El Gobierno Sánchez se prepara para un otoño caliente, agarrado a proetarras y separatistas

El regreso a la actividad política tras el parón veraniego se presenta como un auténtico campo de batalla para Pedro Sánchez y su equipo.

El Ejecutivo encara los próximos meses con más incógnitas que certezas, inmerso en la negociación de unos Presupuestos Generales del Estado que amenazan con convertirse en el principal termómetro de la estabilidad gubernamental.

A día de hoy, 7 de septiembre de 2025, los socialistas se preparan para una temporada marcada por las dificultades parlamentarias, duros enfrentamientos con el poder judicial y la sombra alargada de derrotas políticas que podrían definir el rumbo de toda la legislatura.

El contexto no es nada halagüeño.

Tras la tormenta provocada por el escándalo Santos Cerdán, que tambaleó los cimientos del PSOE y llevó al presidente a considerar seriamente su dimisión, el Ejecutivo ha optado por una estrategia de resistencia: sobrevivir al curso político como sea y buscar aire entre las trincheras parlamentarias.

La legislatura se acerca a su ecuador con un gobierno dispuesto a avanzar incluso sin respaldo legislativo cuando lo considere imprescindible, mostrando una determinación férrea ante las adversidades internas y externas.

Los próximos meses prometen emociones fuertes… Si algo queda claro es que ni Sánchez ni sus adversarios piensan rendirse antes del último asalto.

Negociaciones presupuestarias: bloqueo y exigencias imposibles

La negociación para aprobar los Presupuestos se ha convertido en una auténtica odisea. Hacienda insiste en que su objetivo es presentar las cuentas cuanto antes, pero la realidad parlamentaria pinta un escenario bloqueado y sin calendario claro. Los apoyos necesarios para sacar adelante las cuentas no están garantizados; ni ERC ni Junts han confirmado respaldo y sus condiciones resultan cada vez más difíciles de asumir. La amenaza de una tercera prórroga consecutiva convierte los presupuestos vigentes en los más longevos desde la transición democrática.

Las exigencias de Junts, encabezados por Carles Puigdemont, incluyen desde la ejecución de partidas pendientes (que suman hasta 50.000 millones), hasta avances en la oficialidad del catalán en Europa y nuevas ventajas económicas para Cataluña. Por su parte, Podemos rechaza cualquier aumento del gasto militar vinculado a compromisos internacionales y exige rebajas drásticas en alquileres, así como rupturas diplomáticas con Israel. El Gobierno debe navegar entre estos escollos mientras intenta sumar apoyos que parecen cada vez más improbables.

En palabras del portavoz socialista Patxi López, el PSOE está “dispuesto a pelearse” con todos los grupos para lograr sacar adelante los Presupuestos. Sin embargo, detrás del optimismo oficial subyace una negociación que apenas ha comenzado y que enfrenta obstáculos estructurales, donde incluso los contactos informales se mantienen bajo mínimos.

El pulso con el poder judicial y la institucionalidad

Si algo caracteriza este inicio de curso es la renovada guerra entre el Gobierno y el poder judicial. Sánchez defiende públicamente la permanencia de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General pese a su imputación por revelación de secretos, asegurando que “puede ejercer su función mientras se sienta en el banquillo” y reiterando su fe en la inocencia del fiscal. Este posicionamiento ha avivado el debate sobre la independencia judicial y ha tensado aún más las relaciones institucionales.

El presidente también ha aprovechado para lanzar dardos contra las administraciones autonómicas del PP, acusándolas de falta de coordinación ante emergencias como los incendios forestales. Así, se refuerza una narrativa de conflicto institucional que sirve para movilizar a los propios pero alimenta la crispación política nacional.

Jornada laboral: promesas sin consenso

No solo los Presupuestos están en juego. La reducción de la jornada laboral semanal a 37,5 horas es otro caballo de batalla del Ejecutivo. La medida forma parte del paquete social con el que Sánchez intenta marcar perfil progresista, pero tampoco cuenta con un consenso claro entre sus socios ni entre las fuerzas parlamentarias. La negociación sobre este punto avanza lentamente, arrastrando debates sobre productividad, impacto económico e intereses empresariales.

Trinchera parlamentaria y derrotas asumidas

El Gobierno no oculta que prepara su “trinchera” ante un curso lleno de posibles derrotas parlamentarias. El propio Sánchez asume que muchas iniciativas llegarán al Congreso sin apoyos garantizados; eso sí, confía en su capacidad negociadora para salvar proyectos clave “en el último minuto”, una táctica que ya ha demostrado ser eficaz pero agotadora para el Ejecutivo.

En este clima, Puigdemont advierte desde Cataluña: “En otoño quizá pasarán cosas que no han pasado hasta ahora”, dejando claro que el apoyo a Sánchez está sometido a revisión constante. Este pulso permanente añade incertidumbre a cada votación relevante.

Legislatura sin cuentas: ¿avance o estancamiento?

La posibilidad real de afrontar una legislatura sin nuevos presupuestos pone sobre la mesa un debate fundamental sobre gobernabilidad y legitimidad democrática. Algunos analistas consideran que prorrogar cuentas es ya una tradición española cuando no se logran consensos parlamentarios sólidos; otros advierten que esta práctica erosiona la capacidad del Ejecutivo para implementar políticas nuevas o responder eficazmente a retos emergentes.

La fragmentación parlamentaria complica cualquier iniciativa relevante. Los partidos situados en los extremos del arco político (Junts y Podemos) exigen gestos contundentes para mantener su narrativa ante sus bases electorales. En este contexto, las amenazas de bloqueo se convierten en moneda común.

Curiosidades y datos llamativos

• Los presupuestos vigentes han batido récords de longevidad desde 1978.
• Sánchez mantuvo reuniones discretas con Keir Starmer en Londres mientras negociaba cambios históricos en Gibraltar.
• Junts cuantifica sus exigencias presupuestarias en cifras superiores al presupuesto anual del Ministerio de Defensa.
• El pulso entre Moncloa y el poder judicial ha llevado incluso a debates sobre si un fiscal puede ejercer funciones estando imputado.
• Cada año sin nuevos presupuestos supone un ejercicio extra para los ministerios: deben adaptar partidas heredadas a problemas nuevos.
• El debate sobre jornada laboral ha provocado insólitos pactos cruzados entre sindicatos mayoritarios y patronales regionales.
• En las últimas semanas se ha popularizado entre diputados una frase: “Este otoño será más largo que un invierno ruso”.