios. Mientras el PSOE y algunos sectores feministas apuestan por endurecer la legislación, otros partidos y colectivos insisten en que la criminalización solo estigmatiza más a las trabajadoras sexuales y no ataca las verdaderas raíces de la explotación. Stop Abolición denuncia que el discurso abolicionista del PSOE se sostiene sobre una doble moral: por un lado, se condena la prostitución en público; por otro, se tolera —cuando no se lucra— en privado.

No es la primera vez que la asociación se mofa del presidente Sánchez y de su partido. En campañas anteriores, han llegado a preguntar con sarcasmo: «¿Cómo vigilarás a tus militantes?». Para ellas, la ley es una maniobra de distracción que busca tapar los escándalos propios y ganar puntos ante el electorado más sensibilizado con la causa feminista, pero sin ofrecer soluciones reales a las trabajadoras del sexo.

Claves del choque

• El PSOE impulsa la ley abolicionista en plena crisis interna por el caso Ábalos.
• La familia política de Pedro Sánchez aparece vinculada a locales de alterne y saunas en la «ruta abolicionista» de Stop Abolición.
• Las trabajadoras sexuales denuncian el estigma y la represión que, según ellas, genera la ley.
• El debate divide al Gobierno y a la izquierda parlamentaria, con Sumar, ERC, Junts y PNV rechazando las propuestas más punitivas.
• El Ministerio de Igualdad defiende que la ley es imprescindible para combatir el machismo estructural, pero la oposición denuncia incoherencias y falta de consenso.

El trasfondo: cifras, licencias y una industria en la sombra

El fenómeno de la prostitución en España sigue siendo, a día de hoy, un tema tabú en muchos despachos oficiales. Según los últimos datos del avance del Macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres elaborado por Igualdad, España cuenta con una de las tasas más altas de Europa en mujeres en situación de prostitución, con Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana a la cabeza. Sin embargo, la diversidad de situaciones y la propia clandestinidad del sector dificultan cualquier intento de regulación o abolición efectiva.

En ciudades como Bilbao o Barcelona existen locales con licencias explícitas para ejercer la prostitución, mientras que en otras regiones la actividad se desarrolla en la más absoluta opacidad. Las trabajadoras denuncian que la ley solo servirá para aumentar el estigma y la persecución policial, sin ofrecer alternativas laborales ni protección real frente a la explotación.

Curiosidades y datos que no pasan desapercibidos

• En la Sauna Princesa de Madrid, uno de los puntos destacados de la «ruta abolicionista», se han llegado a cobrar hasta 300 euros por servicio, según testimonios recogidos por las propias trabajadoras.
• El auge de las campañas en redes sociales ha hecho que el término «#RutaAbolicionistaPSOE» se haya convertido en tendencia en las últimas horas.
• La asociación Stop Abolición agrupa a trabajadoras sexuales de toda España y ha recibido apoyos de colectivos internacionales.
• La ministra Ana Redondo reconocía hace pocos días en RNE que «Koldos y Ábalos hay muchos en España», en referencia a la dificultad de erradicar ciertas prácticas y mentalidades incluso en el seno de su propio partido.
• El debate sobre la abolición de la prostitución sigue generando más titulares y memes que consensos políticos, en un país donde la industria del sexo se mueve entre la legalidad, la economía sumergida y la hipocresía institucional.