Barcelona, capital española del crimen

Es la segunda ciudad de España por población. Pero durante muchos años, fue la primera por su modernidad, vanguardismo y apertura permanente a Europa.

Nada queda ya de esa grandiosa Barcelona que enamoró al mundo con unos de los mejores Juegos Olímpicos que se recuerdan -los de 1992- y con la renovación de toda la ciudad llevada a cabo para la Olimpiada y que la convirtió en el mejor escaparate de España.

Hoy Barcelona se encuentra atrapada en una paradoja inquietante que ilustra el estado de la seguridad en España. Según los datos del Ministerio del Interior, el primer semestre de 2025 ha visto una caída del 6,6% en la criminalidad convencional, con 83.913 casos registrados frente a los 89.813 del mismo periodo en 2024. Sin embargo, esta cifra aparentemente positiva oculta una realidad más alarmante: la ciudad condal se ha convertido en la capital española de la delincuencia violenta, robos y agresiones sexuales. Mientras algunos indicadores parecen mejorar, otros se desploman, creando un panorama delictivo fragmentado donde las estadísticas engañan y los ciudadanos perciben que viven en una urbe asediada.

Los barceloneses soportan una media de 316 robos y hurtos cada día, lo que se traduce en un robo cada cinco minutos. Durante 2024, Barcelona contabilizó 37.890 robos y hurtos solo en el municipio; si ampliamos el análisis a toda la provincia, esa cifra asciende a 125.519 casos anuales. Estos números sitúan a Barcelona muy por encima de cualquier otra ciudad española en términos de delitos patrimoniales, con una tasa de criminalidad de 4.929 delitos por cada 100.000 habitantes, solo superada por localidades específicas como El Prat, cuya cifra de 8.603 está relacionada con el tráfico de pasajeros del aeropuerto. La cruda realidad es que mientras los políticos celebran descensos porcentuales, los barceloneses habitan una ciudad donde las probabilidades de ser víctima de un delito patrimonial son notablemente superiores al resto del país.

El drama de las agresiones sexuales y el tráfico de drogas

Si ya es preocupante la situación con los robos, los delitos sexuales revelan una crisis aún más grave. En el primer semestre de 2025, las agresiones sexuales aumentaron un alarmante 19,3%, alcanzando los 698 casos; mientras que las agresiones sexuales con penetración se incrementaron un preocupante 22,5%, pasando de 200 a 245 casos. Este aumento no es simplemente una anomalía estadística sino una tendencia consolidada: durante 2024 se registraron 1.129 agresiones o abusos sexuales en Barcelona, un 2% más que en 2023, que también había mostrado un incremento del 25% respecto a 2022. Los datos hasta abril de 2025 ya contabilizan otros 359 casos, confirmando que nos enfrentamos a un fenómeno en expansión.

El tráfico de drogas también ha crecido desmesuradamente. En dicho primer semestre de 2025, los delitos relacionados con la comercialización ilegal de estupefacientes aumentaron un notable 26,3%, alcanzando así los 1.210 casos. Este aumento refleja cómo Barcelona se ha consolidado como un nodo crucial dentro de las redes para distribución de drogas, tanto para consumo local como para su tránsito hacia otras ciudades europeas. La combinación entre el aumento de delincuencia sexual y narcotráfico descontrolado dibuja un escenario donde ciertos delitos graves no solo persisten sino que crecen sin cesar, a pesar de los esfuerzos policiales.

La plaga silenciosa: ocupaciones ilegales cada seis horas

Si ya eran preocupantes los delitos convencionales y las agresiones sexuales, la okupación ilegal representa una crisis casi inmanejable. Barcelona registra una ocupación ilegal cada seis horas; este ritmo constante ha caracterizado tanto a 2024 como al inicio de este nuevo año. En el pasado año se okuparon unas 1.460 viviendas en la capital catalana, lo que supone un aumento del 7% respecto a los casos registrados en 2023 (1.366). En comparación con los datos de 2022 (1.380), queda claro que esta tendencia al alza es persistente.

Aunque las cifras oficiales reflejan menos denuncias formales —805 denuncias en total durante 2024— lo cierto es que alrededor del 80% de las okupaciones afectan a inmuebles vacíos pertenecientes a grandes propietarios o fondos de inversión, lo que complica enormemente presentar denuncias efectivas. Entre enero y octubre de este año ya se han registrado unos 1.713 intentos ilegales de acceso a viviendas; apenas seis menos que durante el mismo periodo del año anterior; esto indica que aunque la acción policial y la conciencia entre propietarios limitan algunas ocupaciones efectivas, el interés por apropiarse de viviendas ajenas sigue siendo extraordinariamente alto.

La delincuencia en Barcelona no está repartida equitativamente por toda su geografía. El Barcelonès concentra la mayor cantidad de denuncias por okupación: registra unos impresionantes 1.467 casos por cada 10.000 habitantes; esto representa una disminución del 4,2% respecto al año pasado, pero sigue siendo una cifra extraordinariamente alta. Le sigue el Vallès Occidental, aunque bastante más lejos con sus aproximadamente 761 denuncias; aquí también hubo un incremento notable del 40% respecto al año anterior. Municipios como Mataró, Cunit o Berga superan los veinte casos por cada diez mil habitantes; otras capitales catalanas como Gerona llegan hasta los veintiuno coma siete casos y localidades como Palafrugell o Salt superan incluso los treinta y cinco casos por cada diez mil habitantes.

A nivel nacional, Barcelona provincia aglutina el asombroso porcentaje del 30,9% del total español en ocupaciones ilegales; esto representa unos impresionantes cinco mil setenta y siete casos durante todo el año pasado; lo cual equivale a un incremento del diez por ciento respecto a lo registrado en dos mil veintitrés. Esta concentración no es fruto del azar sino resultado directo de factores estructurales: viviendas no habitadas, débil respuesta institucional ante estas situaciones complejas y procedimientos judiciales lentos; además hay una percepción generalizada sobre impunidad que ha convertido la okupación en un negocio lucrativo para organizaciones criminales que operan con relativa libertad.

Reformas legislativas que llegan tarde

En abril de 2025 entró en vigor una nueva legislación destinada a abordar la ocupación ilegal con cambios significativos en su combate. Se aprobaron acuerdos clave desde la Audiencia Provincial de Barcelona, incluyendo desalojos exprés en cuarenta y ocho horas para inmuebles destinados a residencia habitual o segunda vivienda. Esta normativa permite además a los ayuntamientos iniciar procesos judiciales para desalojar okupas conflictivos cuando afecta propiedades pertenecientes a grandes tenedores; autoriza también acciones administrativas ante ocupaciones generadoras alteraciones importantes para la convivencia vecinal e impone sanciones para grandes propietarios que no actúen contra estos hechos ilícitos; estas sanciones pueden variar desde multas entre nueve mil uno hasta noventa mil euros e incluso adquirir temporalmente su uso durante siete años por parte del ayuntamiento.

Sin embargo hay voces expertas que advierten sobre lo tardío estas reformas llegan al escenario actual. La abogada especializada en derecho inmobiliario Arantxa Goenaga señala: «la okupación sigue siendo un gran negocio aquí porque persiste esa sensación generalizada sobre impunidad hacia este delito donde el propietario pierde su propiedad teniendo que recurrir a vías civiles dado que no hay desalojo inmediato». Por su parte el abogado y criminólogo Pablo de Palacio advierte sobre cómo «los Juzgados están saturados» ante este tipo específico delito; algo bien conocido por muchos propietarios quienes deciden retirar sus inmuebles del mercado alquiler aumentando así escasez oferta vivienda asequible y encareciendo precios.