El cerco del juez Peinado a Begoña crispa a Sánchez y dispara los ataques del Gobierno Frankenstein a la Justicia

«Mi mujer y mi hermano son inocentes”.

Con su habitual caradura, en el marco de la Asamblea General de la ONU y en un tono entre la queja y la reprimenda, Pedro Sánchez -que lleva en la agenda Gaza pero al que el procesamiento de su mujer rompió el programa- se anticipó a las preguntas de la prensa que iban a ir de corrupción y parientes.

«La verdad acabará imponiéndose«, afirmó con vehemencia, insistiendo en que tanto su esposa como su hermano son inocentes.

No se limitó a defenderlos; fue más allá, lanzando un dardo a los medios por lo que considera una cobertura sensacionalista: «Espero que cuando la Justicia hable, tenga la misma repercusión que las acusaciones de ahora».

Están de los nervios.

Porque en el fondo, tanto Sánchez como su cuadrilla confiaban en controlar el relato y en que al final, bajo la inclemente presión oficial y las andandas mediáticas de la Brunete Pedrete, los jueces iban a doblar la rodilla.

No ha sido así y se nota.

Cuando todo parecía indicar que el curso político iba a tomar un respiro tras las vacaciones, la realidad ha dado un giro inesperado.

El juez Juan Carlos Peinado ha tomado una decisión determinante al comunicar a Begoña Gómez, esposa del amo del PSOE, que se enfrentará a un juicio por malversación, ante un jurado popular, nada menos.

Esta medida, que tiene un peso simbólico y jurídico considerable, ha encendido las alarmas en el Ejecutivo, que ha reaccionado de forma inmediata y contundente: los líderes socialistas acusan abiertamente a la Justicia de estar movida por intereses políticos y cuestionan la imparcialidad de los tribunales.

La “Brunete Pedrete” y el relato oficial: victimismo y negación

Desde el primer momento, el Gobierno y sus aliados mediáticos —la conocida “Brunete Pedrete”— han sostenido una idea clara: el único error de Begoña Gómez es ser la esposa del presidente. Esta retórica se repite también en relación al caso de su hermano, David Azagra, quien se encuentra procesado por delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Esta estrategia, que navega entre el victimismo y la negación, choca frontalmente con los hechos judiciales: la causa contra Gómez lleva ya 17 meses de instrucción, con cinco delitos distintos en juego y cuatro comparecencias ante el juez.

Además, aquella famosa carta que Sánchez dirigió a la ciudadanía el 24 de abril de 2024, donde negaba rotundamente la existencia de un “caso Begoña”, ha perdido todo su brillo. Hoy se relee con cierta ironía, ya que mientras el presidente pedía confianza, la Justicia seguía acumulando diligencias e interrogando a asesores, incluyendo a Gómez misma en sus citaciones.

La instrucción, los delitos y el efecto dominó en la familia Sánchez

• Begoña Gómez enfrenta un presunto delito de malversación de caudales públicos. Según sostiene el juez, Moncloa le asignó una asesora pagada con dinero público para actividades privadas. Este hecho habría sido gestionado desde la secretaría general de la Presidencia bajo dos responsables diferentes: Félix Bolaños y Francisco Martín.
• La causa ha tomado un nuevo rumbo al convertirse en procedimiento para un jurado popular. Esto implica una mayor exposición pública y un componente político innegable. Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, deberán comparecer el sábado 27 de septiembre para conocer su futuro inmediato. La investigación ya acumula más de 9.000 folios, 19 tomos y una treintena de testigos junto con declaraciones de altos cargos, incluido el propio presidente.
• Por su parte, David Azagra (el hermano pequeño de Sánchez) también tendrá que rendir cuentas ante la justicia. Está formalmente acusado de haberse beneficiado indebidamente de una plaza pública creada «a medida» en la Diputación de Badajoz mediante presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Este proceso afecta además a otros diez acusados, entre ellos Miguel Ángel Gallardo, líder socialista extremeño.
• En ambos casos, las defensas argumentan que no hay indicios criminales sólidos; sin embargo, la Fiscalía ha solicitado archivar algunas causas sin éxito hasta ahora.

El Gobierno: de la negación a la ofensiva, pasando por el victimismo

La respuesta del Ejecutivo no se ha hecho esperar. El relato oficial se articula en torno a tres ejes:

• Negación del caso: Tanto Pedro Sánchez como sus ministros sostienen que no existe delito alguno y denuncian lo que consideran una “caza de brujas” judicial motivada políticamente.
• Defensa cerrada de la familia: Se enfatiza que tanto Begoña Gómez como David Azagra son víctimas por ser parientes del presidente. Esta idea ha sido repetida por los portavoces del llamado “Gobierno Frankenstein” y amplificada por medios afines.
• Ataques directos a la Justicia: El Gobierno acusa a ciertos jueces de actuar con parcialidad e intereses espurios. Esto ha provocado una respuesta contundente por parte de asociaciones judiciales que defienden su independencia y advierten sobre los riesgos que supone desprestigiar al poder judicial ante la ciudadanía.

En este escenario tenso, aquella carta dirigida por Sánchez queda como un testimonio incómodo. Lo que fue presentado como un acto de transparencia hoy se percibe como una maniobra distractora frente a una instrucción judicial cada vez más sólida.