Con la Iglesia hemos topado… amigo Abascal

Hay pocas expresiones tan españolas como esa de ‘con la Iglesia hemos topado’.

Viene de un pasaje de Don Quijote de la Mancha y se usa para expresar lo inconveniente de que en los asuntos propios se mezclen los obispos o los curas y por extensión, de cualquier autoridad eclesiástica.

Con la Iglesia topamos los españoles en el País Vasco, cuando monseñor Setién, afortunadamente ya en el infierno, y muchos de su cuerda, apoyaban el crimen, la extorsión y el espanto de ETA.

Con la Iglesia estamos topando en Cataluña, en forma de obispo, de monje y hasta de simple párroco ‘trabucaire’, porque se alinean con los xenófobos e insolidarios separatistas.

Y con la Iglesia parece que hemos topado también en Jumilla, al menos a tenor de los que dice Santiago Abascal.

La política española amaneció con una paradoja de alto voltaje: un partido que se declara en defensa de las “raíces cristianas” acusando a la Conferencia Episcopal de aplicar una doble vara.

La ocasión, el veto a celebraciones musulmanas aprobado en Jumilla y la respuesta de los obispos defendiendo la libertad religiosa, terminó en una embestida pública de Santiago Abascal contra “una parte” de la jerarquía eclesiástica.

“No sé si tiene que ver con los ingresos públicos que reciben o con los casos de pederastia”, deslizó el líder de VOX, elevando un listón que hasta ahora había evitado cruzar, incluso cuando discrepaba abiertamente con el papa Francisco y con la pastoral migratoria de la Iglesia.

A día de hoy, 12 de agosto de 2025, la secuencia es conocida: el ayuntamiento de Jumilla aprobó, con el PP al frente y Vox maniobrando, una modificación del reglamento para restringir usos no deportivos de los polideportivos que, en la práctica, vetaba celebraciones islámicas como la Fiesta del Cordero; la Conferencia Episcopal respondió que impedir actos “por motivos religiosos” es discriminatorio y atenta contra derechos fundamentales; y Abascal replicó con dureza, acusando a los obispos de estar “amordazados” ante el Gobierno por razones económicas o por su gestión de los abusos.

Jumilla, el detonante: del reglamento municipal a un caso nacional

• La moción local nació de una propuesta del concejal de Vox para “prohibir” celebraciones musulmanas; el PP la enmendó y la tradujo en un cambio de reglamento que limita los polideportivos a usos deportivos, con una letra pequeña que, según el Ejecutivo, camufla un trato desigual.
• La Conferencia Episcopal invocó el artículo 16 de la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos, subrayando que la libertad de culto ampara las manifestaciones religiosas públicas y que las restricciones por motivos religiosos no caben en democracia.
• El Gobierno ha impugnado el acuerdo por “restringir de forma arbitraria” un derecho fundamental y por su “intención discriminatoria”, requiriendo su anulación y advirtiendo que, de no rectificar, actuará la Abogacía del Estado.

En este contexto, Abascal eligió el choque frontal.

En una entrevista en YouTube, insistió en que la jerarquía eclesial guarda silencio ante el “islamismo extremista” y las políticas migratorias del Gobierno, sugiriendo que ese silencio estaría motivado por subvenciones públicas y por la gestión de los casos de pederastia.

La frase no fue un desliz: fue un mensaje nítido al electorado donde Vox crece más.

El cálculo electoral: católicos, inmigración y ventajas comparativas

• Clave sociológica: según Sigma Dos (El Mundo), Vox consolidó en los últimos meses un aumento de apoyo entre los católicos, especialmente entre los practicantes, en paralelo a un discurso endurecido sobre inmigración y “deportaciones masivas”. El PP, pese a endurecer también el tono, no capitaliza esa corriente; el PSOE sí pierde terreno en ese segmento.
• Dato político: la CEE defendió sin ambages la libertad religiosa de la comunidad musulmana en Jumilla; Vox ha decidido demostrar a sus bases que sus tesis migratorias están por encima de cualquier otra afinidad histórica con el catolicismo institucional.

La jugada es coherente con una tendencia de fondo: el voto católico ya no es un bloque monolítico. Hay una franja de creyentes que prioriza el marco de orden, identidad y control de fronteras sobre la línea social y migratoria de la Iglesia. Ese segmento es hoy el campo de caza preferente de VOX.

El mensaje de Abascal, “soy católico pero tengo una responsabilidad política”, expresa el giro: del respeto estratégico al episcopado a la confrontación selectiva cuando la CEE choca con el discurso antiinmigración.

