La ley anti prostitución que preparan los caraduras del PSOE metería en la cárcel a la familia política de Sánchez

Tiene guasa.

O cinismo, porque de todo hay en la Viña del Señor.

Es complicado conjugar principios y actuaciones, pero esto es de aurora boreal.

. En pleno debate sobre la abolición de la prostitución, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se enfrenta a una curiosa ironía: la nueva ley en preparación podría haber llevado a prisión a miembros de su propia familia política.

A día de hoy, 28 de agosto de 2025, el anteproyecto impulsado por la ministra Ana Redondo recupera la figura jurídica de la tercería locativa, castigando con penas de cárcel a quienes obtienen beneficios por prestar inmuebles para ejercer la prostitución.

El detalle no es menor: según las disposiciones previstas, el suegro del presidente y los hermanos del padre de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, habrían incurrido en delito por regentar durante décadas locales donde se practicaba este oficio.

Lo cierto es que el Gobierno Sánchez se ha propuesto pasar a la historia por su férreo abolicionismo, aunque los escándalos recientes entre sus filas han convertido esta cruzada en un ejercicio casi teatral.

La reforma de los estatutos del PSOE, que prevé expulsar como falta muy grave a cualquier militante consumidor de prostitución, llega tras los sonados audios entre el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, donde se hablaba sin tapujos del “reparto” de mujeres en fiestas privadas.

El propio Sánchez, rodeado de referentes feministas, proclamó que “el sistema prostitucional es una expresión de violencia contra las mujeres” incompatible con la ética democrática.

Paradójicamente, algunos cronistas no dudan en calificar al actual Ejecutivo como “el más putero de la Historia de Occidente”, dada la frecuencia con que saltan casos relacionados con el consumo o gestión de servicios sexuales dentro del partido.

Un repaso histórico: Saunas, furgones y contables familiares

La historia reciente del socialismo español está jalonada por anécdotas dignas del mejor sainete. Las célebres “saunas de Sabiniano”, gestionadas por familiares directos del entorno presidencial, aparecen citadas como ejemplos paradigmáticos de tercería locativa: locales donde se prestaban servicios sexuales bajo una aparente legalidad empresarial. Tampoco faltan las referencias humorísticas a las famosas “sobrinas” y los furgones repletos de trabajadoras sexuales, elementos recurrentes en los relatos sobre reuniones políticas informales o celebraciones tras campañas electorales.

No menos llamativo resulta el papel atribuido a Begoña Gómez, quien habría ejercido labores contables en los prostíbulos regentados por su padre según información recogida en diversos medios digitales. Esta circunstancia plantea preguntas incómodas sobre el alcance real del proyecto abolicionista: ¿puede un Gobierno perseguir penalmente prácticas que han sido parte sustancial del negocio familiar presidencial? No son pocos quienes apuntan al notable volumen de ingresos procedentes de estas actividades como fuente indirecta para financiar el tren de vida del núcleo cercano a Sánchez.

El debate político y social: entre la abolición y la regulación

La prostitución permanece en una situación de alegalidad en España: ni prohibida ni regulada expresamente. El Código Penal castiga el proxenetismo y la explotación sexual, pero no penaliza el ejercicio voluntario ni sanciona directamente a los clientes salvo en casos públicos amparados bajo la Ley Mordaza. La propuesta socialista busca modificar este escenario con medidas drásticas:

• Penalización explícita para quienes faciliten locales destinados al ejercicio sexual ajeno (tercería locativa).
• Sanciones económicas y sociales para clientes.
• Refuerzo del apoyo a mujeres que deseen abandonar el oficio.
• Especial atención al proxenetismo digital, incluyendo cualquier beneficio económico derivado del negocio online.

El movimiento abolicionista choca frontalmente con sindicatos como OTRAS, que defienden derechos laborales para las trabajadoras sexuales y denuncian que cualquier abolición solo fomentará la clandestinidad y dificultará el acceso a derechos básicos como pensiones o bajas médicas.

Las incoherencias administrativas y el pulso feminista

En pleno fervor legislativo, salta otra polémica: una modificación estadística en el CNAE-2025 (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) reconocía transitoriamente la actividad sexual como epígrafe laboral. El Gobierno se apresuró a aclarar que no supone legitimación legal alguna, pero colectivos feministas consideran inaceptable cualquier guiño administrativo que normalice lo que definen como “esclavitud moderna”.

Este contexto revela un profundo conflicto interno entre posturas feministas abolicionistas —mayoritarias en el PSOE— y las demandas organizadas del sector profesional. El anteproyecto aún debe superar fuertes resistencias parlamentarias: tanto socios gubernamentales (Sumar, ERC) como partidos nacionalistas se han mostrado reticentes a aprobar normas tan restrictivas.

Así, mientras el Ejecutivo redobla sus esfuerzos por erradicar la prostitución desde Ferraz hasta Sabiniano, muchos observadores se preguntan si no será necesario ampliar pronto los asientos reservados en los juzgados… o incluso alguna celda extra.