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Operativo judicial en Madrid y Bilbao tras el último informe de la UCO

El Supremo investiga las mordidas del PSOE y sitúa a Acciona como ‘penitente’ en el núcleo del caso Cerdán

El Tribunal Supremo ordena registrar las oficinas de Acciona tras el reciente informe de la UCO sobre las mordidas del PSOE en la obra pública y la implicación de Santos Cerdán

Periodista Digital 15 Nov 2025 - 07:27 CET
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El viernes 14 de noviembre de 2025 comenzó con una actividad inusual en las oficinas de Acciona en Madrid y Bilbao.

Las mochilas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no estaban llenas de bocadillos: contenían requerimientos judiciales, órdenes de registro y la determinación de hallar pruebas sobre un entramado de mordidas por obra pública que, según el último informe policial, tenía al PSOE como principal beneficiario y a la constructora de los Entrecanales en el rol de ‘penitente’.

Esta operación se lleva a cabo tras la última remesa de datos incautados por la UCO a Servinabar, una empresa navarra que actuaba como intermediaria en una red de adjudicaciones sospechosas.

El juez Leopoldo Puente, encargado del caso en el Tribunal Supremo, no ha pasado por alto ningún detalle tras recibir el nuevo atestado, que señala claramente a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, como el personaje clave en el reparto de comisiones y cobros indebidos a empresas favorecidas por adjudicaciones públicas.

El mapa de la investigación: desde Navarra a toda España

La trama presenta un recorrido que va desde Navarra, donde supuestamente comenzó su andadura, hasta otras regiones del país, especialmente después del nombramiento de José Luis Ábalos como titular del Ministerio de Transportes por parte de Pedro Sánchez.

Según el instructor del Supremo, esta expansión fue rápida, con los tentáculos del grupo alcanzando adjudicaciones en ciudades como Sevilla, Logroño, Sant Feliu de Llobregat y Murcia.

En este contexto, el juez Puente ha definido con precisión milimétrica la función desempeñada por Cerdán: “La persona encargada de realizar los cobros indebidos a las empresas favorecidas”.

Una vez que se obtenían las mordidas, los pagos eran repartidos y llegaban, al menos, hasta Koldo García (exasesor de Ábalos) y al propio exministro, quienes exigían sus comisiones directamente a Cerdán.

El magistrado ha enfatizado que el exdirigente socialista “tenía conocimiento inequívoco del monto total de los pagos indebidos relacionados con cada una de las obras adjudicadas, así como del procedimiento específico mediante el cual la adjudicataria satisfacía las comisiones o premios acordados”.

Acciona, el ‘penitente’ y la vía de las UTE

El nuevo informe policial coloca a Acciona en el centro del escándalo, sobre todo por su participación en Uniones Temporales de Empresas (UTE) junto a otras compañías más pequeñas como Servinabar. Los investigadores indican que la firma nunca presentó “la mejor oferta económica”, pero siempre era favorecida en las licitaciones gracias a criterios subjetivos. Esto condujo a adjudicaciones cuestionadas y al consiguiente pago de comisiones a la red vinculada al PSOE.

Entre las adjudicaciones más relevantes se encuentra la ampliación del Puente del Centenario en Sevilla, un proyecto valorado en más de 86 millones de euros concedido a una UTE compuesta por Acciona, Tecade y Freissynet. La UCO sostiene que esta adjudicación fue producto de presiones ejercidas por Santos Cerdán, generando beneficios económicos para Ábalos y su círculo cercano. De hecho, la reforma de los túneles navarros de Belate, otorgada a una UTE entre Acciona y Servinabar, aparece mencionada como uno de los núcleos centrales en torno a las presuntas mordidas.

Cooperativas y triangulación: Noran y Erkolan

El operativo llevado a cabo por la UCO no se limitó únicamente a las sedes de Acciona. En San Sebastián también se registraron las cooperativas Noran y Erkolan, supuestamente utilizadas por uno de los hombres clave para triangular pagos e incluso colocar a su hermana, Belén Cerdán. Según avanza la investigación, estas cooperativas habrían facturado importantes cantidades a Servinabar, contribuyendo así al velo opaco que cubría estas transacciones y al reparto ilícito entre los miembros involucrados.

Un dato curioso es que durante el registro realizado en Servinabar se halló un documento interno donde se indicaba que Cerdán controlaba el 45% de dicha empresa; sin embargo, él ha negado su validez ante el juez alegando que era parte de un proyecto para retirarse políticamente en 2015 que nunca llegó a ejecutarse.

Implicaciones para los directivos de Acciona

La constructora, perteneciente al Ibex 35, ha tomado medidas drásticas tras conocerse los informes emitidos por la UCO. El despido inmediato de Justo Vicente Pelegrini, responsable del área Constructiva en España, ocurrió tras ver su nombre asociado con esta causa judicial y con grabaciones realizadas por Koldo García. Por otro lado, Fernando Merino, exresponsable proyectual para Navarra y La Rioja, enfrenta cargos por canalizar presuntamente mordidas para esta red con un monto total que asciende hasta 620.000 euros.

Los registros han tenido un efecto inmediato sobre la cotización bursátil de Acciona. La compañía experimentó un descenso cercano al 8% en el valor finalizado sus acciones al cierre del mercado.

El Supremo y lo que está por venir

La instrucción sigue bajo secreto judicial; sin embargo, tanto las diligencias llevadas a cabo por el Supremo como por la UCO han dejado claro que se trata de una estructura organizada con ramificaciones nacionales donde los cobros irregulares se distribuyen entre figuras clave tanto políticas como empresariales.

El juez Puente ha ordenado recopilar documentación física y digital relacionada con diversas adjudicaciones sospechosas mientras continúan las investigaciones para confirmar las comisiones recibidas por Cerdán, quien permanece bajo prisión preventiva en Soto del Real.

En definitiva, parece claro que algunos han interpretado lo referente a “comisiones” con un sentido demasiado literal dentro del ámbito público.

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