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Propuesta popular tras la última ola de incendios

Feijóo endurece su discurso: pulseras geolocalizadas y registro nacional para los pirómanos en un plan antiincendios de 50 medidas

La opinión pública sigue impactada por la magnitud de los incendios que han asolado varias regiones del país, con especial virulencia en Galicia, Castilla y León y Extremadura.

Periodista Digital 25 Ago 2025 - 15:54 CET
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Mano dura y propuestas.

Sobre la marcha, sin esperan a que se reanude el curso parlamentario.

Mientras España aún cuenta hectáreas calcinadas y pueblos desalojados, la política nacional gira a la velocidad del viento que aviva las llamas.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha aprovechado el arranque del curso político para presentar una ofensiva legislativa sin precedentes: un plan integral de 50 medidas contra los incendios forestales que, según sus propias palabras, será remitido de inmediato a las Cortes Generales.

El epicentro del debate se sitúa en la gestión de la prevención, la respuesta ante las emergencias y, sobre todo, en la persecución de los responsables directos de los fuegos.

A día de hoy, 25 de agosto de 2025, la opinión pública sigue impactada por la magnitud de los incendios que han asolado varias regiones del país, con especial virulencia en Galicia, Castilla y León y Extremadura.

Las cifras del Ministerio del Interior son elocuentes: solo en los últimos dos meses y medio, 41 personas han sido detenidas y otras 127 están siendo investigadas por provocar incendios.

Pulseras telemáticas y registro nacional: la mano dura del PP

La propuesta estrella del plan popular es, sin duda, la creación de un Registro Nacional de Pirómanos, en el que figurarán todas aquellas personas condenadas en sentencia firme por haber provocado un incendio en cualquier punto del territorio nacional. Para garantizar el seguimiento y control de estos individuos, el PP plantea la obligatoriedad de portar pulseras telemáticas de geolocalización durante el tiempo que determine la sentencia. El objetivo es doble: disuadir la reincidencia y facilitar la actuación preventiva de las fuerzas de seguridad.

Esta medida, que ha generado un intenso debate entre juristas y expertos en derechos fundamentales, busca dar respuesta a la inquietud social que provocan los incendios intencionados. Feijóo ha defendido la necesidad de “objetivar” la gestión de emergencias y dotar a las autoridades de herramientas eficaces para anticipar comportamientos delictivos en contextos de alto riesgo, como las olas de calor o los episodios de sequía prolongada.

Medidas complementarias para afectados y el medio rural

El plan va mucho más allá del control punitivo. Incluye:

Profesionalización y modernización de Protección Civil

Otra de las grandes apuestas del plan de Feijóo es la profesionalización de Protección Civil. Se propone que la gestión de las emergencias recaiga en profesionales con experiencia acreditada, evitando la confrontación política y garantizando la máxima coordinación entre comunidades autónomas, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y las capacidades logísticas del Ejército. Esta propuesta responde a la crítica, reiterada por el PP, de que el actual Gobierno “llegó tarde” y movilizó los recursos “a cuentagotas”, según palabras del propio Feijóo.

El líder popular insiste en que la prevención debe ser una prioridad, con especial énfasis en la revisión de los planes de gestión de montes y la evaluación de prácticas forestales y ganaderas susceptibles de incrementar el riesgo de incendios. También se plantea la activación de fondos europeos y la creación de un Fondo Forestal Nacional para garantizar la financiación de las tareas de recuperación y prevención.

Un tablero político caldeado

La presentación de este plan se produce en un contexto de máxima tensión política. Feijóo ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “inacción” y “falta de previsión”, llegando a afirmar que “el Gobierno llegó tarde y no activó todos los medios disponibles del Estado”. Estas críticas se han visto reforzadas tras la muerte de varias personas y la destrucción de numerosas viviendas. El debate adquiere un tono especialmente agrio en un verano marcado por temperaturas extremas, baja humedad y vientos erráticos, un cóctel perfecto para la propagación de incendios de comportamiento impredecible.

Curiosamente, la mayoría de las comunidades autónomas más afectadas por las llamas —Galicia, Castilla y León y Extremadura— están gobernadas por el propio Partido Popular, lo que ha llevado a algunos analistas a subrayar la complejidad de la gestión de competencias en materia de prevención y extinción de incendios.

Datos, curiosidades y alguna chispa de humor

El fuego, como siempre, no entiende de colores políticos, pero la gestión de la emergencia y la prevención sí que pueden marcar la diferencia entre un verano negro y un país resiliente. La pelota, ahora, está en el tejado del Parlamento.

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