La cárcel se cierne sobre Ábalos y Koldo García ante el riesgo de que se fuguen por las penas tan altas que piden para ellos

En los pasillos del Tribunal Supremo, se percibe un ambiente inusualmente tenso.

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y su antiguo asesor, Koldo García, se enfrentan a un destino que, hasta hace poco, parecía reservado para los villanos más notorios de la política.

Este jueves, el juez Leopoldo Puente llevará a cabo una vista crucial para determinar si ambos deben ser ingresados en prisión provisional debido al riesgo de fuga, una posibilidad que, según ha señalado el propio instructor, ha ido aumentando a medida que se acerca el juicio oral por el conocido caso Koldo.

Hasta ahora, Ábalos y García han logrado evitar la prisión mediante medidas cautelares menos severas: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse en el juzgado dos veces al mes.

Sin embargo, la inminencia del juicio y las severas penas solicitadas han intensificado la presión por parte de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares, encabezadas por el PP.

No se trata aquí de una trama cinematográfica; es más bien un relato anticipado donde el riesgo de fuga se ha convertido en el argumento central para reconsiderar la libertad de los implicados.

Penas récord y acusaciones contundentes

El panorama judicial para el exministro y su mano derecha es desalentador. La Fiscalía reclama 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para García. Las acusaciones populares han elevado aún más las demandas, pidiendo hasta 30 años de cárcel para cada uno. Una cifra que marca un récord en la historia democrática reciente para políticos en activo. Los delitos que les imputan incluyen:

• Pertenencia a organización criminal
• Cohecho
• Tráfico de influencias
• Malversación de caudales públicos
• Uso de información privilegiada
• Falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa (según las acusaciones populares)

La Fiscalía describe en su escrito un «convenio criminal» entre Ábalos, García y Víctor de Aldama —el supuesto intermediario del entramado— que operó en el corazón de la gestión de contratos millonarios relacionados con material sanitario durante los momentos más críticos de la pandemia. El relato incluye alegaciones sobre sobornos, pagos en efectivo y el uso indebido de influencias ministeriales para favorecer a determinadas empresas.

El argumento del riesgo de fuga y el debate sobre la prisión provisional

El riesgo de fuga ha pasado a ser el eje central del debate. El juez Puente ya advirtió en octubre que la proximidad del juicio y el fortalecimiento de las pruebas hacían “creciente” esta posibilidad. Hasta ahora, las restricciones impuestas a Ábalos y García se consideraban suficientes; sin embargo, ahora todo ha cambiado drásticamente:

• El temor a que los acusados intenten evadir a la justicia crece conforme se aproxima la fecha del juicio y ante las perspectivas de condenas tan elevadas.
• Las acusaciones sostienen que la prisión provisional es “idónea, necesaria y proporcionada” ante esta situación.
• El Ministerio Público ha solicitado llevar a cabo la vista aunque no ha aclarado si pedirá directamente su ingreso en prisión o medidas intermedias como una fianza reforzada o aumentar las comparecencias judiciales.

Es importante recordar que la prisión provisional no es un castigo anticipado; se trata más bien de una medida cautelar destinada a evitar fugas o destrucción de pruebas. El propio juez ha subrayado que debe sopesarse tanto el impacto en los derechos fundamentales de los investigados como también garantizar un correcto desarrollo del proceso penal.

Un caso con repercusiones políticas y sociales

El caso Koldo ha puesto patas arriba los cimientos de la política española, no solo por quienes están implicados sino también por el contexto en que presuntamente ocurrieron los hechos: la urgente compra de mascarillas durante la pandemia. Este escándalo ha tenido resonancia mediática y social, avivando debates sobre la integridad institucional y cómo responde el Gobierno frente a situaciones corruptas.

Algunos datos ilustran claramente la magnitud del caso:

• Según una encuesta realizada por Invymark, un 61,8% de los encuestados considera insuficiente la respuesta del presidente Pedro Sánchez ante este escándalo.
• La trama habría cobrado comisiones cercanas al 2% por contratos amañados, acumulando alrededor de siete millones de euros.
• Víctor de Aldama, empresario colaborador con la Fiscalía, enfrenta una solicitud de siete años tras mostrar actitud cooperativa.

Además, esta vista del jueves será observada atentamente no solo por quienes rodean a los acusados sino también por otros implicados como Santos Cerdán, cuya situación judicial podría verse influenciada por lo que decidan respecto al caso Ábalos-García.

¿Últimos días en libertad para Ábalos y Koldo?

La expectación es palpable ante lo que podría ser su último fin de semana en libertad. El juez tiene varias opciones: puede optar por su ingreso inmediato en prisión o imponer nuevas condiciones para mantenerles libres bajo fianza o endurecer sus obligaciones judiciales. Si finalmente se decide por prisión provisional, lo más probable es que sean trasladados al centro penitenciario Soto del Real, donde ya cumplen condena otros implicados en casos similares.

El proceso está avanzando en dos piezas separadas: una avanzada relacionada con las mascarillas; otra aún incipiente sobre amaños en obras públicas que salpican a otros altos cargos. La decisión que tome este jueves marcará un hito importante en la lucha contra la corrupción institucional e influirá sobre cómo se aplican las medidas cautelares en casos políticos destacados.