El socialista Torres, que estaba entregado a la trama corrupta, infló en medio millón el coste de las mascarillas minutos después de contratarlas

La única incógnita es si se llevó una pasta o si se puso a cuatro patas ante Koldo, Aldama y compinches porque se lo ordenó Pedro Sánchez.

Pero que Ángel Víctor Torres estuvo metido hasta las cachas en el turbio affire no ofrece duda alguna.

En el vibrante escenario de la política española, pocas tramas son tan intrigantes como la relacionada con las mascarillas en Canarias durante la gestión de Torres.

Lo que comenzó como una compra urgente en medio de la pandemia se transformó en un auténtico thriller administrativo repleto de sorpresas: dos contratos formalizados con solo 48 minutos de diferencia y un sobrecoste que asciende a 447.000 euros.

Este movimiento, a simple vista inofensivo, permitió que una red de intermediarios vinculada a Víctor de Aldama, bajo el respaldo del entonces asesor ministerial Koldo García, se beneficiara con un extra considerable.

La rapidez del procedimiento fue tal que, según documentos internos, el Servicio Canario de Salud formalizó la compra antes incluso de recibir la oferta con las condiciones específicas del proveedor.

La segunda versión del contrato introducía un concepto inédito: el pago separado por los fletes aéreos.

Esta práctica, nunca antes utilizada, despertó suspicacias entre los funcionarios, ya que habitualmente estos gastos se incluían en el precio total, lo que generó malestar dentro de la administración canaria.

La UCO y el suministro previo a la adjudicación

El relato se complica aún más cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil confirma que la empresa beneficiaria entregó mascarillas a la administración de Torres incluso antes de que se adjudicaran oficialmente los contratos. Los investigadores han analizado numerosos mensajes y documentos que evidencian cómo el material sanitario llegó a las islas mientras aún se negociaban los detalles legales del acuerdo. Esta secuencia no solo es poco convencional, sino que sugiere una confianza inusitada entre los intermediarios y la administración pública, respaldada por la intervención directa de altos cargos.

El informe elaborado por la UCO, con casi 400 páginas, detalla las conversaciones entre Torres, Koldo García y los empresarios involucrados. Se deja claro que el actual ministro estaba al tanto de todos los pormenores, incluidos pagos y condiciones del suministro. La trama no se limitó a Canarias; también operó en Baleares, donde se evidenció que las mascarillas fueron entregadas antes de formalizar los contratos y sin los documentos legales requeridos.

El papel de Torres: mediación, facilidades y refinerías

El rol de Ángel Víctor Torres no se restringió únicamente a supervisar los contratos. Investigaciones recientes indican que el entonces presidente canario ofreció «un sinfín de facilidades» para facilitar la instalación de una refinería petrolera con capital chavista en Canarias. Todo esto sucedió en plena pandemia y bajo el pretexto de atraer inversiones. Esta disposición para allanar el camino a empresarios vinculados al escándalo mascarellero ha sido interpretada por analistas políticos como un claro ejemplo de cómo el poder autonómico puede ser permeable ante intereses privados con conexiones internacionales.

Las grabaciones y mensajes interceptados por la Guardia Civil muestran a Torres como un actor clave en resolver los pagos atrasados a la empresa de Aldama. Su intervención fue crucial cuando dicha compañía amenazó con denunciar al Ejecutivo insular por falta de pago. Solo entonces mostró interés en desbloquear la situación, según fuentes cercanas al caso.

Consecuencias políticas y administrativas

Este episodio ha reavivado el debate sobre cómo se gestionaron los fondos públicos durante la pandemia y acerca de la falta de transparencia en las contrataciones relacionadas con material sanitario. A pesar del optimismo público expresado por Torres tras señalar que el informe de la UCO no hallaba «indicios de criminalidad» en su actuación, tanto la opinión pública como sus críticos sostienen que la velocidad con que se formalizó —y reformalizó— el contrato, junto al elevado sobrecoste, requiere una explicación más convincente.

Algunos funcionarios del Servicio Canario de Salud han manifestado su descontento por tener que asumir costos adicionales por transporte, algo inusual en compras anteriores. Además, varias mascarillas suministradas resultaron defectuosas, lo que añade un nuevo nivel absurdo a esta operación. El escándalo ha crecido tanto que actualmente se investiga qué ocurrió con más de un millón de euros destinados a estas mascarillas, ya que terminaron en manos vinculadas a esta trama presuntamente para pagar comisiones.

El contexto: contratos exprés y redes de intermediación

La gestión relacionada con los contratos para adquirir mascarillas durante la pandemia se convirtió en un terreno fértil para intermediarios y empresas recién llegadas al sector sanitario. Las adjudicaciones urgentes pensadas para acelerar compras críticas abrieron oportunidades para realizar operaciones con escasos controles y precios inflados. En Canarias, gracias a la intervención de la UCO se ha puesto al descubierto cómo esta presión por obtener suministros permitió formalizar contratos con condiciones poco claras y modificarlos sobre la marcha para beneficiar a una red bien conectada de comisionistas.

No es un caso aislado: otras comunidades autónomas como Baleares también vivieron situaciones similares donde las entregas precedieron a las firmas contractuales y cuyos precios resultaron ser significativamente superiores al mercado. La Fiscalía Europea mantiene abiertas múltiples investigaciones sobre delitos relacionados con malversación, prevaricación y tráfico de influencias durante las compras realizadas durante este periodo.

Curiosidades y detalles llamativos

• El contrato para las mascarillas en Canarias fue formalizado dos veces en menos de una hora; un récord administrativo difícilmente recordado por veteranos del sector.
• Parte del dinero relacionado con las mascarillas terminó celebrándose entre beneficiarios con un «abre el vino», según mensajes interceptados por la Guardia Civil.
• La propuesta para establecer una refinería chavista en Canarias recibió apoyo activo por parte de Torres, quien incluso ofreció mediar directamente en este proceso.
• La red intermediaria también actuó en otras comunidades autónomas bajo prácticas similares como entregar material antes del contrato o emitir facturas proforma sin validez legal.
• En algunos casos, las mascarillas adquiridas resultaron ser inservibles quedando almacenadas como stock mientras otros lugares sufrían escasez crítica.

En este tablero político donde los movimientos veloces suelen asociarse a eficacia, lo sucedido con las mascarillas canarias demuestra que muchas veces esa rapidez solo sirve para aumentar incógnitas y sumar ceros adicionales a las facturas.