La Iglesia responde por la vía de principios: libertad religiosa y límites

La intervención de los obispos ha sido institucional y jurídica: recordar que el derecho de libertad religiosa protege las manifestaciones públicas y que cualquier restricción debe ser general y motivada por orden público, no por la confesión implicada. “Hacer estas restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas”, advirtió la Conferencia Episcopal.

Este encuadre coloca el debate en el terreno constitucional, no en la arena identitaria. Y deja una pregunta incómoda para los populares: ¿cómo sostener, a la vez, la enmienda que limita usos y el compromiso con la libertad de culto que reivindica la CEE? El PP local avaló el cambio reglamentario; el PP nacional niega que se señale la religión, pero el espíritu de la iniciativa —y las declaraciones del edil de Vox— complican esa defensa.

Consecuencias posibles: tres tableros simultáneos

1. Judicial y administrativo

• Si el consistorio no corrige, la Abogacía del Estado podría actuar, con medidas cautelares si procede, dada la reiteración de prácticas religiosas en esos espacios municipales y la afectación directa a un derecho fundamental.
• Un pronunciamiento contencioso que confirme la vulneración de la libertad religiosa dejaría a Vox un argumento victimista, pero obligaría a rectificar políticas similares en otros municipios.

2. Eclesial y social

• La CEE ha fijado posición con claridad. Si la presión política escala, cabe esperar pronunciamientos diocesanos en términos pastorales, reforzando el mensaje de convivencia y libertad de culto. El foco mediático sobre los “casos de pederastia” como arma arrojadiza, por su parte, tensiona a la Iglesia en el peor terreno posible: el reputacional.
• La comunidad musulmana en Jumilla podría ver reforzado su apoyo institucional, activando redes locales de cooperación que desmientan la idea de “privilegios”.

3. Partidista y electoral

• Vox busca la hegemonía del voto orden-identidad entre católicos practicantes y no practicantes sensibles al discurso de integración y seguridad. La pugna con el PP se libra en ese carril, con margen para que el popularismo territorial intente desmarcarse de vetos explícitos y reencuadre el debate en “neutralidad de espacios”.
• Si se cronifica la polémica, la movilización puede impactar en municipios y autonomías donde haya pactos PP-Vox, obligando a ambos a definir líneas rojas sobre libertad religiosa.

Lo que cambia desde hoy para Vox, para la Iglesia y para el PP

• Para Vox: el tabú ha saltado. Abascal ha convertido en doctrina la prioridad de su agenda migratoria sobre la sintonía histórica con la Iglesia. Ese movimiento, avalado por encuestas favorables en electorado creyente, convierte cada pronunciamiento de la CEE en oportunidad de contraste.
• Para la Iglesia: la defensa de la libertad religiosa, también cuando afecta a minorías, no es intercambiable. Competir por el relato moral ante una base católica polarizada exigirá pedagogía pública sostenida.
• Para el PP: el equilibrio entre pactos municipales con Vox y el respeto al marco constitucional de derechos vuelve a prueba de estrés. Cada reglamento local, cada matiz, cada declaración, contará.

Detalles a no perder de vista

• La posición de la Conferencia Episcopal se apoya expresamente en Constitución y DD. HH., no en simpatías: el terreno de juego que prefiere el centro político español.
• El Gobierno ha elegido una respuesta jurídica rápida, con requerimiento previo a contencioso: una vía que evita el desgaste de debates interminables y busca un pronunciamiento claro sobre libertad de culto.
• La entrevista elegida por Abascal para su carga dialéctica refuerza su conexión con audiencias digitales politizadas y consolida el relato de “silencio cómplice” de instituciones tradicionalmente conservadoras.
• El PP local en Jumilla remodeló la iniciativa para sortear inconstitucionalidad, pero el trasfondo y las declaraciones de Vox dificultan el argumento de neutralidad de usos.

Curiosidades y datos del caso

• La Fiesta del Cordero llevaba años celebrándose en instalaciones municipales de Jumilla sin incidentes reseñables; el Ejecutivo subraya la “arbitrariedad” de la nueva restricción respecto a la práctica previa.
• La CEE citó el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos en su comunicado, un recurso poco frecuente en notas episcopales de coyuntura local.
• El consistorio jumillano tiene un mes para contestar al requerimiento del Gobierno; si no lo hace, entrará la Abogacía del Estado. Calendario en mano, el caso puede coincidir con las programaciones de otoño en instalaciones deportivas.
• La expresión de Abascal sobre estar “perplejo y entristecido” con “parte” de los obispos contrasta con su cálculo político: su partido promueve una “iniciativa nacional” para replicar el modelo Jumilla en otros municipios.
• El debate reabre una vieja línea de fractura: la Iglesia como garante transversal de derechos vs. la Iglesia como aliada identitaria. Esta vez, con el foco puesto en el islam y en la libertad religiosa, no en educación o fiscalidad.